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Una nueva causa se sumó al copioso expediente del juicio por la megacausa La Perla, el más grande por delitos de lesa humanidad en Córdoba. Según confiaron fuentes judiciales, los hechos se remontan al 25 de abril de 1977 en horas de la madrugada, cuando en varias operaciones simultáneas, tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, dependiente del III Cuerpo del Ejército, por órdenes de Luciano Benjamín Menéndez, sin orden judicial y haciendo valer su condición de funcionarios públicos, ingresaron ilegalmente a las instalaciones de empresas del grupo Mackentor, aduciendo un supuesto financiamiento a organizaciones "subversivas".

Según la acusación, en todos los casos "la violencia habría consistido en reducir a todos los empleados de las empresas, que estaban sumidos en una absoluta indefensión dado que se encontraban en plena tarea laboral y fueron sorprendidos por la parafernalia de guerra de los militares y proceder a la ilegítima detención de algunos de ellos, al tiempo que habrían accedido así por fuerza, a punta de arma de fuego, a todos los bienes muebles y documentación existente".

En ese contexto, "con el fin de procurar una supuesta `legitimación´ de la maniobra usurpadora, Menéndez ordenó al titular de la brigada de Infantería Aerotransportada, general Arturo Gumersindo Centeno (fallecido) que se presentara ante el fallecido juez federal, Adolfo Zamboni Ledesma, el 28 de abril de 1977", tres días después.

En esa oportunidad se le solicitó al magistrado, invocando la existencia de una “investigación”, llevada a cabo por ese “Comando”, la "urgente intervención judicial de las empresas Mackentor SA., Del Interior SA., y Horcen SA. (que se encontraban “militarmente” intervenidas).

El magistrado "legalizó" la maniobra, haciendo lugar a la petición y le adjudicó al ejército “el manejo total y absoluto de sus respectivas administraciones”, disponiendo la intervención de las firmas mencionadas y designando al militar Coronel (RE.) Rodolfo Batistella para su desempeño".

El grupo estaba integrado por tres empresas: Mackentor, Horcen y Edisa. La primera tenía dos campos de 8.000 hectáreas cada uno en Santiago del Estero, en sociedad con otra persona de apellido Hais, en la que Mackentor tenía el 70 por ciento de las acciones.

También era poseedora de una una finca en la provincia de San Juan, dedicada a la producción vitivinícola; una planta de fabricación de caños de alta presión en barrio Las Flores, en la ciudad de Córdoba, inmuebles en la capital provincial, una planta en barrio los Boulevares, y oficinas en la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la empresa Hormigón Centrifugado (Horcen) era poseedora de una propiedad de dos hectáreas donde estaba la planta de fabricación en camino a Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

En tanto la tercera empresa del grupo Mackentor: Empresa del Interior Sociedad Anónima (Edisa), se dedicaba a la fabricación de refrescos (representaba a Cunnintong, de Crush), que fue vendida luego que el presidente del grupo y principal accionista, Natalio Kejner, se fuera del país.

Durante el operativo de apropiación, los militares tomaron las tres empresas: Mackentor, Horcen y Edisa, ignorando que ésta ya no pertenecía al grupo, sino a un ingeniero de apellido Abichaín, y las intervinieron, apropiándose ilegalmente de ellas.

En cuanto a las razones del apoderamiento e intervención por parte del ejército, se lo atribuyó a que los represores del proceso tenían un solo objetivo: "destruir a Mackentor" porque representaba una concepción empresarial nueva.

En ese sentido se indicó que frente a las empresas extranjeras que dominaban la construcción de las grandes obras nacionales, estaban las empresas argentinas que tenían dos defectos, estaban manejadas por las empresas extranjeras que las sometían a contratos viles y las debilitaban poco a poco, y por otro lado entre ellas pactaban acuerdos desnaturalizando las licitaciónes, a tal punto que Mackentor resuelve desafiliarse como miembro de la Cámara Argentina de la Construcción.

En esa causa están imputados los represores Luciano Benjamín Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, José Luis Yañez, Enrique Alfredo Maffei, Angel Corvalán, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, José Andrés Tofalo, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero, en tanto que Jorge Rafael Videla, Hermes Oscar Rodríguez, Manuel Absalón Díaz y Eduardo Porfidio Ríos, fueron sobreseidos por fallecimiento.

Los cargos por los que fueron imputados son "abuso de poder; usurpación; allanamiento ilegal de domicilio; robo calificado; privación ilegítima de la libertad agravada e Imposición de tormentos”.

En la causa Mackentor se juzga el secuestro y tortura de 20 personas, entre empleados y directivos del grupo Mackentor, quienes fueron privados ilegítimamente de la libertad y alojados en el centro clandestino de detención y torturas La Ribera y en un caso también en La Perla, donde fueron sometidos a distintos tipos de tormentos.