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Infojus Noticias

8-9-2014|17:37|Discriminación MendozaProvinciales
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La ley de identidad de género incluye el respeto

Es trans y denuncia bullying: "Atacan porque desconocen"

Antonela Estefanía Arenas cursa el sexto año en una escuela técnica en San Rafael, desde mediados de este año su DNI dice que es mujer. Dijo que está cansada de las discriminaciones que sufre desde que comenzó su transformación. "La violencia sale de la propia institución", dijo.

Por: Matías Máximo

Antonela Estefanía Arenas tiene 19 años y recibió a mediados de año un DNI que concuerda con la identidad "mujer" que eligió para su vida. Cursa el sexto año en una escuela técnica de la ciudad mendocina de San Rafael y esta semana, cansada de las discriminaciones que sufre desde la transformación que inició el año pasado, denunció ante las autoridades escolares ser víctima de "bullying".

“Si bien en mi curso hay algunos que me discriminan, la intolerancia aparece sobre todo en los que no me conocen. Lo peor es que la violencia sale de la institución, porque cuando voy a hacer cualquier actividad diaria me encuentro con insultos y sé que son personas que van a la escuela. Esto se da desde hace un año, cuando decidí empezar mi cambio, lo que se conoce como ‘la transición’”, dijo Antonela a Infojus Noticias.

La ley 26743 de Identidad de Género la empodera a Antonela para decidir cómo llamarse en su documentación, entendiendo que el género tiene que ver con una construcción socio cultural y no está determinado por una razón biológica. A partir de este derecho aparece en los demás una obligación: respetar su decisión y no discriminarla. Pero las cuestiones culturales muchas veces tardan más en ser asimiladas que las leyes.

"Ya sea por prejuicio o discriminación las personas atacan porque desconocen, por eso siento que informar es cambiar el paradigma para que no haya estigmas sociales, ya que San Rafael sigue siendo un pueblo conservador", dijo Antonela, que planea estudiar en la Universidad Tecnológica Nacional Ingeniería en Sistemas o Ingeniería en Computación.

La joven no se llevó nunca materias y tampoco se siente “una alumna sobresaliente", aunque siempre se esforzó en aprobar. Este año quizá le toque rendir algún recuperatorio en diciembre: "Tuve que empezar a trabajar para mantenerme porque mi familia no me apoyó del todo y me fui de mi casa”. Antonela hace mantenimiento de PC, trabajos de electrónica y da clases particulares de materias técnicas a domicilio.

Educar a San Rafael

San Rafael tiene según datos del censo del INDEC 2010 una población de 188 mil habitantes, lo que equivale a tres estadios de River Plate completos. Ser transexual es una ciudad de esas magnitudes es más visible que serlo por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, donde la población radicada supera los 3 millones. Con la sensación de estar en un lugar donde “todos se conocen con todos” Antonela se acercó a la agrupación Amigos por la Igualdad Sur (AXIS), que milita la diversidad sexual en el sur mendocino.

“Con la asociación nos acercamos a la escuela para dialogar y trabajar en talleres de inclusión. En la primera reunión las autoridades se mostraron abiertas, aunque pautamos una segunda reunión y cuando quisimos entrar nos encontramos que teníamos prohibido, como agrupación de diversidad, pisar la escuela”, dijo a Infojus Noticias Lucas Medina, presidente de AXIS. Antonela decidió visibilizar su caso porque siente que a pesar de estar en su último año de estudios “es importante que a todos los chicos homosexuales o transexuales que ingresen en adelante no les pase lo mismo”.

Desde octubre de 2013 la Ley 26892 (para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, más conocida como ley contra el “bullying”), establece que se orienten las acciones de los integrantes de la comunidad educativa hacia el respeto por la vida, los derechos y  responsabilidades de cada persona, la resolución no violenta de los conflictos, el respeto y la aceptación de las diferencias.

Para esto la legislación pide, entre varios de sus incisos, “que se reconozca la competencia de las instituciones educativas para elaborar y revisar periódicamente sus propios códigos o acuerdos de convivencia” y “que se prevea y regule la conformación y funcionamiento de órganos e instancias de participación, diálogo y consulta en relación con la convivencia en las instituciones”.

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