Infojus Noticias

El 29 de abril de 2003, en unas pocas horas, el desborde del río Salado inundó la ciudad de Santa Fe. Jorge Castro y Milagros Demiryi alcanzaron a sacar a los cuatro de sus siete hijos que estaban con ellos, cargaron algo de ropa en un bolso y abandonaron la casa. Hoy, a diez años, la causa penal –que tiene a la pareja como únicos querellantes y a tres ex funcionarios acusados de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas- está cerca de prescribir.

En los últimos dos meses la causa -elevada a juicio en 2008- entró en la etapa de presentación de pruebas. “Hubo una cantidad abrumadora de pruebas que demuestran que la inundación era totalmente evitable. Los técnicos dejaron en claro que al dejar inconclusa la obra quedó un lugar abierto, por donde penetró el agua”, explicó Castro a Infojus Noticias.

El Negro Castro y Demiry, su esposa, son los únicos actores civiles –una figura similar a la de querellante- que tiene la causa penal por las inundaciones. Para ello debieron desistir de cobrar las indemnizaciones que el exgobernador Jorge Obeid fijó para 27 mil familias –unas 140 mil personas-, que fue calculado caso por caso en base al daño sufrido. Las 20 mil familias que aceptaron el subsidio –que promedió entre los 8 y los 16 mil pesos por casa- fueron obligadas a firmar un escrito en el que renunciaban a iniciar acciones legales en el futuro.

La abogada de la pareja, Georgina Stratta, aún no recibió la notificación oficial. Por trascendidos se enteró de la presentación que realizó el martes la defensa del ex intendente de Santa Fe, Marcelo Álvarez, para que prescriba la causa. Según plantearon los abogados del ex funcionario, al transcurrir 5 años desde su elevación a juicio, ya se cumplió el plazo de prescripción. “Ellos aducen que la demora se produjo por un recurso extraordinario que planteamos nosotros -explicó Castro- cuando ellos plantaron un sinfín de nulidades para demorar la causa”.

La presentación fue realizada ante el Juzgado de Sentencia de Gustavo Urdiales por los abogados de Álvarez, Pablo Guastavino y Alejandro Paz. El ex intendente de Santa Fe es uno de los tres imputados, junto al ex ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Edgardo Berli y el director de Obras Hidráulicas provincial, Ricardo Fratti.

 “Como no pueden debatir las cuestiones de fondo hacen planteos de forma. Todos los técnicos que declararon demostraron que (las inundaciones) tienen más responsables, que era evitable y que tuvieron tiempo de prever la evacuación de la ciudad”, explicó Castro.

La defensa hídrica que protegería a la ciudad de Santa Fe ante una crecida del Salado había sido inaugurada en 1997. Seis años después, el tercer tramo del terraplén seguía inconcluso. Fue por ahí que, en la noche del 29 de abril de 2003, empezó a entrar el agua acumulada durante tres meses de lluvias en Santiago del Estero y en el norte de Santa Fe.

El Negro Castro y Milagros formaron parte de los más de cien mil evacuados. Perdieron todo: muebles, ropa, fotos, electrodomésticos. La versión oficial dijo que 23 personas murieron ahogadas. Un decreto posterior redujo la cifra a 18. La Casa de los Derechos Humanos sostiene que hubo 158 muertes como consecuencia de la inundación. “Ellos cierran sobre los ahogados. No cuentan las personas que murieron después de un ataque al corazón o por enfermedades, la gente que se murió al volver a su casa”, contó Castro.