Infojus Noticias

Establecer la cadena de responsabilidades que antecedió a la explosión del edificio rosarino fue, desde el primer momento, el objetivo de la fiscal Graciela Argüelles. A más de 7 meses de la tragedia, el escrito con el que la jueza Patricia Irma Bilotta procesó a los 11 imputados  confirmó que para la justicia Rosarina la empresa Litoral Gas tuvo un rol preponderante y podría haber evitado la explosión en la que murieron 22 personas y  más de 70 resultaron heridas .

Los 11 imputados están procesados en carácter de autores del delito de “estrago culposo agravado por el resultado muerte”. Bilotta entendió que no hay participación sino acción u omisión.  Por ser delitos de carácter culposo, la pena máxima podría ser de 5 años. Entre los imputados hay 5 empleados de Litoral Gas.

En el escrito de Bilotta se afirma que, "si el suministro de gas no hubiera sido rehabilitado (el 26 de julio) por la empresa licenciataria (Litoral Gas), el evento no habría ocurrido, no habría habido ni fuga de gas, ni explosión, ni incendio con el resultado que actualmente lamentamos. Esa cadena de omisiones y acciones negligentes e imprudentes, contrarias a la normativa, facilitaron la intervención de Carlos García, el gasista que el 6 de agosto de 2013, mientras procedía al cambio del regulador del edificio, produjera una importante fuga de gas, posterior explosión e incendio del edificio de Salta 2141 con el resultado fatal conocido".

Cadena de responsabilidades

Desde el primer momento, la fiscal Argüelles aseguró que García era “el último eslabón de una cadena de responsabilidades”. “La fiscalía comparte el criterio de la jueza porque se hizo lugar al pedido que hicimos desde el Ministerio público fiscal”, dijo Argüelles a Infojus Noticias. “Litoral Gas tuvo una serie de intervenciones en los días previos a la explosión que se caracterizaron por las actitudes negligentes, no se cumplieron normas y se omitió el deber informar a los superiores por parte de los empleados que fueron al lugar. Por eso se continuó con el problema de presión que la vecina del 9° ‘F’ había denunciado el 25 de julio. García aparece como ejecutor material”.

Bilotta le dio la razón, el procesamiento del hombre fue por manipular la instalación de gas para cambiar el regulador –trabajo para el que se lo había contratado- con la válvula abierta.

El cotejo entre las normas que impone el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) y lo que hizo la empresa en el caso particular del edificio siniestrado determinó la serie de grandes errores previos en cuanto al control de la instalación, que llevaron a la presencia de García para trabajar en el lugar, la fuga y la posterior explosión que terminó con los muertos, heridos y daños materiales.

“Si Litoral Gas realizaba una tarea exhaustiva en ese gabinete, el servicio no tendría que haber sido rehabilitado como fue”, afirmó Argüelles.

En el texto de procesamiento de los 11 imputados, García está procesado junto a su ayudante Pablo Miño, los tres administradores del consorcio del edificio de Salta 2141, otro gasista que trabajó en el lugar y hay cinco empleados de Litoral Gas. Bilotta se remontó al trabajo de los reclamistas José Luis Bolaño, que el 25 de julio cortó el servicio y al de Guillermo Oller y Luis Curaba que lo rehabilitaron al día siguiente sin hacer los chequeos de rigor. También procesó a Viviana Leegstra, gerenta técnica de la empresa y a Claudio Tonucci, Inspector de la firma.

Un día de omisiones

El 25 de julio, Bolaño labró la orden de trabajo, cortó el gas en el edificio y dejó constancia de que había una “pérdida en accesorio de gabinete, cerrado con cepo, se rehabilita con gasista matriculado". Para ese trabajo, la administradora Calvillo –responsable del consorcio- contrató al gasista José Luis Allala quien realizó una serie de arreglos “artesanales” porque la instalación era muy vieja y no encontró repuestos en el mercado. Allala no dejó constancia del arreglo en la empresa, ni llenó los formularios necesarios en este tipo de casos.

Las normas indican que una vez que se modifica la estructura original, la empresa proveedora del servicio, en este caso Litoral Gas, debía interrumpir el suministro del fluido hasta que se adecúe el gabinete, que en este caso tenía 30 años, a las normas vigentes. La firma además debía requerir que se colocaran válvulas esféricas con presintos y dos reguladores y no uno como decidió la administradora.

Bilotta aseguró en su escrito que no entiende “por qué Bolaño en lugar de consignar «se coloca cepo», no reportó esa circunstancia a fin de que fuera subsanada por la licenciataria para que se efectuara el cambio conforme a la normativa".

Litoral Gas además debió poner una llave de corte del servicio en la línea de edificación municipal del complejo de tres torres (la que explotó era la del medio) y tampoco pudo aclarar porque el 26 de julio pidió con carácter de urgencia una autorización a la municipalidad para romper la vereda por un arreglo, pero nunca lo hizo.

Sin seguir ninguno de los pasos obligatorios, Oller y Curaba rehabilitaron el servicio.  Como los problemas de falta de presión continuaban, los vecinos volvieron a llamar a la empresa. Tonucci, jefe de mantenimiento de redes ordenó a Curaba que volviera a verificar el lugar. Curaba fue el 2 de agosto, cuatro días antes de la tragedia y dejó asentado: "Se verificó sin pérdida, O.T (orden de trabajo) cerrada para archivar".

“Ese restablecimiento del 26 quedaron dudas sobre por qué Tonucci mandó de nuevo a Curaba. Nunca se explicó porque lo volvieron a mandar. Esa misma noche del 26 se hace la reunión de consorcio en la que se decide contratar a García para que se encargara de todo cuando no era lo correcto porque solo la empresa podía accionar la llave”, dijo Argüelles. 

Bilotta determinó que "se rehabilitó el gas sin intervención de gasista matriculado, sin tomar conocimiento los reclamistas de los trabajos efectuados, sin saber si la pérdida había sido efectivamente reparada, omitiendo controlar la instalación integral del gabinete, el control de la totalidad de los departamentos y que los artefactos funcionaran correctamente".

Rol clave en la tragedia

Adjudicó así a la empresa un rol clave en la tragedia. “El evento criminoso investigado no habría ocurrido, no habría habido ni fuga de gas, ni explosión, ni incendio con el resultado que actualmente lamentamos. Esa cadena de omisiones y acciones negligentes e imprudentes, contrarias a la normativa, posibilitaron y/o facilitaron la intervención del gasista Carlos Osvaldo García".

La empresa sigue funcionando en la zona pero ENARGAS ya le inició un sumario y se le aplicarían sanciones económicas. La eventual rescisión o no de su contrato dependería del Poder Ejecutivo Nacional, aseguró una fuente a Infojus Noticias. Además, en el mediano plazo debería enfrentar las demandas civiles que lo tendrían como principal objetivo.