Infojus Noticias

El 5 de octubre de 1977, cerca de las siete de la tarde, Adelina Dematti de Alaye se desplomó “como un sapo, así toda larga” –como contó alguna vez- frente a la parada del micro que iba desde el centro de La Plata hasta Ensenada. A esa hora en Ensenada, un grupo de tareas secuestró a su hijo Carlos Esteban Alaye y para ella comenzó la búsqueda en la que lleva 37 años, junto a otras Madres de Plaza de Mayo. En ese camino, hoy presenta en la Universidad Nacional de La Plata la segunda edición de "La marca de la infamia. Asesinatos, complicidad e inhumaciones en el cementerio de La Plata".

Con la colaboración de la investigadora Karen Wittenstein y del médico Ricardo Martínez, en el libro editado por la editorial de Infojus Adelina reconstruye la participación de los médicos de la morgue policial en el enterramiento y las inhumaciones de cuerpos ingresados como NN al cementerio de La Plata, durante la última dictadura cívico-militar.Tras cotejar cada registro con los certificados de defunción, las actas de inhumación y los testimonios de los policías médicos en el Juicio por la Verdad y otras audiencias judiciales, Adelina llegó a una conclusión: “esos médicos se insertaron sin problemas como herramientas en la fábrica del horror”.

Los primeros indicios sobre el rol de los “morgueros” los conoció Adelina muy temprano en la búsqueda de su hijo. Porque “Licha” Zuasnabar de la Cuadra y “Chicha” Chorobik de Mariani, las primeras presidentas de Abuelas de Plaza de Mayo, “periódicamente recorrían el cementerio con un ramo de flores, anotando en una libretita los datos de las tumbas NN, con la fecha y el lugar”. Con esmero de madre, docente, fotógrafa e investigadora siguió esa pista y entre los documentos que encontró se detuvo en un libro de registros de la Morgue Policial, donde los médicos de la policía bonaerense anotaban su trabajo diario.

Del análisis de ese documento extrajo las primeras conclusiones: los cadáveres de las víctimas del terrorismo de Estado recibían un trato diferente, la causa de muerte se consignaba en una línea: “destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego”, en la mayoría de los casos. No había datos sobre la dirección del proyectil, ni sobre la cantidad de disparos u otras lesiones (que podrían ser signos de tortura). Y tampoco alguna particularidad que permitiera su posterior identificación.

Las sombras en los documentos

Cuando se lo llevaron, Carlos tenía 21 años y militaba en la JUP Montoneros. Esa noche, Inés Ramos, su esposa, embarazada de cuatro meses, le hizo conocer la noticia a Adelina. El mensaje llegó cifrado: habló de un “accidente”. “Yo dije: 'Está preso o está muerto'. Eran tiempos en los que estaba en juego la vida y lo habíamos hablado”, confía Adelina a Infojus Noticias en el pequeño departamento donde vive y sigue delineando el mapa que dejo el cruce entre la represión y las resistencias que la enfrentaron.

Los rastros de su hijo, en un momento Adelina los buscó en el libro de la morgue policial, en el cementerio de La Plata. “Desde el instante en que vi la inscripción en el libro de la morgue del asesinato de un muchacho (…) en la noche del 5 de mayo de 1977, tuve la convicción de que se trataba de mi hijo, Carlos Esteban Alaye, desaparecido ese mismo día en Ensenada”. Así comienza el capítulo 13 de La marca de la Infamia y muestra a las claras los dolores que enfrentó Adelina, ante la pista que plantaron los escribas de la muerte en la morgue policial y después se develó falsa.

“¿Qué me indujo a pensar que se trataba de Carlos?”, se pregunta y enumera la cadena de coincidencias:

-“Mi hijo tenía 21 años cuando desapareció” y el registro de muerte que firma el médico policial Luis Bajkovec habla de un NN masculino de “más o menos 30 años” y “sabemos que a veces la edad atribuida difería bastante de la real (aunque la abrumadora mayoría fluctuaba entre los 20 y los 30 años”.

-Sin dudas el ejecutado era un militante político: anotado como “SUB” (presumiblemente al mote subersivo con el que la dictadura justificó la persecución) y la sección interviniente es el Área Operacional 113,

-El lugar de muerte sigue también el rastro de Carlos, porque está indicado en la calle 197 y ruta 10, precisamente donde funciono La Cacha, el centro clandestino donde fue visto “malherido” por otros detenidos.

Incansable, Adelina siguió investigando. Y supo que ese día, junto a ese NN masculino, ingresaron a la morgue el cuerpo de una joven, también NN. Otra vez sin datos significativos para su identificación, pero con los mismos datos sobre el lugar de la caída. “Como siempre, brillan por su ausencia las trayectorias de los disparos y la autopsia”, comentó. También lo firma Bajkovec. 

Su tenacidad la llevó a dar con los nombres de esos jóvenes: “estamos en condiciones de afirmar entonces que los registros del Libro Morgue del 5 de Mayo de 1977 corresponden a los asesinatos de Susana Quinteros y Juan Enrique Reggiardo”, apunta en el libro que presenta hoy en La Plata. Los policías médicos, al omitir las señales de torturas, las trayectorias de los proyectiles y las circunstancias de muerte ocultaron que fueron sacados luego de un largo encierro en el centro clandestino conocido como La Cacha, en las afueras de La Plata.

“Sigo sin saber qué hicieron con mi hijo”, escribió Adelina en el último capítulo del libro que presenta hoy en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”. Es a las 18.30 en la sala Dardo Rocha del rectorado de la Universidad Nacional de la Plata, en la avenida 7 Nº 776. Estará acompañada por el director del programa de Acceso Comunitario a la Justicia de la Procuración General de la Nación, Julián Axat; la directora de Derechos Humanos de la UNLP, Verónica Cruz; la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Florencia Saintout, y el director de Formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Matías Moreno.

Desde que la investigación de Adelina tomó estado público en el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha, alguno de sus objetivos comenzaron a cumplirse. El hasta entonces vicedecano de la Facultad de Medicina de la UNLP, Enrique Pérez Albizú, renunció a su cargo y después fue exonerado por las autoridades de la universidad, porque Adelina demostró que –entre el 25 de febrero y el 25 de mayo de 1977–  firmó nueve registros de exámenes de cadáveres NN de personas asesinadas por la represión dictatorial. La condena pública es solo una parte, Adelina es taxativa: “los policías médicos deben ser investigados, procesados y juzgados porque fueron una pieza clave en la perpetración del genocidio”.