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La justicia federal de Santa Rosa llamó a indagatoria para el jueves y viernes de la semana próxima al intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Rogers, y también al subcomisario, Carlos Alanis, en el marco de una causa que investiga trata de personas con fines de explotación sexual. El juez subrogante de Santa Rosa, Marcelo Piazza,se había negado a convocarlos a declarar pero después de numerosos pedidos del fiscal Juan Baric junto con el titular de la Procuraduría para el combate de la trata y explotación de personas (Protex), Marcelo Colombo, el llamado se hizo efectivo.

La causa comenzó hace cuatro años a partir de distintas denuncias. Todas confluían en el prostíbulo “Good Night”, ubicado en la ruta 5 en la entrada de Lonquimay, un pueblo de 1500 habitantes, a 60 kilómetros de Santa Rosa. En julio de 2009 el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones, Carlos Alberto Chico, había pedido la intervención del teléfono de Carlos Fernández, el dueño del lugar. Lo investigaba por presuntas irregularidades en su local. Sospechaba que allí había mujeres víctimas de trata. Para sorpresa del policía, en las escuchas aparecieron dos nombres: el del subcomisario Alanis y el del intendente Rogers.

En septiembre de 2009, una joven santiagueña que había llegado a La Pampa por una oferta laboral, denunció que había sido secuestrada en “Good Night” y era víctima de explotación sexual. La mujer había logrado irse del lugar después de pagar por gastos de comida e higiene.

En octubre apareció otra acusación: una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, relató ante la justicia provincial cómo el subcomisario Alanis era cómplice de distintos delitos vinculados al proxenetismo.  La mujer agregó que el policía tenía una relación estrecha con el intendente Rogers y con Carlos Fernández, dueño de “Good Night”.

Después de estas tres denuncias, el 28 de octubre de 2009 se hizo un allanamiento en el local nocturno. La policía encontró tres mujeres salteñas, víctimas de trata, y un cuaderno donde estaban anotados los “pases”, como se nombra en la jerga al acto de pagar para tener relaciones sexuales. Fernández se quedaba con el 50% de la ganancia ylas mujeres no podían salir del lugar ni disponer de la totalidad del dinero ganado. Una de ellas declaró que estando enferma recibió asistencia ni medicamentos. “Vos tenés que hacer plata”, le respondió el dueño en esa oportunidad.

“Un lugar de contención”

Las suficientes pruebas recolectadas hasta ese momento, que incriminaban al responsable político del pueblo, rebasaron el verosímil con lo que vino después. El intendente Rogers se opuso a los allanamientos y protagonizó distintos pasos de comedia en declaraciones mediáticas. Para él, “Good Night” no debía cerrarse porque era “un lugar de esparcimiento”. “El cabaret es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”, dijo Rogers con liviandad consultado por medios locales.

Neli Haydeé Penzotti, viceintendenta de Lonquimay, también aportó información a la investigación. Según la mujer, Fernández mantenía un estrecho vínculo con el intendente de esa localidad.

La funcionaria, además, relató que cuando se trató en el Concejo Deliberante la continuidad del funcionamiento de los prostíbulos en la ciudad, Fernández, dueño de “Good Night” estaba presente.

Para la fiscalía federal de La Pampa el relato de Penzotti fue “revelador” porque  demuestra “el poder, influencia, conocimiento e impunidad que tenía Fernández dentro de la comunidad de Lonquimay”.

“Good Night” estaba habilitado como “salón de bailes”. Según se desprende de la causa, en la habilitación la municipalidad obligaba al dueño del lugar a presentar libretas sanitarias con estudios ginecológicos de las mujeres que trabajaban allí.

Ninguna autoridad pudo explicar por qué exigían este tipo de estudio para mujeres que, supuestamente, eran contratadas para servir copas en un salón de baile.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 5 de julio de 2011 se expidió sobre el tema y ordenó profundizar la responsabilidad de los funcionarios públicos intervinientes. En su dictamen el Máximo Tribunal citó a lo expresado, en ese momento, por el Procurador General de la nación, el intendente “no sólo defendió ante los medios periodísticos provinciales la existencia de éste tipo de locales nocturnos, sino que, en particular, se pronunció contra el eventual cierre de “Good Night”.

Hasta esta semana el juez subrogante de Santa Rosa, Marcelo Piazza, había sostenido un argumento inédito para no llamar a los dos funcionarios públicos a indagatorias. Decía que, como es subrogante, no sabe si seguirá subrogando cuando se defina la continuidad del intendente en el cargo.

Alanís actualmente está al frente de la Comisaría Departamental de General Acha, según se desprende del organigrama que figura en la web oficial de la Policía de La Pampa.

Después de cuatro años, las buenas noches llegaron para el intendente y el subcomisario que en una semana tendrán que dar explicaciones ante la Justicia Federal sobre su relación con el local nocturno donde había victimas de trata. Rogers, además, afronta la posibilidad de un juicio político.