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Legisladores, sociólogos, académicos y representantes de organizaciones sociales coincidieron en el grave retroceso en materia de seguridad que se evidenció en Córdoba durante el 2014.  En este sentido, subrayaron la implementación de una política que sólo consiste en ampliar las atribuciones de la Policía para criminalizar y reprimir a los sectores populares.

"En el último año, no solamente no se avanzó, sino que la crisis se profundizó, en virtud de una política basada en una Policía que tiene como único objeto la represión de los sectores más vulnerables, que, además, es ineficiente", aseguró a Télam la legisladora Liliana Montero (Frente Cívico y Social, FCyS).

De acuerdo con la parlamentaria, desde el punto de vista de "la institucionalidad, el error más grave es haber dejado la política de seguridad en manos de la Policía, que, por otra parte, lo único que hace es aplicar con mayor rigor el Código de Faltas, herramienta que no ha servido para disminuir los índices de delito, porque estos han ido en aumento".

En varias ocasiones, el diputado nacional Ernesto Bernabey (Frente para la Victoria) sintetizó: "el gasto del gobierno provincial, destinado a las fuerzas de seguridad, es el que más ha crecido en los últimos años", no obstante lo cual "el delito no se ha reducido ni un poco; al contrario, cada vez hay mayores índices de violencia en la provincia".

"¿Cómo no vamos a tener tales índices (delictivos) si el propio jefe de la Policía -avalado por el gobierno- se permite amenazar a los civiles que cuestionan su labor?", agregó el diputado, en relación a que el jefe de la Policía, el comisario Julio César Suárez, se encuentra imputado por la presunta comisión de amenazas en perjuicio del periodista Dante Leguizamón, de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba.

En la misma dirección, Bernabey esgrimió que "es inaceptable" que el gobernador, José Manuel de la Sota, sostenga al jefe de Policía, pese a que este "amenace con total impunidad a un periodista por denunciar las brutalidades que, en algunos barrios, comete la fuerza que él conduce".

La alusión de Bernabey es a que, en noviembre pasado, el juez de Control Nº 8, Carlos Romero, confirmó la imputación contra Suárez, por la presunta comisión de coacción calificada, por las supuestas amenazas que profirió al periodista Leguizamón el 15 de agosto pasado, cuando este cronicaba un operativo policial en el barrio Los Cortaderos, donde los vecinos denunciaban actos de "violencia institucional y de represión", por parte de los efectivos policiales.

Por su parte, Natalia Bermudez, doctora en Ciencias Sociales y Magister en Antropología, explicó que, en Córdoba, "siguen siendo exitosos los discursos de seguridad que intentan demostrar que el aumento de policías en las calles aseguraría el bienestar y el patrimonio de ciertas clases sociales".

Tras enfatizar que "el Estado cordobés propone para la resolución de los conflictos violencia y abusos policiales", Bermudez instó a adoptar otra mirada, porque "los estudios serios encarados por la UNC, organizaciones de derechos humanos y asociaciones civiles prueban que esas políticas de seguridad tampoco han sido exitosas para bajar los niveles de conflictividad, sino todo lo contrario".

En la misma dirección, Valeria Plaza, investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet), diagnosticó: "esta política de seguridad, cuya herramienta legal central es el Código de Faltas, es muy costosa en términos de recursos humanos y financieros, pero también es costosa en términos de derechos".

La investigadora remarcó que la política que implementa el gobierno de De la Sota "vulnera los derechos humanos de cada vez más amplios sectores al someterlos a un control policial callejero exhaustivo, lo que genera prácticamente ciudadanos de segunda clase", a partir de "un paradigma que tiene una continuidad muy fuerte desde la dictadura (militar), en la formación y en la lógica de los agentes policiales".

"Vivimos en un estado casi policial. La primera herramienta de la que echa manos la Policía es reprimir, lo que implica quitar derechos, en un contexto caracterizado en Córdoba por constantes ajustes, aumento de impuestos y carencia de servicios públicos. La Policía es funcional a ese esquema, que persigue a los jóvenes y a otros sectores considerados, supuestamente, como peligrosos", remarcó Agustín Sposato, del colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos.

A modo de corolario, la legisladora Montero señaló que lo ocurrido el 3 y 4 de diciembre de 2013, cuando la Policía cordobesa se acuarteló en demanda de mejores salariales, lo que posibilitó que hubiera saqueos con más de 1.000 comercios dañados, un muerto y de más de un centenar de heridos ante la falta de seguridad, "pone en el tapete un escenario instalado desde hace décadas".

"Por un lado, en diciembre de 2013 se evidenció el malestar de la ciudadanía contra el hecho de que la única política de seguridad sea la represión de los sectores más vulnerables. Por otra parte, expresó la falta de subordinación y el grado de autonomía que la fuerza policial tiene frente al poder político. Esto, como producto de que, desde el primer gobierno de De la Sota (1999-2007), sólo se empoderó a la Policía, hasta el punto de que ella es la que define la política de seguridad pública", concluyó Montero.