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La Cámara de Apelaciones del Trabajo de la provincia de Córdoba ordenó detener la construcción de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. La sentencia revierte el fallo de la jueza de conciliación Graciela Escudero de Fernández, que en primera instancia rechazó el reclamo de los ambientalistas locales. La organización “Malvinas lucha por la Vida” cuestionaba la constitucionalidad de la ordenanza municipal que autorizó la obra de 1500 millones de pesos.

Monsanto anunció la construcción de la planta en julio de 2012 en el paraje de quince mil habitantes. En la localidad bonaerense de Rojas funciona una de similares características. En este caso, la planta proyectada tenía una capacidad máxima de producción de tres millones y medio de bolsas de semillas para siembra. La construcción comenzó en ese entonces, pero fue interrumpida casi de inmediato por la protesta de los vecinos de Malvinas Argentinas, insatisfechos por los estudios de impacto ambiental que ofreció la empresa para obtener la autorización municipal. Ahora, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo ordenó suspender la obra hasta tanto se completen esos análisis y se remitan a la justicia.

Según la multinacional, la nueva instalación de acondicionamiento de semillas puede crear cuatrocientos nuevos puestos de trabajo, y tiene previsto consumir un setenta por ciento de insumos de origen nacional, ofreciendo una producción anual de sesenta mil toneladas de granos. Ubicada en el kilómetro 9 de la ruta provincial 188, los silos en donde se volcaría la producción se ubicarían a trescientos metros de una escuela, una de las principales preocupaciones de los ambientalistas. “Sabemos que ese vertido genera una polución muy contaminante, y no tenemos respuesta sobre cómo la evitarían”, declaró Gastón Mazzalay a Infojus Noticias, vocero de la asamblea Malvinas lucha por la Vida.

Los otros dos cuestionamientos principales giran en torno a los residuos sólidos y líquidos: “al principio dijeron que se iban a quemar en una cementera vecina, pero esa planta está cerrada hace más de un año”, explicó Mazzalay. Desde hace tres meses, los manifestantes mantienen un acampe en los terrenos lindantes con la obra, e impiden el ingreso de materiales para la construcción así como de todo personal que no sea de seguridad o de limpieza. Hasta fines de noviembre también podían ingresar los trabajadores de la construcción, pero después de un incidente con una patota encabezada por un dirigente de la UOCRA, decidieron restringir aún más la entrada de personas.

El periplo judicial

Durante el 2013 tramitó una medida cautelar que buscaba suspender la obra, tal como la demanda que acaba de ser resuelta en la Cámara de Apelaciones. Los asambleístas obtuvieron la misma respuesta que ahora de parte de la jueza de primera instancia: le dio la razón al municipio y a la empresa, hasta que la Cámara revocó el fallo y suspendió la construcción. Las autoridades de Malvinas Argentinas apelaron la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que volvió a validar el fallo de primera instancia y autorizó a continuar las obras.

El trámite ante el máximo tribunal de Córdoba no demoró más de un mes, pero cuando los ambientalistas apelaron a la justicia federal, retuvo el expediente sin dar respuesta a la apelación. De esa forma, al no aprobar o desestimar la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juicio estaba estancado. Ahora, Mazzalay estima que sucederá lo mismo con la sentencia de fondo.

Monsanto ya anunció a través de un comunicado que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior, que podría fallar antes de abril en el mismo sentido que ya lo hizo, y destrabar la construcción. Además, la empresa denunció en el texto que “hace más de tres meses que los empleados y contratistas de Monsanto no pueden ejercer el derecho a trabajar, debido a la acción de extremistas que bloquean los ingresos al predio, ejercen violencia y desoyen sistemáticamente las decisiones judiciales”. También comunicó que ya presentó el estudio de impacto ambiental ante la Secretaría de Ambiente de la provincia.

Los ambientalistas esperan un fallo adverso del máximo tribunal cordobés. En ese caso, aseguran que intentarán recurrir nuevamente ante la justicia federal. El vocero de Malvinas lucha por la Vida advirtió: “el Tribunal Superior no puede privar de justicia a quince mil personas. Si fallan en contra y no resuelven rápidamente el recurso para ir a la Corte Suprema, seremos más duros en la calle y profundizaremos nuestras acciones”. Mazzalay anticipó a Infojus Noticias que se multiplicarán los cortes y acampes si el expediente se estanca entre el tribunal provincial y la justicia federal.