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Un nuevo Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) quedó inaugurado este mediodía en Burzaco, partido Almirante Brown. La encargada de cortar la cinta fue la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, Florencia Carignano, quien dijo sentirse orgullosa de "poner un nuevo granito de arena con esta política pública creada para hacer que la vida de los vecinos sea más fácil".

Junto a Carignano estuvo el candidato a intendente de Almirante Brown por el Frente para la Victoria, Mariano Cascallares, quien destacó la importancia de tener "un Estado presente y cerca de los vecinos".  También participó la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Débora Oliva.

Carignano recordó que el primer acercamiento a Almirante Brown fue en 2013. "Hablamos con los vecinos y escuchamos sus necesidades ", contó y dijo que un año después comenzó a funcionar un CAJ itinerante, que finalmente se estableció en Burzaco.

"Desde entonces estamos acá para que todo aquel que tenga un problema y necesite ser escuchado sepa que lo esperamos", dijo Carignano y Cascallares agregó: "El CAJ unifica las políticas públicas del Estado nacional".  Detalló que se entregaron 5 mil garrafas sociales, tarjetas SUBE y Televisión Digital Abierta. “Pero también cuando los estamentos municipales no responden, está el Estado nacional a través del CAJ", completó.

El CAJ de Almirante Brown funciona desde julio del año pasado. En el local está ubicado en la avenida Roca, en la zona oeste de Burzaco, frente a la estación de ferrocarril y junto a la comisaría. Diariamente, cinco profesionales reciben las diversas consultas. Su coordinador es Javier Toloza y detalló que se atienden 2700 consultas mensuales, en una zona habitada por unas 600 mil personas. "El CAJ empodera a los vecinos. En esta zona una consulta jurídica privada cuesta un mínimo de 400 pesos. En el CAJ encuentra asesoramiento gratuito. Desde cómo gestionar una pensión hasta problemas de medianeras", dijo Toloza a Infojus Noticias.

Con la apertura del nuevo CAJ, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya cuenta con 78 oficinas estatales en todo el país y más de 120 teniendo en cuenta los centros itinerantes. La gran mayoría están ubicados en barrios precarios o de bajos recursos. En ellos se brinda asesoramiento jurídico y se responden consultas por problemáticas variadas. Ofrecen también la herramienta de la mediación comunitaria, para solucionar conflictos vecinales o de poca gravedad.

Para muchos sectores significan un acceso a la justicia real y efectiva, a partir de la eliminación de las diversas barreras que restringen el ejercicio pleno de sus derechos. Así, en una amplia red distribuida en todo el territorio nacional, se presta asesoría jurídica, servicio de mediación y asistencia psicosocial, asesoramiento a inmigrantes, turnos para la tramitación de DNI y para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones no contributivas, jubilaciones, o gestionar la recepción de la Televisión Digital Abierta (TDA), tarjeta SUBE, entre otros servicios y beneficios.

Además, desde marzo los CAJ fueron incorporados al sistema de Consumo Protegido, lo que significa que servirán como mesas de ayuda para los consumidores que acerquen reclamos y consultas sobre conflictos con empresas comercializadoras de bienes o prestadoras de servicios.

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