Infojus Noticias

Las primeras fumigaciones que los vecinos del barrio Ituzaingó Anexo, de la ciudad de Córdoba, recuerdan fueron en 2002. Cada vez que las sentían, las familias salían a la calle a contemplar la avioneta que despedía una estela desde el cielo y caía como una lluvia sobre el campo que empezaba apenas al cruzar una calle. Ese espectáculo, sin embargo, no tardó en convertirse pronto en su peor pesadilla: las noticias sobre los vecinos que se enfermaban eran cada vez más. La mayor parte de los casos de cáncer que aparecían, los padecían aquellos que vivían en las cuadras más cercanas al campo fumigado. Fue entonces cuando, alarmados, se organizaron y presentaron denuncias que derivaron en una causa que durante diez años estuvo paralizada hasta que en 2012 finalmente cobró impulso y ahora la Cámara de Apelaciones de Córdoba la elevó a juicio. “Es la primera vez que en la Argentina un tribunal de alzada analiza el delito de contaminación ambiental por utilización indebida de agroquímicos”, dijo a Infojus Noticias el fiscal de instrucción de la causa, Carlos Matheu.

La llamada “causa madre” por contaminación dolosa con agroquímicos en Ituzaingó Anexo tiene como imputados: al agricultor Francisco Parra; al piloto aeroaplicador y dueño de la empresa de aerofumigaciones AFUCOR, Edgardo Pancello; al aviador Gustavo Alejandro Peralta Amaya; a los directivos de la firma Tecnocampo Javier y Fernando Amuchástegui, y a la ingeniera agrónoma y empleada de esa misma empresa, Alejandra del Carmen Mendizábal Pizarro.

Morir por agrotóxicos

El expediente incluye dos hechos: el primero ocurrió el 2 de marzo de 2004, cuando el agricultor e imputado, Francisco Rafael Parra efectuó, a través de un aeroaplicador no identificado, una aplicación área de un agroquímico sobre el campo donde cultivaba soja, apenas a 400 metros del barrio.

Eran casi las seis de la tarde cuando Corina Barbosa, vecina del barrio, vio desde su casa a la avioneta de color naranja que despedía una vez más los plaguicidas sobre el campo que explotaba Parra. Con otras vecinas salieron corriendo a la calle, como si de alguna manera pudieran frenar ese líquido que a todos les secaba la garganta, les daba picazón o alergia o no los dejaba respirar. Les mataba plantas, flores, perros y gallinas y los conejos nacían con patas como de sapos. Y para peor aún, a algunos los enfermaba de cáncer. A menos de dos cuadras de donde empezaba el campo a varios vecinos les habían diagnosticado leucemia linfática, otros habían muerto ya de cáncer, los niños nacían con malformaciones. La impotencia las carcomía.

Los vecinos del barrio Ituzaingó Anexo se organizaron y denunciaron todo lo que pudieron. Algunos medios comenzaron a hacerse eco. Pero en vez de cesar, empezaron a fumigar de noche.

Desde el año 2002, Ituzaingó Anexo había sido declarado en emergencia sanitaria a raíz de la existencia de numerosas casos cáncer entre su población, presumiblemente por la contaminación producto de agrotóxicos. Fue por eso también que en 2003, directamente se prohibió la aplicación de plaguicidas a menos de 2500 metros de cualquier vivienda a través de la ordenanza municipal 10.590. Nada de eso pareció importarle a Parra y por eso será juzgado por el delito de contaminación ambiental dolosa, en los términos del artículo 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.

Las fumigaciones en el barrio Los Cedros

Los otros hecho ocurrieron más tarde, en 2007, cerca del barrio Las Quintas Country Club de la comuna Los Cedros, también en Córdoba, en un campo sembrado con soja y maíz explotado por Tecnocampo. El 21 de enero de ese año, el coimputado y piloto Gustavo Peralta realizó una aplicación con el agroquímico deltamax, en connivencia con Pancello y a pedido de los hermanos Amuchástegui. La fumigación se repitió el 19 de febrero, esta vez con cipermax y, presumiblemente, endosulfán, agroquímico prohibido desde 2012 en la Argentina debido a su alta toxicidad. Fue Mendizábal Pizarro la que al menos en este último caso entregó los agroquímicos para la fumigación. Ambas fueron a una distancia de entre 6 y 10 metros.

