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El sacerdote Justo José Ilarraz está acusado ante la Justicia de haber abusado sexualmente de niños de entre 12 y 14 años. Hoy los siete denunciantes tienen más de 30 años. La Cámara del Crimen de Paraná aceptó el pedido de prescripción que presentó su defensor, Jorge Muñoz, y ahora se espera el fallo del Superior Tribunal de Justicia. En declaraciones a la prensa Muñoz expresó que el cura -que vive en Tucumán- quiere viajar a Paraná a declarar por propia voluntad si se confirma la prescripción. Según su defensor, Ilarraz "quiere contar su verdad, y cuenta en su poder con mucha prueba documental que desacredita todo lo que se ha dicho en su contra”, dijo según reproduce El Diario de Paraná. “Pero ésa es una estrategia que debemos manejar bien con el codefensor. Esto sería una vez que queden en firme las resoluciones. "Es un derecho que tiene. Puede hacer una presentación espontánea, en la que solicita ser oído, y explicar ante el juez las circunstancias de los hechos que se le imputan", señaló.

Ilarraz asumió como prefecto de disciplina del Seminario Menor de Paraná en 1985. Tenía a cargo a unos 200 niños de primer y segundo año. Entre sus tareas estaban el control nocturno de los pabellones. Él era el formador espiritual y tutor de los chicos, y la segunda autoridad de la Arquidiócesis Nuestra Señora del Rosario, de Paraná.

El abogado Miltón Urrutia fue su alumno entre 1989 y 1993, y ahora representa a los denunciantes ante la Justicia. Urrutia explicó a Infojus Noticias que "cuando nuestros padres aceptaban que entráramos al Seminario, quedábamos a su cargo. A nosotros nos educaban en la pobreza y la austeridad, pero Ilarraz le daba privilegios a un grupo de chichos: viajes a Europa, ir a ver partidos de fútbol, regalos. A ellos los visitaba cama por cama".

Después de abusar de los chicos el sacerdote les advertía: si hablaban, perderían su amistad. Cuando los estudiantes pasaban a tercer año quedaban bajo la tutela del otro prefecto de Disciplina, Juan Alberto Puiggari, pero seguían callando lo que habían vívido.

Puiggari es arzobispo de Paraná y fue uno de los instructores de la investigación que inició la Iglesia ante las tres denuncias que se hicieron en 1995. Según informó Urrutia, en el juicio eclesiástico Ilarraz se confesó culpable y, arrodillado, pidió misericordia. El entonces monseñor   Estanislao Karlic elevó un documento parcial de la investigación al Vaticano y lo sancionó con el traslado por tres meses a un monasterio, el cambio de la arquidiócesis y la prohibición de tener contacto con niños.

El sacerdote y abogado canonista Silvio Fariña instruyó la investigación diocesana. Después de terminar su trabajo, reconoció los hechos y pidió misericordia para Ilarraz ante Karlic. Según Urrutia todo el proceso hacia el interior de la Iglesia fue irregular. "Deberían haberlo denunciado ante la Justicia porque en ese momento Ilarraz era funcionario público. Como maestro cobraba parte de su sueldo del ministerio de Educación, lo que lo hace funcionario".

Urrutia contó a Infojus Noticias que durante años los siete denunciantes sostuvieron entrevistas con el arzobispo Puiggari y el monseñor Karlic. Ellos les aseguraban que estaban haciendo trámites para que Ilbarraz dejara de ser sacerdote. Veinte años después se sabe que no hubo un solo movimiento en esa dirección. Mientras tanto, otros eventuales denunciantes fueron visitados por sacerdotes para evitar que hablaran. "En Paraná los curas tienen mucho poder -explica Urrutia-, en la Catedral la jerarquía de la Iglesia venera el cadáver del obispo Adolfo Tortolo, que era confesor de Jorge Rafael Videla".

Existen pericias psicológicas y psiquiátricas que corroboran el relato de los denunciantes. Además en el expediente están las cartas y fotos que Ilarraz les enviaba desde Roma. Según Urrutia algunos de los sacerdotes que hoy dan misa en la provincia también podrían haber sido abusados.

El juez de Instrucción Alejandro Grippo se apoyó en el principio legal del "interés superior del niño" y consideró que los delitos en contra de la integridad sexual de los niños podían considerarse como delitos en contra de los Derechos Humanos. Por eso desestimó el pedido de prescripción que presentó la defensa de Ilarraz.

La Cámara del Crimen, en cambio, toma el momento desde que se cometió el delito para contabilizar el estado de prescripción de los hechos. Urrutia anticipó a Infojus Noticias que de ser ratificado el fallo de la Cámara por el Superior Tribunal de Justicia, llevará el caso a la Corte Suprema de la Nación e incluso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También explicó que el actual arzobispo de Paraná mandó a las víctimas a pedir justicia a Roma. La documentación fue enviada al Papa Francisco y ahora se espera una respuesta diferente a la recibida en las pascuas pasadas, cuando les dijeron que la causa estaba prescripta para la justicia eclesiástica y que desde el Vaticano rezaban por el alma de las víctimas.