Infojus Noticias

"La marca de la infamia. Asesinatos, complicidad e inhumaciones en el cementerio de La Plata", es el libro en el que la Madre de Plaza de Mayo, Adelina Dematti de Alaye, reconstruye la participación de los médicos de la morgue policial de La Plata durante la última dictadura cívico –militar, en la que secuestrado y permanece desaparecido su hijo Carlos. Esta tarde Adelina presentará el libro, editado por la editorial Infojus, en Ensenada, junto a Rosa Bru, la mamá de Miguel, el joven estudiante de periodismo desaparecido en democracia por la policía bonaerense.

La presentación será a las 18, en la esquina de Ortíz de Rosa y Garay, y junto a Adelina y Rosa estarán Norberto Liwski coordinador general del Movimiento San Martín y otros referentes de la agrupación.

Con la colaboración de la investigadora Karen Wittenstein y del médico Ricardo Martínez, en el libro, Adelina reconstruye la participación de los médicos de la morgue policial en el enterramiento y las inhumaciones de cuerpos ingresados como NN al cementerio de La Plata, durante la última dictadura cívico-militar. Tras cotejar cada registro con los certificados de defunción, las actas de inhumación y los testimonios de los policías médicos en el Juicio por la Verdad y otras audiencias judiciales, Adelina llegó a una conclusión: “esos médicos se insertaron sin problemas como herramientas en la fábrica del horror”.

Los primeros indicios sobre el rol de los “morgueros” los conoció Adelina muy temprano en la búsqueda de su hijo. Porque “Licha” Zuasnabar de la Cuadra y “Chicha” Chorobik de Mariani, las primeras presidentas de Abuelas de Plaza de Mayo, “periódicamente recorrían el cementerio con un ramo de flores, anotando en una libretita los datos de las tumbas NN, con la fecha y el lugar”, explicó a Infojus Noticias. Con esmero de madre, docente, fotógrafa e investigadora siguió esa pista y entre los documentos que encontró se detuvo en un libro de registros de la Morgue Policial, donde los médicos de la policía bonaerense anotaban su trabajo diario.

Del análisis de ese documento extrajo las primeras conclusiones: los cadáveres de las víctimas del terrorismo de Estado recibían un trato diferente, la causa de muerte se consignaba en una línea: “destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego”, en la mayoría de los casos. No había datos sobre la dirección del proyectil, ni sobre la cantidad de disparos u otras lesiones (que podrían ser signos de tortura). Y tampoco alguna particularidad que permitiera su posterior identificación.

Desde que la investigación de Adelina tomó estado público en el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha, alguno de sus objetivos comenzaron a cumplirse. El hasta entonces vicedecano de la Facultad de Medicina de la UNLP, Enrique Pérez Albizú, renunció a su cargo y después fue exonerado por las autoridades de la universidad, porque Adelina demostró que –entre el 25 de febrero y el 25 de mayo de 1977– firmó nueve registros de exámenes de cadáveres NN de personas asesinadas por la represión dictatorial. La condena pública es solo una parte, Adelina es taxativa: “los policías médicos deben ser investigados, procesados y juzgados porque fueron una pieza clave en la perpetración del genocidio”.