Infojus Noticias

Esta mañana en La Plata, el titular de la UFI Nº 11, Álvaro Garganta, recibió una denuncia por abuso de autoridad contra el personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI-La Plata). El viernes pasado, los policías de la DDI  participaron de un operativo en el que detuvieron a los delegados de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Educación.

Después de reunirse con un funcionario de la Dirección General de Cultura y Educación durante apenas 5 minutos, los trabajadores fueron abordados “intempestiva y violentamente” por “15 a 20 personas vestidas de civil”, dice el texto de la denuncia. Donde también señalan que todos ellos “refirieron haber sufrido amenazas en relación a que les sucedería algo malo a sus hijos.”

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) —una de las organizaciones que encabezó la presentación, junto a ATE y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA –La Plata) dijeron a Infojus Noticias que también solicitaron a las Comisiones de Derechos Humanos de la Legislatura provincial que intervinieran.

Su titular, Alejandro Mosquera dijo que el procedimiento fue “absolutamente ilegal. Unos veinte hombres vestidos de civil, se presentaron y se los llevaron sin esgrimir ninguna orden. Los estaban esperando a la salida de una reunión con un funcionario de la Dirección General de Cultura y Educación, lo que habla a las claras que estaban vigilando sus movimientos”.

Margarita Jarque, la directora del programa de litigios estratégicos de la CPM, sintetizó: “estamos hablando de una detención ilegal o  directamente, un secuestro”.

El objetivo de la denuncia

Los denunciantes esperan que se investiguen los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y amenazas contra los cinco representantes gremiales que el viernes pasado fueron apresados al salir de una reunión con el funcionario de la Dirección General de Cultura y Educación, Daniel Montes de Oca, donde solicitaron ayuda para los trabajadores de educación afectados por la inundación del 2 de abril.

También requieren que se sepa quién y cómo ordenó el operativo, para determinar las responsabilidades materiales y políticas del hecho. Piden que se dé a conocer la titularidad de los autos de civil en los que fueron trasladados los trabajadores, que la DDI informe los nombres y cargos de las personas que participaron en el operativo y de quienes les daban las órdenes.

Exigen que Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informe “el listado del personal afectado a tareas de inteligencia y que haya tenido que ver con la etapa previa a las detenciones producidas.”

La detención de Silvia Valdez, Alejandro Sánchez Moreno, Miguel Ciappina y María Inés Uro, los 4 delegados de la junta interna de ATE, y del militante de la agrupación HIJOS 55, Marcelo Ardetti, había sido requerida por el fiscal Tomás Morán. Los trabajadores tenían una causa por “coacción agravada”, como resultado de un conflicto gremial que tuvo lugar en octubre de 2012. Los trabajadores de educación intentaban impedir los recortes del sueldo “de bolsillo” que dispuso la titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Nora de Lucia.