Fue después de una protesta frente a la Fiscalía Federal de la que participaron familiares de acusados de torturar a dos personas. La investigación involucra a dos jefes policiales de Santa Fe y a dos agentes, defendidos por un exfiscal muy cuestionado.
El fiscal federal de Reconquista Roberto Salum fue "escrachado" ayer por un grupo de familiares y allegados a los cuatro policías detenidos y acusados de torturar a Gustavo Fabián Cernadas y Ángel Luis Ramírez el 25 de marzo durante una detención donde se incautó droga. De la protesta frente a la fiscalía también participó la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), organización policial que se reivindica como gremio. La Procuraduría contra la violencia institucional respaldó públicamente el trabajo de Salum.
En cambio, la bandera que sostenían dos mujeres en la protesta decía: “apoyo a los policías con vocación de servicio”. Alberto Martínez, el titular de Apropol -“primer sindicato policial de Santa Fe”- escribió en un artículo de su web: “no me cabe la menor duda de que es una causa claramente armada a favor del narcotráfico” La nota de opinión estaba ilustrada con el dibujo de un policía gordo y uniformado, las manos atadas a la espalda y un globo que formulaba la pregunta: “¿Y así quieren resultados?”. Fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron a Infojus que “no existen sindicatos policiales en ninguna parte de la República Argentina. Son asociaciones sin personería jurídica y con un bajísimo nivel de representatividad dentro de las fuerzas”.
Los policías acusados son el jefe de Inteligencia de Zona Norte, Daniel Musante; el jefe de la Brigada Operativa Departamental IX, Sergio Senn; y los oficiales principales Luciano Martínez y Germán Arce. Están imputados por el delito de imposición de torturas. El médico policial Alejandro Daveau, quien revisó a Ramírez y Cernadas en la comisaría, está imputado por la omisión de denunciar las torturas.
Mientras tanto Ramírez y Cernadas continúan detenidos en la Unidad N° 7 de Resistencia, en Chaco -adonde fueron trasladados desde Reconquista- bajo el cuidado del Servicio Penitenciario Federal. Ramírez presenta un edema en el costado derecho de su cara, fractura del maxilar inferior en el lado derecho y hematoma en su zona costal izquierda. Cernadas tiene hematomas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la zona cercana a los ojos.
Desde la Procuración General de la Nación se respaldó el trabajo del fiscal Salum y la asistencia de la Procuraduría contra la violencia institucional, a cargo de Abel Córdoba: “La acción de los representantes del Ministerio Público ha sido cuestionada por algunos sectores policiales, que hoy confluyeron en una marcha frente a la Fiscalía Federal para protestar contra la labor investigativa desarrollada. Frente a estos hechos, la Procuración General de la Nación reitera su apoyo a la comprometida investigación llevada adelante por el fiscal Salum”.
La defensa de los policías, pergeñada por su abogado, el exfiscal federal Cristobal Cávanagh, está basada en una supuesta “resistencia a la autoridad” en el momento de la detención de Ramírez y Cernadas. El defensor dijo que “a consecuencia del procedimiento se desprenden no solo alguna lesiones (no las fracturas posteriores) de los detenidos, sino además los policías también con consecuencias físicas de la refriega ya que los detenidos, en un claro, legal y legítimo procedimiento policial antidrogas se resistieron fuertemente y debieron hacer uso lógico de la fuerza pública”.
En el mismo sentido, desde Apropol, Martínez dijo que “hay contradicciones más que evidentes en la denuncia presentada al igual que en las lesiones, que son de casi tres días después del arresto y que se dieron en medio de una feroz resistencia por parte de los detenidos”, a quienes explicó que se los conocía como “pesados” de la zona.
Anticipándose a esta posibilidad, Abel Córdoba había explicado a Infojus que de comprobarse el armado de una causa bajo la carátula de “resistencia a la autoridad”, se debería sumar una segunda imputación. “El relato ficticio sobre la situación de detención es una conducta también a analizar, porque podría configurar un nuevo delito”
En una entrevista realizada pocos días después de asumir al frente de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Córdoba había dicho a la red de periodistas judiciales Cosecha Roja que existe un “estudio del Ministerio de Seguridad que habla sobre cómo la policía maneja la compuerta de la “resistencia a la autoridad”. En el momento de la detención, el policía hace un informe donde consta la “resistencia a la autoridad”. Eso da inicio a una causa judicial. Queremos detectar cómo funciona ese mecanismo y a eso sumarle el armado de causas”.
Quién defiende a los policías
Durante la protesta de ayer los manifestantes aseguraron tener una grabación que involucra a la fiscalía donde dos narcos ofrecen dejar la mitad de lo recaudado. Curiosamente el registro es de 2008, cuando el fiscal a cargo era Cristóbal Cavanagh, el mismo abogado que ahora ejerce la defensa de los policías.
Lahistoria de este exfiscal federal estuvo signada por su relación con el exjuez federal Eduardo Fariz, quien terminó con un juicio político. Cávanagh renunció antes de llegar al jury, pero con serias sospechas sobre su desempeño.
En un escrito que presentaron ante el Congreso de la Nación en 2006 los dirigentes sindicales Julio Piumatto y Carlos Minella advirtieron que Cávanagh llegó a ser fiscal “de la mano de Fariz, sin ningún antecedente que amerite su nombramiento”. Hasta entonces Cávanagh era relator de un juez del Tribunal Oral de Santa Fe. Según el informe “carecía de antigüedad en la justicia" y tampoco tenía "antecedentes académicos, ni docentes. Incluso se había recibido de abogado luego de una larga carrera".
Como fiscal se caracterizó por su ineficiencia para investigar delitos tributarios cometidos por grandes empresas, por procesar a activistas sociales y permitir, con el apoyo del juez Fariz, salidas irregulares de detenidos.
El caso que llevó al juez a juicio político en febrero de 2006 y determinó la posterior renuncia de Cávanagh, ocurrió un año antes. Según pudo comprobarse, entre julio y agosto de 2005 el juez había acordado con dos abogados defensores, Hugo Rebechi y Ricardo Degoumois, la liberación de Aldo Ferrero, detenido meses antes con 150 kilos de marihuana. Doce horas después de su liberación, el policía que lo había detenido, Claudio Capdevila, fue asesinado de un balazo.