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El tercer y último panel de la jornada “La sociedad le habla a la Justicia” organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, debatió sobre los avances de la reforma judicial y los juicios de lesa humanidad. Políticos y académicos hablaron frente a un público de más de 400 personas.

Roberto Follari, docente de Epistemología  de la UNCUYO resaltó: "Los más perverso son aquellos que creen no tener ideología, sino que piensan que las cosas son así porque sí. El Estado tiene que trabajar para los de abajo. Los gobiernos se caían con dos tapas de Clarín, ¿cuántas vamos ya?, finalizó. 

Romina Ronda, subsecretaria de Justicia del gobierno de Mendoza dijo que “hay que romper con el paradigma de que solo los letrados pueden hablar de justicia". Ronda habló de los juicios de lesa humanidad ante un público atento: "En términos jurídicos es algo revolucionario. Hemos visto cómo se conforma la matriz ideológica con la clase dominante".

El diputado nacional por Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, ratificó que volvería a votar la reforma judicial. "Hay que buscar formas de transformación del Consejo de la Magistratura también en la provincia. Como gobierno de la provincia tenemos que jugárnosla un poco más, sobre todo en marcar un poco más a los legisladores provinciales. Y agregó: “Estoy en contra de bajar la imputabilidad a los menores, tenemos que rechazar este tipo de iniciativas de mano dura". El auditorio rompió en aplausos.

"Unidos y organizados los abogados queremos ir por la justicia social"

El segundo panel estuvo integrado por abogados y jueces de Mendoza, que plantearon la problemática de los pobres y cómo históricamente la balanza se inclinó en favor de los más poderosos.

"En buena medida me he identificado con eso de vivir en un termo; hay una cultura de no hablar con la sociedad", comenzó Horacio Báez, juez de la Cuarta Cámara del Crimen de Mendoza. "El 88 % de las personas privadas de la libertad era gente que no había terminado la escuela primaria. Eso es vergonzoso, debería darnos un golpe para poder cambiarlo.”

Angélica Escaloya, del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Mendoza reflexionó sobre los alcances de la profesión: "¿No tenemos ideología, no tenemos posición frente al mundo o es una cuestión técnica de saberes jurídicos? Algunos rechazaron el pliego de (María Laura) Garrigós de Rébori porque decían que tenía ideología, algo que nunca le habrán dicho a los terroristas de Estado".

Escayola realizó una autocrítica como abogada de matrícula: "Hemos ganado una cantidad de derechos, pero los derechos se ganan y se pierden. Unidos y organizados los abogados queremos ir por la justicia social, adquirir las fuerzas para cambiar esta justicia injusta. Queremos una justicia reparadora". 

Las víctimas

"Los jueces siempre se han creído de una casta distinta", dijo la Madre de Plaza de Mayo de Mendoza, durante el primer panel integrado por víctimas del poder judicial y la violencia institucional.

"Qué podemos decir de los jueces, que ni leían los habeas corpus y nos teníamos que ir con esa amargura. Se llevaron a mi hijo de 22 años Walter y a mi nuera embarazada Gladys de seis meses. Hasta el día de hoy no he sabido nada más de ellos", dijo con la voz temblorosa Domínguez.

 A Sebastián Bordón lo encontraron muerto en un barranco en San Rafael cuando cumplía 19 años en 1997. Su mamá, Miriam Medina, habló del dolor que significa buscar justicia para un hijo asesinado: "Aprendí a buscar justicia para Sebastián. Una justicia y una policía que convivían y las pericias las hacían por teléfono", dijo sobre las instituciones mendocinas. Medina recibió una placa para que sea colocada en la comisaría de Nihuil, el último lugar donde a Sebastián se lo vio con vida, para que nunca más haya un Sebastián Bordón asesinado.

 Silvia Ontiveros sufrió el infierno de haber estado secuestrada en el centro clandestino mendocino D2 durante la dictadura, la picana y las violaciones la impidieron de tener hijos : "La vida me puso en dos situaciones horrorosas: estuve presa durante la dictadura y mi hijo fue asesinado por un delincuente común", comenzó el relato. "Tenemos 16 represores presos y como contrapartida tenemos la mayor cantidad de represores prófugos. Es una vergüenza", sostuvo.

De la Unión Trabajadores Sin Tierra habló Griselda Suárez: "No he sufrido tanto como las compañeras que han perdido un ser querido, pero sí estado sufriendo por las vulneraciones a los derechos al campesino. Suponía que la Justicia estaba para protegernos a nosotros, pero no fue así. Un policía quería dejarnos sin los medios para nuestro futuro y por eso luchamos".