Infojus Noticias

Ana María Acevedo tenía 19 años y tres hijos cuando falleció después de que seis médicos de los hospitales Iturraspe y Samco de Vera, en la ciudad de Santa Fe, se negaran a practicarle un aborto terapeútico para que pudiera recibir un tratamiento de radioterapia para combatir un cáncer de mandíbula. Ayer, el gobierno de la provincia reconoció su responsabilidad en la muerte de la joven. Es la primera vez que, sin recurrir a instancias judiciales, el Estado reconoce que debería haber actuado de otra forma en un caso de aborto legal. El fiscal de Estado Pablo Saccone firmó un convenio con los padres de la adolescente en el que acordó pagarle una indemnización a la familia, a modo de resarcimiento por el accionar de los médicos y las autoridades del hospital provincial.

 

“Mamá. Que paguen los culpables por habernos dejado solos”, decían las remeras que llevaban puestas los tres hijos de la mujer que murió en 2007. Tienen 9, 10 y 12 años. Ayer estuvieron en la audiencia con el fiscal junto con sus abuelos Norma Cuevas y Aroldo Acevedo. Los acompañó Paula Condrac, abogada de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe. Todos estaban sastifechos con la decisión: es la primera vez que alguien reconoce la responsabilidad por la muerte de Ana María. 

 

“Es un hecho histórico e inédito. No hizo falta llegar a una instancia judicial para que la provincia reconozca que deberían haber actuado de otra forma”, dijo la abogada a Infojus Noticias. Y resaltó que se trató de “un hecho político importante, teniendo en cuenta que en Santa Fe existe un registro de objetores de conciencia”. 

 

Todo empezó por un fuerte dolor de muelas en mayo de 2006. La joven fue hasta el hospital de su localidad, Vera. Después de cinco meses de atención odontológica, el 23 de octubre fue derivada al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Los médicos se dieron cuenta que se trataba de un cáncer en el maxilar y le extrajeron una parte del tumor de las partes blandas de su cuello. No le explicaron la gravedad del cuadro ni que debía tomar precauciones para no quedar embarazada.

 

El 23 de noviembre de ese año fue derivada al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe, pero ante la sospecha de que podía estar embarazada no le iniciaron el tratamiento: la quimioterapia está contraindicada para la salud del feto. 

 

El embarazo quedó confirmado el 7 de diciembre. El aborto en Argentina es legal cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro o en casos de violación. La salud de Ana María, embarazada de 22 semanas, estaba en peligro. 

 

El 22 de febrero de 2007 el caso llegó al Comité de Bioética del Iturraspe y negaron la posibilidad de un aborto terapeútico. La madre de Ana María salió a recorrer tribunales para pedir la interrupción del embarazado. La autorización nunca llegó.

 

La negación de los médicos llevó a que le hicieran una cesárea el 26 de abril de 2007. Tras esa intervención nació una beba que solo vivió 24 horas. Un mes después falleció Ana María.

 

En un primer momento, el entonces director del Iturraspe, Andrés Ellena, negó que la madre y el padre de Ana María hubieran pedido un aborto terapéutico. La histórica clínica de la mujer rebatía sus dichos. 

 

No practicar un aborto terapéutico es delito

 

En paralelo a la reparación económica, en junio se reactivó una causa penal en la que los profesionales de la salud que interfirieron en la atención de la joven están procesados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “lesiones culposas”.

 

Los médicos procesados son el ex director de ese hospital, Andrés Ellena, y los jefes de los servicios de Oncología y Ginecología, César Blajman y Raúl Musacchio, respectivamente; por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Con esta última acusación están también imputados el radioterapeuta Jorge Venanzi y dos autoridades del Samco de Vera: su titular, Sandra Barbieri, y José Manuel García, integrante del Consejo de Administración. La abogada de la familia de Ana María espera que esta causa avance pronto. 

 

El antecedente de L.M.R. 

 

En diciembre del año pasado por primera vez en el país se hizo un acto de reparación simbólica por una violación de los derechos sexuales y reproductivos. Fue en un acto con representantes del Estado Nacional y de la provincia de Buenos Aires en el que se le pidió perdón a Micaela, una chica con retraso madurativo que fue violada a los 19 años, quedando embarazada.

 

A Micaela un tío la violó y embarazó en 2006. En ese momento tenía 19 años. Durante 37 días su mamá Vicenta y su hermana Verónica recorrieron hospitales y despachos judiciales de La Plata para que pueda acceder a un aborto legal. No lo lograron. La primera barrera la encontraron en el Hospital San Martín de La Plata cuando el embarazo tenía 14 semanas de gestación y la segunda la puso la jueza de Menores, Inés Siro, que intervino y prohibió la interrupción. Vicenta, que no sabía leer ni escribir y trabajaba como doméstica,  pidió ayuda a las organizaciones de mujeres. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, empezó a acompañarla y el caso llegó a la Suprema Corte bonaerense, que avaló con un fallo su reclamo y aclaró que no era necesaria la autorización judicial. Ocho años después, representantes del Estado Nacional y provincial le pidieron perdón en un acto por haber obstruido el acceso a un derecho vigente en el  Código Penal desde 1921. 

 

MFA/LC