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En los últimos ocho años Rosario duplicó la tasa de homicidios y se convirtió en la ciudad más violenta del país. El perfil de víctimas y victimarios es el mismo: varones jóvenes de barrios pobres, de entre 18 y 25 años. ¿Cómo investiga la Justicia estos casos? Un informe de la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) –realizado en base a una muestra de casos- reveló que el 78 por ciento de los casos quedan impunes.

“Esto es muy significativo, tiene que ver con la forma que investiga la Justicia Penal en la ciudad y con las prácticas policiales”, explicó a Infojus Noticias Eugenia Cozzi, coordinadora del equipo de investigación. “La baja tasa de condena se basa en la no investigación de estos hechos. En algunos casos la investigación avanza porque hay familiares moviendo la causa. Esto tiene que ver con rutinas del poder judicial”, agregó.

El proyecto de investigación, dirigido por Enrique Font (titular de la Cátedra) y Daniel Erbetta, analizó el avance de las causas judiciales de los homicidios cometidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012 en dos de los barrios más violentos de la ciudad. En esos años la cifra de crímenes en el departamento Rosario pasó de 120 a 182. La tasa de homicidios de ese año –hasta ese momento el más violento desde el regreso de la democracia- fue de 15,24 por cada 100 mil habitantes, triplicando la media nacional y superando ampliamente a ciudades como Buenos Aires (5,71) o Córdoba (5,47).

El informe preliminar de la Cátedra de Criminología arrojó datos en relación a la tasa de esclarecimiento, de procesamiento y condena y a la caracterización de víctima y victimario por sexo y edad. Allí se observa que la tasa de esclarecimiento (casos en los que se tomó al menos una declaración indagatoria) es del 55 por ciento. “Es muy bajo ese número, incluso en comparación a nivel regional”, explicó Cozzi.

“A partir de nuestro relevamiento advertimos en muchos casos que en el Parte preventivo de la policía o en los primeros testimonios vertidos en sede policial o judicial se indicaban nombres de diversos posibles autores y luego no se realizaban medidas para individualizarlos o aparecían otros testimonios que desmentían esas primeras versiones y los casos quedaban sin ser esclarecidos”, explicaron desde la Cátedra de Criminología.

El hecho de que en muchos casos se individualice a un sospechoso y luego se lo indague, no significa que esa causa avanza. De los 145 homicidios analizados, en el 69 por ciento de los casos no hubo sospechosos procesados. La tasa de condena es aún más baja: solo en 32 casos (22 por ciento) se dictaron penas para el o los victimarios. “Es un problema estructural, hay una gran inactividad judicial”, contó Cozzi.

El proyecto

La investigación inició con una primera etapa de capacitación del equipo y delimitación de objetivos. El equipo estuvo coordinado por Eugenia Cozzi, Marcelo Marasca y Marcia López e integrado por Natalia Agusti, Luciana Torres, Leandro Luque, Juan Ignacio Chia, Juan Pablo Minichelli, Leila Ruiz, Florencia Sánchez, Bernardette Blua, Andrés Jurado, Sofía Abriata, Luciana Dip, Francisco Broglia y María Eugenia Mistura, todos integrantes de la Cátedra de Criminología.

Durante la elaboración del informe se encontraron con algunas dificultades. En primer lugar, el Ministerio de Seguridad de la provincia negó el acceso a la información requerida. Luego, al avanzar sobre el análisis de los expedientes, descubrieron que el 8 por ciento de ellos se habían “perdido” en los Tribunales y un 5 por ciento no eran accesibles.      

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