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El fiscal federal de Córdoba Alberto Lozada pidió 15 años de prisión para los cuatro ex militares acusados por las explosiones ocurridas el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), que causaron siete muertes, centenares de heridos y destrozos en gran parte de la ciudad. La semana pasada los abogados querellantes, representantes de las víctimas, habían reclamado penas de 17 años. La semana que viene se conocerá la sentencia.

Los imputados son Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, que eran autoridades de la fábrica. También están acusados Carlos Franke y Edberto González de la Vega, que integraban la conducción de Fabricaciones Militares, el organismo estatal del que dependía la fábrica.

El fiscal Lozada, que fue quien pidió las penas, resaltó que la voladura fue consecuencia de un atentado del propio Estado para ocultar la “faltante de proyectiles y municiones que tenía el ejército a raíz de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia”. El ex presidente Carlos Menen y el ex jefe del Ejército Martín Balza, en funciones al momento de los hechos, no son parte de este juicio porque fueron sobreseídos, no obstante esas resoluciones fueron recurridas y se espera que se definan.

El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) de Córdoba y  comenzó hace cuatro meses. Los jueces son Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón.

La audiencia de hoy arrancó después de las 9.30. Por la mañana, el fiscal Guillermo Lega habló de la intencionalidad, planificación y programación de las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero. El representante del Ministerio Público Fiscal Federal destacó las pericias químicas que demostraron que el inicio intencional del fuego podría haber comenzado a través de un dispositivo, como un teléfono celular.

En su alegato, Lega resaltó las graves anomalías descubiertas en las pericias contables, lo que demuestra los registros que tenía la Fábrica Militar, en favor del tráfico ilegal de armas que eran vendidas a Ecuador y Croacia.

"Acción programada y organizada"

De acuerdo a la elevación a juicio, la explosión sucedió a partir de una acción "intencional, programada y organizada", que tuvo origen en el "incendio de un tambor que contenía en su interior mazarota de trotyl o trotyl de descarga, ubicado en un tinglado existente en la Planta de Carga de la Fábrica Militar de Río Tercero".

Después de los fiscales, está previsto que el próximo miércoles formulen sus alegatos los defensores de los imputados Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, que son Ernesto Gavier y Tristán Gavier en ambos casos, y luego Marcelo Arrieta y Hugo Burgos, que representan a los otros dos acusados, Edberto González de la Vega y Carlos Franke, respectivamente. La estrategia de los imputados se basa en que no está probado que se haya tratado de un hecho intencional.

Según el cronograma del debate oral, la última audiencia está prevista para el 17 de diciembre, a las 9.30. Tras concederles a los imputados la última palabra, el Tribunal  dictará la sentencia.

Durante el debate, en varias oportunidades el fiscal y la querella pidieron que sea juzgado Menem, porque "se demostró su directa intervención en los hechos ilícitos (venta ilegal de armas a Croacia)" que se intentaron ocultar con las explosiones "provocadas" en la fábrica de Río Tercero.

En junio de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) de Capital Federal condenó a Menem a siete años de prisión por ventas ilegales de armas, entre 1991 y 1995, a Ecuador y Croacia, hecho por el cual también se impuso penas a otros ex funcionarios y exdirectivos de Fabricaciones Militares.