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Aun no se disipan los nubarrones que desde el 15 de febrero sumieron a Córdoba en una inundación que causó al menos nueve muertes y ya se avizora el conflicto jurídico que deberán afrontar los damnificados en pos del derecho a una indemnización. En las últimas horas, las persistentes lluvias obligaron a evacuar a un total de dos mil personas en distintos núcleos urbanos de la provincia mediterránea, algunos totalmente rodeados por el agua, como Idiazábal y Balnearia, o aislados por caídas de puentes, como Jesús María y Villa del Totoral.

“Hay dos prioridades: salvar  a la gente y preservar la paz social. Después arreglaremos los saldos que queden de esas situaciones”, prometió el gobernador José Manuel de la Sota al salir de la reunión del Comité de Crisis convocada con el último embate del temporal. Al mismo tiempo, vecinos de las Sierras Chicas denunciaron al Ministerio de Desarrollo Social provincial por condicionar la entrega de subsidios a los afectados a cambio de la firma de un acta acuerdo en la que aceptaban que “nada más tienen que reclamar” al gobierno de Córdoba.

El documento en cuestión señala: “El Ministerio: en función de la situación soportada por ‘el beneficiario’ y generada por los fenómenos naturales Sierras Chicas, asume el compromiso de gestionar una ayuda económica mensual a favor del mismo de .500 a contar desde el mes de febrero del corriente año y por un plazo de 180 días (…) ‘El beneficiario’ manifiesta que comprende perfectamente el acto que está otorgando, y que nada más tiene que reclamar al Ministerio de Desarrollo Social”. 

La misma acta se ven obligados a firmar quienes reciben el “kit de electrodomésticos” (heladera, lavarropa, cocina y colchones) que entrega Desarrollo Social, aseguró a Infojus Noticias Rosa Cativa, que perdió su casa durante el primer embate de las aguas en el barrio Los Cigarrales, de Mendiolaza: “A dos semanas de la catástrofe no recibimos ninguna ayuda del Gobierno provincial ni del municipal. Todo es de la boca para afuera, pero en la realidad estamos como el primer día de la inundación. O nos vamos a vivir bajo un puente o recibimos un subsidio de tres mil pesos como para pagar un alquiler o un kit de electrodomésticos, pero nos extorsionan haciéndonos firmar un documento donde renunciamos a iniciar acciones legales contra el Gobierno de la provincia”.

“Acá toda la ayuda se gestiona con un miserable criterio político-clientelar, y la Policía y Gendarmería recién aparecieron cuando terminó el Cosquín Rock, cuatro días después de la primera inundación”, denunció Cativa. “Es una cuestión de forma. El cien por ciento de las personas lo han firmado, y está de acuerdo con firmarlo”, aclaró al diario La Mañana de Córdoba Juan José Antonelli, vocero del ministro de Desarrollo Social Daniel Passerini.

Consultado por Infojus Noticias, el abogado Carlos Nayi consideró que la exigencia “es un acto inconstitucional y grave, porque la obligación del Estado de auxiliar y asistir a sus ciudadanos en desgracia es irrenunciable y no puede estar sujeta a ningún condicionamiento. Ante el temor de una catarata de acciones legales contra el Estado provincial, se adopta esta actitud, aprovechándose del estado de indefensión y vulnerabilidad de la gente”.

El propio Nayi ya recibió “varias consultas” de damnificados por las inundaciones, que todavía no iniciaron ninguna demanda por el “estado de conmoción de la gente ante una catástrofe que todavía no termina”. “Si no se realizaron las obras necesarias para prevenirla o no se actuó con la celeridad necesaria con la ayuda a las víctimas, el Estado deberá afrontar su responsabilidad, más aún porque aquí también hubo pérdida de vidas”, aseguró el letrado.

Ya desde el comienzo del temporal, el gobernador De la Sota abrió el paraguas jurídico con definiciones como el “tsunami que nos cayó del cielo” y la “peor catástrofe climática de Córdoba en los últimos 50 años”. Luego, aludió a responsabilidades históricas al explicar que “cuando muchos pueblos fueron fundados no se tuvieron en cuenta los cauces de ríos”.

Échale la culpa al río

El viernes pasado, el mandatario provincial encabezó la entrega de 38 subsidios no reintegrables de hasta 30 mil pesos para comercios de Villa Allende afectados por la inundación, y anunció una ayuda general de 900 mil pesos. En pleno acto, una vecina le  recriminó que los 15 mil pesos recibidos no le alcanzaban para cubrir un daño superior a 100 mil. “Muchas cosas se podrían haber evitado”, reprochó la mujer.

-¿Ah sí? ¿Que lluevan 300 milímetros se podría haber evitado? –retrucó De la Sota.

-No, pero haber mejorado el río sí, porque esto viene pasando desde la tercera inundación, y hacer como en Córdoba con La Cañada.

-Señora, Villa Allende se construyó sobre un río. Tal vez no habría que haberla construido acá. Échele la culpa al que la fundó –recomendó el Gobernador.

Con las últimas precipitaciones se agravó la situación, donde el Comité de Crisis declaró cinco “zonas de catástrofe” que abarcan gran parte de su territorio: las Sierras Chicas (al norte de la ciudad capital) y los departamentos Calamuchita, San Justo, Rio Primero y Punilla.

A su vez, la cantidad de evacuados ascendió a más de dos mil, según la siguiente distribución: 850 en Idiazábal, 400 en Balnearia, 200 en Jesús María, 40 en Colonia Caroya, 60 en Bell Ville, 30 en Hernando y 120 entre Capilla del Monte y La Cumbre.

La provincia permanece en alerta roja climática, con una veintena de localidades aisladas, la mayoría de sus diques desbordados y quince rutas nacionales y provinciales cortadas por invasión de agua desgranamiento de calzadas o caída de puentes. “Buscar una solución colectiva a nuestros problemas y luchar por nuestros derechos como ciudadanos”, es el propósito de la asamblea a la que convocan los vecinos de Los Cigarrales (kilómetro 16), de Mendiolaza.  Los barrios El Perchel y Los Cigarrales fueron los más afectados por la inundación en la zona, que dejó inhabitables a alrededor de 200 casas edificadas a la vera del río. Se juntarán en la Plaza Sanguinetti, calle 15 esquina 8, Mendiolaza, mañana a las 17.