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La directora del programa de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación (ADAJUS), Mabel Remón, disertó este viernes en el III Congreso Internacional sobre Discapacidad que se desarrolló en el Centro de Convenciones del Casinos Gala, de Resistencia, Chaco, durante los días 19, 20 y 21 de este mes. Abordó la problemática de la discapacidad en relación al acceso de la justicia. Remón estuvo acompañada  por el fiscal Federal de Resistencia y actual integrante de la Unidad Fiscal de Investigación por el caso AMIA, Patricio Sabadini, quien habló sobre la “inclusión, la exclusión y los desafíos de la integración en el mundo posmoderno”.

En el evento participaron más de 2800 personas y hubo más de 70 disertaciones realizadas de especialistas nacionales e internacionales. En la úlitma jornada, Remón y Sabadini protagonizaron un panel presentado por la vicepresidenta del Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con la Discapacidad del Chaco (Iprodich), Carla Mitoire.

En un auditorio repleto, Remón comenzó su disertación proyectando una serie de nombres para luego preguntar a los presentes a qué les remitía cada uno de ellos. Así, ante una serie de respuestas del público -quienes vinculaban los nombres a distintas zonas del país o etnias- la especialista apuntó a que esto da cuenta de cómo, con tan solo un nombre, una persona ya comienza a hacerse una idea de la otra. Allí empiezan a actuar los preconceptos. “Esto es lo primero que lee en la carátula de una causa un abogado tanto en la fiscalía como en la Defensoría. A través del nombre juzgan inconscientemente la procedencia de la persona, sin conocerla”, comentó.

Remón se preguntó entonces de dónde se parte cuando se habla de discapacidad y a qué tipo de persona se está representando en un tribunal. Uno de los problemas, remarcó, es que “no se considera a la persona con discapacidad capaces de comprender sus actos, pero ellas lo hacen simplemente porque son personas. Tienen las mismas pasiones y deseos que el resto. Hay una distancia abismal sobre cómo la Justicia interviene con ellas porque la Justicia está atravesada por prejuicios”, afirmó.

Dejó en claro que las personas con discapacidad que cometen un delito tienen que ser juzgadas a la par del resto “porque somos iguales ante la ley”. Lo que deben hacerse “son ajustes razonables para que esa persona pueda acceder a ese conocimiento y herramientas que los demás tienen”.

El caso Patti

También destacó el trabajo realizado en casos que sentaron precedente a la hora de dictaminar sobre las posibilidades de un detenido con discapacidad de continuar su aprensión en la cárcel a pesar de su disminución física. Este fue el caso del represor Luis Patti.

Patti actualmente está preso en una cárcel común donde está condenado a prisión perpetua por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Tras sufrir un ACV, Patti solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria. El trabajo de ADAJUS fue clave para determinar que la discapacidad no le impedía seguir detenido en un penal: lo único que se requería era adecuar las instalaciones.

“Lo que nosotros hicimos fue reubicar la celda para que tenga su baño y comedor accesibles. Que pueda acceder a la recreación y a todos los lugares que los demás internos de ese pabellón podían acceder. Tiene los mismos derechos que el resto. La discapacidad no debe ser un agravante de la pena. El encierro es la pena”, sostuvo Remón.

En este sentido, remarcó que si aceptaban el pedido de Patti iba a producirse un efecto dominó con todos los otros detenidos por delitos de lesa humanidad que hayan sufrido algún tipo de disminución física o mental, por leve que sea y así todos terminarían en sus casas. “Hay un detenido por lesa que nos pidió prisión domiciliaria por apnea del sueño”, recordó.

“En el caso de Patti fue muy clara la Corte cuando dice: ‘Basados en el informe de ADAJUS que considera que las adecuaciones en las condiciones carcelarias fueron las efectivas, el señor Patti puede estar en prisión’. De esto se trata”, afirmó Remón.

Por otra parte, recordó un caso en el que estuvo involucrado una persona con discapacidad intelectual y que derivó en ribetes insólitos.  Se trataba de un joven con una notoria que había ingresado en una casa para robar un equipo de audio. Los psiquiatras determinaron que podía afrontar un juicio y el fiscal lo llevó ante un tribunal. En medio de la audiencia, el fiscal le preguntó si tenía problemas con las drogas. El joven respondió que no. Luego, cuando le preguntaron qué había hecho durante la noche en que se lo detuvo llevándose un estéreo, el detenido contó que estaba fumando marihuana y tomando cerveza.

-Usted dijo que no tenía problemas con las drogas; se está contradiciendo- dijo el fiscal.

Remón era la Perito Intérprete en el juicio. Levantó la mano y pidió intervenir.

-El problema –dijo- es cómo se formula la pregunta. El detenido no tiene problemas con las drogas porque le gustan, las consigue y las consume.

Hubo una carcajada general y el juicio terminó ahí mismo.

Para la titular de ADAJUS, en estos casos el Estado se podría haber ahorrado una gran cantidad de dinero teniendo en cuenta el costo que representa llevar adelante un juicio oral. “Llegar hasta esta instancia no es necesario si hay una asistencia previa a las partes para poder informar qué tipo de proceso debe llevarse ante una persona con discapacidad. Y este es un punto muy claro que nosotros llevamos a cabo en forma permanente”, señaló.

Cabe recordar que ADAJUS fue creado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con el fin de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, y en particular con la obligación como Estado Parte de la Argentina de garantizar el efectivo acceso a la justicia de las Personas con Discapacidad.

El Programa depende de la Secretaría de Justicia de la Nación y su objetivo se enmarca dentro de las políticas de inclusión social que lleva adelante el Gobierno Nacional, con el objetivo de fortalecer los derechos de las personas con discapacidad a través de procedimientos adecuados, la comunicación e información.

Un nuevo contrato social

A su turno, el fiscal Patricio Sabadini abordó la cuestión de la discapacidad y la inclusión proponiendo dejar de lado el viejo contrato social de Jean-Jacques Rousseau al considerarlo anacrónico y reemplazarlo por el decálogo de Capacidades Funcionales Humanas Centrales que ofrece la filósofa norteamericana, Martha Nussbaum.

Los diez puntos a los que hace referencia Nussbaum y retomó Sabadini son:

1. Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin morir prematuramente o antes de que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena vivir.

2. Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada.

3. Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites físicos propios sean considerados soberanos. 

4. Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de poder hacer estas cosas de una forma realmente humana, es decir, informada y cultivada gracias a una educación adecuada.

5. Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos; amar a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia.

6. Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la planificación de la vida.