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El veredicto que absolvió al juez provincial Pedro Hooft se apoyó, en parte, en la estrategia de “golpear el valor del testimonio” de las víctimas del terrorismo de Estado. Dos de esas víctimas, una que le pidió auxilio y no recibió asistencia, y otra que contó que fue salvada de la muerte por su intervención, declararon en el juicio político que presidió el ministro de la Suprema Corte bonaerense, Juan Carlos Hitters. Pero sus palabras no sólo no fueron valoradas sino que fueron puestas en duda. Eso es lo que cuestionó la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata y advirtió sobre la existencia de “una alianza político-judicial de extrema derecha”.

“La alianza político-judicial de extrema derecha golpea el valor del testimonio, como la herramienta más importante para la reconstrucción de la verdad histórica. Los mismos sectores reaccionarios que instrumentaron las leyes de la impunidad recobran protagonismo político e instalan la discusión lejos del eje central de la temática, que no es otro que la reforma profunda de la justicia”, advirtieron en un comunicado.

La posición de duda ante la palabra de las víctimas apareció entre los ocho integrantes del jurado que votaron por la absolución de Hooft, quien estaba acusado de incumplir sus deberes como juez y aportar una suerte de zona liberada judicial para una serie de secuestros y desapariciones, que incluyeron a las víctimas de la “Noche de las corbatas”, ocurrida a mediados de 1977. La votación de los ocho jurados (sobre los diez que integraban el jury) definió no quitarle los fueros a Hooft, quien se amparó en ellos para no presentarse a declarar en la causa penal que lleva adelante el juez federal Martín Bava. Allí se intenta determinar quiénes fueron los responsables del secuestro de trece personas, que terminó con la muerte y desaparición de más de media docena de ellas.

Hitters, autor de la fundamentación absolutoria que generó adhesiones de varios de sus colegas, fue uno de los que puso en duda el testimonio de Marta García de Candeloro. Dijo que sus declaraciones sobre las visitas del juez Hooft a la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, a donde había sido llevada después de pasar un mes y medio en un centro clandestino de detención bautizado como “La Cueva”, eran “muy vagas e imprecisas”. Además, señaló que en sus testimonios anteriores  –todos realizados en procesos judiciales que no tenían relación directa con Hooft- no había mencionado al magistrado.

En la misma línea se expresó el abogado Eduardo López Wesselhoefft, quien dijo que el testimonio de García de Candeloro “fue mutando y no arroja la certeza que requiere la comprobación de una imputación, que como aquí sucede sólo descansa en los dichos de un testigo”. Pero, además, López Wesselhoefft sostuvo que tampoco era válido el testimonio de Norma Ariela, quien contó que su marido le dijo que había concurrido a una dependencia militar a junto al juez Hooft a pedir por ella, quien había sido secuestrada.

También el diputado Abel Buil, del Frente Amplio Progresista (FAP), dijo que la declaraciones de Ariela eran una “reproducción de dichos” de su marido, quien no pudo declarar porque se encontraba enfermo e imposibilitado de asistir al jury. “Es decir, Ariela es testigo de oídas sin ningún otro elemento que corrobore sus afirmaciones”, subrayó y agregó: “También en este caso debo hacer la salvedad –efectuada con Marta García- acerca de su condición de víctima. Por ello entiendo tampoco su testimonio arroja certeza alguna sobre el presunto contacto del Dr. Hooft con autoridades del GADA 601”.

Sin embargo, desde la filial marplatense de Abuelas de Plaza de Mayo insistieron en que Hooft fue “un hábil instrumento para legitimizar las prácticas de eliminación y desaparición sistemática de personas ‘peligrosas’ para el régimen militar. No se trata de uno o dos casos aislados, sino de una metodología fría y eficiente que logró sobrevivir. El amparo propio del sistema lo apañó  tanto como un plan calculado para reciclar su imagen”.