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El juicio por el ex centro clandestino “La Cacha” sigue despertando un interés social que no se cierra sólo a las audiencias. A raíz de una declaración de la Madre de Plaza de Mayo de La Plata, Adelina Dematti de Alaye, que en una de las jornadas del juicio denunció a 21 médicos de la morgue policial de la provincia por firmar certificados de defunción de personas asesinadas por la dictadura, se puso la lupa sobre el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, Enrique Pérez Albizu, uno de los firmantes de aquellos documentos. Y cuando los organismos de derechos humanos preparaban una denuncia, Pérez Albizu renunció hoy a su cargo. De ese modo, se abrió un panorama inesperado y la justicia podría citarlo a declarar.

“Logramos la renuncia por la movilización estudiantil. Ayer tomamos el rectorado para pedir la remoción de Pérez Albizu. Cuando desde la Facultad de Medicina nos confirmaron su renuncia, lo festejamos como un triunfo. Ahora queremos investigar a otros médicos que sabemos que estuvieron vinculados con la dictadura”, dijo a Infojus Noticias Laura Cano, secretaria de prensa de la Federación Universitaria de La Plata (FULP). Y aclaró que “hay varios médicos que se jubilaron sin que se los investigara, como Horacio Barragán, de quien sospechamos que colaboró con los militares”.

La declaración de Dematti de Alaye se relaciona a una investigación histórica que viene realizando por cuenta personal y en la que también participó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata. Adelina construyó un fondo documental que actualmente está en el Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires. La investigación cuenta con un antecedente histórico de sumo valor. Se trata  de un informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, donde se denunció la presencia de enterramientos N.N. en el cementerio de La Plata. Antes de que se enterraran los cuerpos, el informe corroboró que los médicos de la policía firmaban actas de defunción truchas.

“Era una forma de legalizar lo ilegal. Había peritajes deficitarios. Usaban una misma fórmula: ponían ‘muerte por destrucción de masa encefálica por disparo de arma de fuego’. Es decir: recreaban la idea de que eran muertes por falsos enfrentamientos. Era una maniobra de ocultamiento efectuada por la fuerza policial con complicidad de los médicos, tanto sobre las razones de muerte como sobre las identidades de los cuerpos, que si bien los ponían como N.N., eran personas que estaban minuciosamente identificadas”, dijo a Infojus Noticias Ricardo Martínez, médico que ayudó a Adelina en su investigación.

Según Martínez, se comprobó que Pérez Albizu puso la firma médica en, al menos, la muerte de nueve personas. “Es difícil establecer la precisión de los datos, porque 23 libros de la morgue fueron destruidos deliberadamente a fines de los ochenta. Sólo quedo un libro que nos permite conocer un período de 1977”, agregó.

Pérez Albizu declaró a fines de los ‘90 ante un tribunal federal de La Plata. Allí reconoció que se desempeñó  en la Dirección de Sanidad en el segundo semestre de 1977. “Permanecí ahí hasta el año 1979 o 1980. Después hice medicina asistencial en la Escuela Vucetich y en la Escuela Dantas y, en 1981 o1982, no lo puedo precisar, volví a trabajar como médico de la Junta Médica Superior que hace medicina laboral con el personal policial. Me desempeñé en esa función, como médico en la Junta Médica en mi especialidad que es la cirugía hasta que me fui en el año 1995”, dijo en aquella oportunidad ante los jueces Julio Víctor Reboredo, Carlos Alberto Nogueira y Leopoldo Héctor Schiffrin.