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La ley de Política Ambiental de la provincia de Córdoba entró hoy en vigencia con la publicación de la norma en el Boletín Oficial.

La ley sancionada por la Legislatura el 11 de junio incorpora entre los puntos más salientes las audiencias públicas y la consulta popular como requisito a cumplimentar en actividades de alto impacto ambiental.

La ley, rechazada por algunos sectores ambientalistas y respaldada por casi la totalidad de los bloques parlamentarios cuando fue aprobada, complementa los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional General del Ambiente.

Entre ambas legislaciones se pretende la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno.

El texto normativo garantiza la prevalencia de la Ley General del Ambiente de la Nación sobre la normativa provincial y municipal, y consagra la prevención, disponiendo que "las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada" para "prevenir los efectos negativos" sobre el medioambiente.

La ley también determina que "la provincia, los municipios y las comunas son responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos".

El nuevo marco normativo, que surgió a partir del fuerte rechazo social a la radicación de la compañía Monsanto en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, establece la audiencia pública como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental.