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Casi un centenar de funcionarios judiciales asistieron en Rosario al Programa Argentino de Capacitación para la implementación de la Reforma Procesal Penal, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. El evento fue inaugurado por el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luciano Hazan, el Director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Cejas), Jaime Arellano y, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta

El Programa tiene como objetivo acompañar el proceso de reforma iniciado a nivel federal y de capacitar a los distintos actores del sistema de Justicia Penal. Los asistentes al Programa provenían de 14 provincias y el encuentro tuvo lugar en la Facultad de Derecho de Rosario. La apertura estuvo a cargo de Erbetta, que agradeció al Ministerio de Justicia de la Nación por haber elegido a Rosario para la capacitación, una ciudad que hasta hace poco más de un año tuvo el sistema judicial más atrasado de Latinoamérica, que se modificó el 10 de febrero de 2014 y que ha mostrado buenos resultados.

“La cuestión del sistema judicial es probablemente la cuestión central de la política argentina. No sólo por cuestiones de coyuntura, sino porque a través de distintas demandas sociales se golpea a diario la puerta de los Tribunales. Y en este contexto de cada vez mayor protagonismo de la justicia en la vida colectiva”, sostuvo Erbetta.

“Se ha instalado un debate sobre la justicia y su reforma, la llamada democratización de la justicia, como ocurría en los albores de la democracia recuperada de Raúl Alfonsín. Pero ese debate cayó pronto en un pozo y en los 90 ni se discutió. Es un debate necesario que tenemos que dar con toda la ciudadanía porque no podemos  pensar que lo vamos a dar solo nosotros  somos los habilitados para hablar del tema”, sostuvo el ministro de la Corte e instó a la creación de una agenda para una justicia democrática que permita analizar las reformas organizativas y normativas “para alcanzar nuestros objetivos con un sistema de justicia compatible con la Constitución Nacional”.

Luciano Hazan, por su parte, destacó la cantidad de personas que asistían al programa, y lamentó que un número similar quedó sin poder ingresar por falta de cupos, lo que deja en claro el interés que está generando la reforma.  Es que este año la capacitación contó con 80 alumnos entre jueces, fiscales y defensores de la justicia nacional y federal, y, funcionarios de la Procuración y de la Defensoría General de la Nación.

Hazan también subrayó el carácter federal de la propuesta lo que permite analizar las diferentes realidades. “La riqueza es poder sentarse en grupo y ver la historia que está viviendo cada uno, la historia que vivió en los últimos años”, dijo.Y señaló que se está en una etapa de “profundización del sistema acusatorio, donde se empieza a hablar de gestión, lo que genera muchos miedos”.

“El curso se hace en lugares del país donde la reforma se está implementando, donde posiblemente se encuentren con un sistema que no es perfecto, pero es enriquecedor, se ven las audiencias orales, generan cambios culturales si se cumplen con los propósitos de la normas”. En ese sentido, está previsto la visita a los Tribunales y a las salas de audiencias de Rosario, donde desde hace poco más de un año se lleva adelante el nuevo sistema penal que generó un fuerte papel del Ministerio Público de la Acusación, que  es quien tiene a su cargo la investigación y que ha transformado el proceso penal en un sistema de audiencias.

Por su parte, Jaime Arellano recordó que desde Cejas acompañaron los procesos de reforma de la justicia en toda Latinoamérica. Y citó como ejemplo el caso chileno que mutó desde un sistema totalmente inquisitivo, donde la investigación, la acusación y la condena dependían de juez, a un sistema democrático de justicia. Y puso énfasis sobre la necesidad de la capacitación de los actores del sistema judicial para llegar a una reforma exitosa del sistema.

La implementación del nuevo sistema de justicia penal, representa a partir de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, uno de los desafíos más importantes para la Justicia Nacional, y Federal en el país. La experiencia regional, demuestra que los procesos de transformación de los sistemas de justicia penal, además de exigir cambios normativos imprescindibles, requieren de políticas de implementación capaces de establecer una nueva forma de trabajo.

Por ese motivo, la capacitación de los actores que llevarán adelante el proceso de transformación resulta imprescindible, para migrar exitosamente la dinámica del procedimiento actual a un modelo de corte acusatorio y adversarial.

El Programa se extenderá hasta el 21 de mayo, en una fase e-learning que tendrá lugar desde el 25 de mayo al 25 de octubre y, una última presencial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 3 y el 6 de noviembre del corriente.

ST/LC