Infojus Noticias

A nueve meses de la peor tragedia ocurrida en la ciudad de La Plata, continúa la investigación judicial que busca determinar errores e irregularidades en el registro y el cómputo de las víctimas fatales de la inundación del 2 de abril. “En la causa se están realizando medidas de pruebas peticionadas por las partes para constatar si los causales de muerte de algunas víctimas tienen que ver con la inundación”, dijo el juez Luis Federico Arias a Infojus Noticias. En algún momento, se especuló con que el magistrado en lo contencioso administrativo N°1 de La Plata podía dictar una sentencia antes de fin de año. “No se pudo cerrar por la cantidad de información y pruebas que siguen surgiendo, pero esperamos poder hacerlo cuanto antes”.

El magistrado concentra en su despacho del centro platense, un gran expediente de “habeas data” que lleva contabilizadas, según los rumores de quienes siguen de cerca la pesquisa, alrededor de 80 muertos, aunque no lo confirma. “A partir de que las pidieron la reserva del expediente, decidimos no dar a conocer las identidades y las circunstancias de los nuevos casos, ni la cantidad de los mismos. Nos parecía que quedaban expuestos los familiares. Vamos a dar toda la información cuando dictemos sentencia”.

-¿Se produjo más prueba de las muertes?

-Se han denunciado más víctimas y se ha producido muchísima cantidad de prueba, pero la documental no nos ha brindado demasiado. Las llamadas del 911, y los registros fílmicos de las cámaras de vigilancia de la municipalidad de La Plata se perdieron por cortes de luz. En el 911 hay grupo electrógeno, pero según el Ministerio de Seguridad tardó en activarse y en ese interín se perdieron los registros, y en el caso de la municipalidad no había grupo electrógeno.

El juez detalló, además, que de los días posteriores tampoco hay cintas porque ningún operador del monitoreo hizo un back up, y las imágenes se borraron con las siguientes. “No puedo afirmar que haya un ocultamiento, pero parece increíble que no haya un grupo electrógeno para prever situaciones como esa, y que nadie haya hecho un archivo de los días posteriores al hecho más trágico de la historia de la ciudad”, razonó Arias.

Según el magistrado, otras irregularidades fueron apareciendo con el avance de la pesquisa. Un ejemplo: la policía federal y los Bomberos dijeron institucionalmente no haber intervenido en la contención de los desmadres provocados por el agua. Pero Arias afirma tener pruebas de lo contrario: “al menos en ciertos lugares”. Los últimos días del año, hubo otra cuestión que levantó polvareda: el juez las llamó en los medios de comunicación como las “muertes duplicadas”.

Cadáveres mellizos

“Detectamos que una persona fallecida había sido inscripta dos veces, pero no sólo en el registro de las personas, sino que había dos tumbas en el cementerio con el mismo nombre”. Arias ordenó exhumar los nichos, y los expertos que asistieron al acto, por el estado del cadáver, presumieron que se trataba de muertos anteriores a la inundación. Sin embargo, el dato será corroborado por la autopsia, que ya fue ordenada. “El cadáver estaba reducido y probablemente tenga una antigüedad de más de dos años, pero no dejan de ser preocupantes las prácticas administrativas respecto de las muertes, demuestran un descontrol muy grande, porque supongamos que uno de los dos cuerpos corresponde a la identidad que dice, ¿pero la otra quién es?”, se preguntó.

El magistrado ordenó peritajes para intentar determinar de quién se trata el cadáver mellizo, y asegura que presentará una denuncia penal por las desprolijidades en las inscripciones mortuorias. “No es el único caso, estamos atrás de más casos de muertes duplicadas. Todo esto proviene de la morgue policial, la misma que no nos dejó entrar los días siguientes a la inundación”, dijo. “A esta altura, y con todas las irregularidades que hemos observado, todo es posible. No podemos descartar nada”, concluyó.

La otra dimensión judicial, que indaga las responsabilidades penales después de la catástrofe, avanza con muchísimo menos ímpetu. Numerosos expedientes quedaron en manos del fiscal penal Jorge Paolini que tiene por delante la tarea de dilucidar las responsabilidades políticas por un supuesto estrago. Por el momento, no hay funcionarios procesados y los únicos que concurrieron a testimoniar –en calidad de testigos- son aquellos que tienen cargos rasos: delegados comunales. A fin de año, Paolini libró oficios a la entonces presidenta del Concejo Deliberante, Valeria Amendolara, y al ministro de Infraestructura, Alejandro Gaspar Arlía.

El jueves pasado, al atardecer, las organizaciones de vecinos inundados y los familiares de víctimas fatales de la catástrofe social volvieron a marchar, desde el palacio municipal hasta la Casa de Gobierno, renovando las peticiones que los agrupa desde el día en que el agua transformó sus vidas: “Esclarecimiento del número de personas fallecidas, juzgamiento a los responsables, obras para evitar que se repita la inundación, un plan de contingencias, revisión del actual Código de Ordenamiento Urbano platense, subsidios y exenciones impositivas por al menos un año”.