Infojus Noticias

Leandro Maximiliano López encontró su muerte en el lugar donde los jefes de la Unidad 30 de General Alvear lo habían destinado para resguardar su vida: en el Sector de Aislamiento y Convivencia (SAC), más conocido como “buzones”. El 30 de diciembre de 2014 hacía mucho calor, y López pidió que le dieran un poco de agua: en ese momento, un grupo de guardias le abrió la puerta de la celda y el detenido que repartía los bidones se trenzó con él y lo mató de un facazo. “El 9 de enero le tomamos declaración indagatoria a Leandro Osvaldo Pintos Estévez por homicidio simple. Tenemos acreditado por otros testimonios que se trataría de quien lo mató”, dijo el fiscal Cristian Citterio, de la UFI 20 de General Alvear, consultado por Infojus Noticias.

Pintos Estévez se negó a declarar ante el fiscal, que pidió las pericias sobre la faca que recolectaron del lugar y la ropa ensangrentada de López, para corroborar su hipótesis de la autoría material a través de los exámenes de laboratorio. Citterio imputó a Pintos Estévez luego de escuchar los diferentes testimonios de los penitenciarios que presenciaron la pelea.

“Llamamos a declarar a su madre, pero no respondió ni se presentó”, agregó Citterio. “Llamó dos o tres días después del hecho, le informamos lo que sabíamos en ese momento y después no volvió a comunicarse”.

Pintos Estévez era un “limpieza”: en la jerga penitenciaria se llama así a los internos que –a través de arreglos informales con los jefes de cada Unidad- trabajan para el Servicio Penitenciario. En algunos penales –generalmente los de mayor población carcelaria- las autoridades delegan en ellos la regulación de la violencia y la conflictividad dentro de los pabellones. “En Alvear, los limpiezas distribuyen el agua y andan sueltos por los lugares comunes”, dice Alicia Romero, Directora de Inspecciones del Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires. “Históricamente, en la Unidad 30 la seguridad estaba exclusivamente a cargo del Servicio Penitenciario. Pero el último año vimos que eso había cambiado un poco, y había una delegación mayor en estos presos”.

El problema del agua

La Unidad 30 de General Alvear pertenece al “circuito del campo”, según la denominación de organismos de derechos humanos. La Unidad 17 de Urdampilleta, las Unidades 2, 27 y 38 de Sierra Chica, las Unidades 7 y 52 de Azul o la cárcel abierta 14 de General Alvear, integran ese grupo de cárceles del interior de la provincia. “Es una cárcel grande, dividida en tres sectores con un SAC cada uno. Los buzones son celdas individuales, de dos metros por dos metros y medio, sin vidrios en las ventanas y sin canilla, con la letrina adentro, por eso les daban botellas de agua”, describe Alicia Romero. El agua es un problema muy particular en la Unidad. “Tienen agua sólo dos horas por día. El director nos dijo que tiene que ver con la provisión de agua de Absa (Aguas Bonaerenses SA), que si habilitan agua todo el día dejan sin agua en la ciudad. Nosotros hicimos una denuncia en la empresa, y nos respondieron que no era cierto, por lo que concluimos que el tema del agua es parte de condición de castigo”, explica la abogada.

López tenía problemas con otros reclusos o con guardias del Servicio. Él y su madre, Esther Barrios, habían pedido en el juzgado de ejecución 2 de La Plata, a cargo de José Villafañe, que trasladaran a su hijo. Y, ante la Secretaría de Derechos Humanos Bonaerense, denunció que no fue escuchada. A su hijo sólo lo confinaron a la celda de aislamiento donde fue asesinado. En las cárceles, es el mismo tratamiento para quienes son castigados que para quienes corre peligro su vida. La mora del poder judicial, que pudo costar la vida de López, provocó que la Secretaría de Derechos Humanos Bonaerense enviara una nota pidiendo explicaciones a la Dirección de Inspección y Control del Ministerio de Justicia de la provincia, para saber si quedaron registrados estos pedidos de traslado que no tuvieron eco.

El fiscal Cristian Citterio tiene casi probada que el asesino fue otro interno. Sin embargo, no hay explicación de por qué varios guardias armados no intervinieron para evitarlo, ni cómo el “limpieza” que distribuía el agua llevaba consigo una faca carcelaria. Según relató el fiscal a esta agencia, el enfrentamiento que terminó con la vida de López se desató cuando le abrieron la puerta del buzón para proveerle agua. Sin embargo, asegura Romero –que ha hecho muchas inspecciones al penal- no era necesario: podrían haber pasado las botellas de agua por el lavaplatos. “Pero los fiscales nunca investigan la complicidad del Servicio. No hemos tenido ningún caso en los que se haya detenido, ni siquiera la imputado a un agente por instigar estos episodios”, concluye la dirigente del Comité contra la Tortura.