El juez de garantías N° 2 de La Plata, César Melazo, autorizó hoy la excarcelación de los cinco delegados de la Junta Interna de ATE Educación que fueron detenidos ayer tras reunirse con un funcionario de la Dirección General de Cultura y Educación. Pasaron la noche encerrados en la alcaidía de los tribunales penales, en La Plata. Y fue revocado el pedido de captura que pesaba sobre otra militante gremial, a la que aún no habían detenido.
Una vez liberados, los delegados estuvieron con la gente que estuvo todo la noche esperando que los dejaran en libertad. Calificaron la detención como "secuestro" y dijeron estar “muy emocionados". "Agradecieron ser rescatados por la lucha popular”, dijo a Infojus Noticias su abogada defensora, Claudia Ferrero.
Según lo establece el Código Procesal, Melazo tenía cinco días para definir las excarcelaciones, pero la defensa le pidió que lo hiciera dentro de las primeras 24 horas, explicó Ferrero.
La abogada informó que las detenciones de Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez y Miguel Ciappina y Marcelo Ardetti, se dieron en el marco de una causa “floja de papeles, en la que durante seis meses no hubo un movimiento y hace dos días libraron la orden de detención”.
Durante seis meses la causa no avanzó. Ayer los detuvieron tras una reunión con Daniel Montes de Oca, el titular de la Dirección Provincial de Negociaciones Colectivas. Le habían reclamado asistencia para los 300 empleados de la cartera educativa afectados por las inundaciones del pasado 2 de abril.
Según informaron fuentes gremiales, a fines de 2012 Montes de Oca los había denunciado por “coacción agravada” tras una reunión en el marco de la toma del edificio ministerial. La toma duró 11 días. Los trabajadores de la educación intentaron impedir los recortes del sueldo “de bolsillo”. Nora de Lucía, directora general de Cultura y Educación, pretendía quitar del sueldo el cupo de horas extras que, ante un sueldo de 3.400 pesos, representaba parte importante de los ingresos para los trabajadores.
Ferraro confirmó que por esos hechos se abrieron tres investigaciones penales. Y concluyó: “Evidentemente hay una orden política para llevar adelante estas causas”.