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Con ansiedad, pero con la tranquilidad de haber cumplido el deber impuesto. Así afirma Claudia Scurta que se siente a punto de conocer la sentencia en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Jujuy. Se investigan los casos de siete víctimas, entre ellas su madre, la maestra rural y militante Dominga Alvarez de Scurta.

Seis hombres, dos ex militares y cuatro ex guardiacárceles, esperan conocer la decisión del Tribunal Oral Federal de Jujuy. El juicio se inició el 4 de septiembre del año pasado y llega al final tras haber recorrido un largo proceso; entre el dolor y las sensaciones liberadoras que suelen experimentar los testigos víctimas, hubo espacio para otras acciones que generaron reacciones de repudio, como el atentado a la abogada querellante María José Castillo, o controversia, como la decisión del Tribunal de retirar el crucifijo que presidía la sala de audiencias.

Dominga Alvarez fue secuestrada de su casa en San Salvador de Jujuy el 26 de mayo de 1976. El grupo de tareas llegó a la vivienda de la Avenida Fazio cuando solo estaba Claudia, que entonces tenía 15 años. Hasta el regreso de Dominga revolvieron todo y levantaron lo que quisieron. Luego las llevaron al Comando Radioeléctrico, en pleno centro. Claudia fue liberada al día siguiente pero su madre fue llevada a la Central de Policía y luego la trasladaron al penal. Su rastro se pierde ahí, por testigos se sabe que la sacaron el 10 de junio; en 1984 sus restos fueron encontrados en un sector militar en el cementerio de Yala. Estaba en una fosa común, donde también se encontraron restos de víctimas de la Masacre de Palomitas, la matanza de 11 detenidos del penal de Villa Las Rosas, en Salta.

También a fines de mayo fueron secuestrados Osvaldo José Garibaldi, un trabajador del ingenio azucarero Ledesma que fue detenido en el pequeño pueblo de El Talar, en el sur de la provincia; María Alicia del Valle Ranzoni, docente secuestrada en San Salvador de Jujuy, en el barrio San Pedrito; Jaime Lara Torres, docente de arte, detenido en el barrio Los Perales; el abogado Jorge Turk Llapur, que se entregó a la Policía tras recibir una citación; Juana Francisca Torres Cabrera, detenida de su casa en el barrio Mariano Moreno, su hermano Pedro Eduardo Torres Cabrera, de 16 años, secuestrado mientras trabajaba en un galpón del ex intendente dictatorial Pablo Labarta.

Todos eran militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), todos fueron torturados en centros clandestinos de detención y luego llevados al penal provincial de Villa Gorriti, donde fueron entregados, el 10 de junio, al comisario Ernesto Jaig y al sargento César Darío Díaz. De los siete, solo los restos de Dominga Alvarez fueron encontrados.

Uno de los acusados que espera sentencia es el ex interventor del penal de Gorriti, el ex militar Antonio Orlando Vargas, que ya fue condenado a 25 años de prisión en el primer juicio realizado en esta provincia, pena que cumple en la cárcel de Ezeiza. Otros cuatro acusados eran guardiacárceles: Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez, los cuatro están detenidos en el penal federal de Jujuy. El sexto imputado es el suboficial del Ejército César Darío Díaz.

Los fiscales Francisco Snopek y Pablo Pelazzo han pedido penas de prisión perpetua para todos, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, secuestro y homicidio. También los querellantes han pedido penas máximas, y añadieron la solicitud de que se les amplíe la acusación y se los condene también por abuso sexual.

Aunque ansiosa, a sus 53 años y habiendo vivido toda su vida adulta exigiendo que se investigue el secuestro y asesinato de su madre, Claudia Scurta no espera mucho de la sentencia: “Estoy preparada para lo que venga. En realidad no me importa mucho la sentencia, lo que importa es todo este proceso que pasó, este camino que recorrí, esto es lo que tiene más valor al menos para mí, porque este proceso ha sido lo más importante, me tuve que enfrentar con este pasado tan trágico y eso me ha fortalecido, buscar justicia para mí mamá ha sido toda una epopeya”, afirma.

Su objetivo, dice, ya fue cumplido, “siento el deber cumplido, y eso es lo que me importa. Hace 38 años que esperaba aunque sea un poco de justicia, en realidad nunca creí mucho en la justicia, y mucho menos esperaba esto, esto en realidad me parecía un sueño inalcanzable, y hoy estoy viviendo, hoy estoy esperando la sentencia, ha sido un paso gigantesco”.

Como los otros familiares de víctimas del terrorismo de Estado y militantes de organismos de derechos humanos, Claudia considera que aún resta someter a la justicia a muchos otros responsables de estos delitos. “No están en este proceso todos de los responsables, este es una parte del aparato criminal que ha trabajado aquí en Jujuy”. “Está faltando el teniente (Rafael) Braga, que también ha sido responsable, (Juan Carlos) Jones Tamayo, que está prófugo. Monseñor (José Miguel) Medina, (el coronel Néstor) Bulacios, gran parte de los militares en esa época, jueces, un sector civil, empresarial, que también apoyó esos crímenes”, enumera.

Mañana la audiencia se reabrirá durante la mañana, para ofrecerle a Orlando Ortiz la posibilidad de decir algo antes de que el Tribunal, integrado por los jueces Fátima Ruiz López, Daniel Morín, Federico Díaz y el cuarto juez Marcelo Juárez Almaraz, pase a deliberar para dar a conocer su decisión por la tarde. El Tribunal avisó que la sentencia se daría a las 16, pero, por las dudas, advirtió que los interesados deberían congregarse antes en los tribunales.

Este proceso comenzó el 4 de septiembre pasado y hasta ahora hubo 38 audiencias y se escucharon más de cincuenta testigos.