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Inti Paillalef fue condenada a 15 años de prisión por el homicidio de su hijo. El bebé de cuatro meses llegó muerto a un hospital neuquino en sus brazos, con seis fracturas en el cráneo y signos de haber sido golpeado. En ese momento, septiembre de 2011, Paillalef quedó detenida, a pesar de ser paciente psiquiátrica desde los 17 años. Tras meses de recursos y apelaciones, fue absuelta por falta de pruebas. La aplicación del nuevo código procesal que rige en Neuquén aceleró un proceso por el cual podría seguir presa mucho tiempo más.

El fallecimiento del bebé fue registrado el 13 de setiembre de 2011. Paillalef vivía en una casa humilde con su esposo Claudio Inostroza, de 37 años, en la toma El Zanjón del Loteo Social, en la provincia de Neuquén. El bebé, Francisco, sufrió golpes en la cabeza en un horario que no se estableció con precisión y su madre lo llevó al hospital Heller la mañana del 13, cuando ya estaba muerto.

“Se la condenó sin ninguna prueba. Solo se dijo que el chico murió unas cuantas horas antes de que ella llegara al hospital y se determinó que los golpes fueron mucho antes. Por eso la sentencia fue declarada arbitraria. Al padre le dictaron falta de mérito y llegó libre al juicio. Y había bastantes pruebas en contra de él: durante el juicio una asistente social declaró que el padre durante una visita había tirado al bebé en la cama y lo había zamarreado”, dijo a Infojus Noticias Gustavo Vitale, abogado defensor de Paillalef.

Más allá de la imprecisión del horario en que el bebé fue golpeado, lo que impide saber cuál de los padres estaba en la casa en ese momento, los jueces que votaron la condena dieron por probado que fue Pailallef la autora, y no su pareja. La mujer tuvo brotes psicóticos y está sometida a un tratamiento psiquiátrico con medicación de por vida.

Dos de los tres jueces de la Cámara Criminal Segunda se basaron en que Paillalef había denunciado a su marido en numerosas ocasiones por agresiones psicológicas, por lo que presumieron que si Inostroza hubiera golpeado al bebé, ella lo habría acusado.

El delito que le imputaron fue homicidio calificado, y argumentaron que la razón por la que le dieron una pena de 15 años y no prisión perpetua fue porque existieron "circunstancias extraordinarias de atenuación", basadas en la historia clínica de Paillalef. En esa instancia su esposo, que en todo momento se negó a declarar, fue absuelto por falta de acusación fiscal.

Tras dos años y medio de detenida, en la provincia de Neuquén comenzó a regir un nuevo Código Procesal Penal, en el que el proceso dejó de ser escrito para volverse oral. “El recurso de casación que yo había presentado hacía un año y medio, y que había estado durmiendo en el Tribunal Superior de Justicia sin una respuesta, avanzó y en diez días Paillalef quedó en libertad por falta de pruebas”, dijo Vitale.

Desde el año pasado que Vitale fue designado como representante defensor ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Para él, la situación de Paillalef pone en evidencia los desmanes que puede causar la justicia preventiva: “En este momento en el que están tratando de crear el caos en el país y que desgraciadamente se ven linchamientos, este caso muestra lo equivocado y autoritario de los que pregonan la prisión preventiva. La llamada prisión preventiva es injusta por naturaleza, es una pena anticipada que se da por igual si alguien es culpable o inocente bajo el discurso del peligrosismo procesal. Hay más peligro de que se fuguen los imputados de delitos de lesa humanidad que viven en sus domicilios, que personas como Paillalef”.

El 28 de marzo Paillalef fue absuelta por un tribunal de Impugnación integrado por los jueces Alejandro Cabral, Federico Sommer y Andrés Repetto. Según Vitale, “ella siempre tuvo una psiquiatra que le administraba los medicamentos durante la detención. Padeció la violencia de toda cárcel, y por lo que contó no era tanto una violencia física sino psicológica, la torturaban diciéndole que era una asesina”.

Desde que quedó absuelta Paillalef busca trabajo y está en medio de otra batalla judicial para poder ver a su hija, que está en la custodia de su hermano y para lo que necesita la autorización de un juez de familia. “Mientras encuentra trabajo iniciamos desde la Defensoría acciones para que consiga alguna ayuda social”, contó Vitale.