Al Igual que en Ituzaingó Anexo, los vecinos de Los Cedros conocen bien ese olor a veneno que se esparce en el aire apenas empiezan las fumigaciones. Eran las seis de la mañana de un caluroso día de enero cuando Marcelo Darío Peralta y Marcela Beatriz Cassitti se levantaron sobresaltados, asustados. El ruido de una avioneta era tan cercano que pensaron que se les venía encima. Ambos salieron a las corridas hasta la galería de su casa para ver qué sucedía. Terminaron empapados por ese químico apestoso que salía despedido de la avioneta.

Fue un día de febrero de 2007 cuando el presidente comunal del barrio, Hugo Suarez, atosigado ya por tantas denuncias y quejas, organizó una reunión entre algunos vecinos y Fernando Amuchástegui, presidente de Tecnocampo.

—Mis hijos se están enfermando por las fumigaciones —le dijo Ramona Alejandra Ahumada y le rogó que no lo hiciera más.

Pero Amuchástegui cerró la conversación rápidamente.

—Ustedes no saben con quién se han metido — les dijo con tono amenazante tras soltar una risa irónica.

Media hora después, cerca de las cuatro de la tarde, una avioneta fumigó los techos de las casas de Los Cedros. “Todo esto muestra la impunidad con que se manejan”, dice el fiscal.

Mientras tanto, la ley de agroquímicos provincial 9.164 sancionada a mediados de 2004 prohibía la aplicación aérea de agroquímicos en un radio de entre 500 y 1500 metros según el grado de toxicidad del químico. Al igual que Parra, los hermanos Amuchástegui, Mendizabal Pizarro, Pancello y Peralta serán juzgado por el delito de contaminación ambiental dolosa.

Aunque son solo estos tres episodios los que se investigan en la causa, las fumigaciones, según las declaraciones de los vecinos, fueron muchas más, a veces hasta una vez por semana. Como el derrotero judicial de la causa durante diez años no avanzó a ninguna parte, en cambio, apenas se logró reunir pruebas suficientes para estas tres ocasiones. “Cuando me dan la causa en 2012, diez año después, se había perdido toda la prueba, no se había investigado nada, muchos habían muerto o no se acordaban, y se había perdido pericias”, dijo Matheu.

Basta el riesgo para el delito

Es la primera vez que en la Argentina una cámara de casación juzgará el delito de contaminación ambiental por agrotóxicos allanando así el camino para un fallo que será vinculante para todos los fiscales y jueces de Córdoba y jurisprudencia ejemplar para todo el país. “Nunca se había analizado el delito de contaminación ambiental por utilización ilegal de agroquímicos”, dijo Matheu.

Según el fiscal, en el barrio Ituzaingó Anexo, que tiene cerca de cinco mil habitantes, 142 personas contrajeron cáncer durante los diez años que duraron las fumigaciones allí. De ellos, 82 ya murieron. Además, explicó que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizó dos estudios de biomarcadores en sangre entre los chicos del barrio. De los 130 niños y niñas que formaron la muestra, en 114 dio positiva la presencia de agroquímicos en sangre, entre ellos el endosulfán. En algunos se encontraron hasta cinco tipos de plaguicidas. Todos los elementos encontrados “están catalogados por el SENASA como muy peligrosos porque persisten durante mucho tiempo en el ambiente, son bioacumulables, se acumulan en los tejidos grasos y con el tiempo alteran la salud al punto que las personas pueden contraer cáncer”, explicó.

La importancia de la causa también radica en la figura del delito. Aunque aún no es posible determinar la relación causa efecto entre los agroquímicos y las muertes por cáncer –sí hay indicios de asociación-, el delito de contaminación ambiental “se consuma solo con la puesta en peligro real de la gente”, explicó el fiscal. Tanto la ley provincial de agrotóxicos como las ordenanzas que rigen para Ituzaingó Anexo establecen una franja de resguardo ambiental “habiendo considerado que la aplicación de aquellos [los agrotóxicos] en un campo a cierta distancia de un centro poblado, cuando pertenecen a una determinada clase toxicológica, y son arrojados de una cierta forma -aérea o terrestre- constituye de por sí una conducta que pone en riesgo la salud de aquellas personas que se encuentran expuestas a los mismos, en virtud de la inevitable deriva que tienen los residuos”, según se cita en el escrito del fiscal Matheu que solicita la elevación a juicio.

Por el delito de contaminación ambiental, las penas que pueden recibir los imputados oscilan entre los 3 y 10 años de prisión. El juicio, sin fecha determinada aún, se llevará a cabo en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba integrada por los vocales Víctor María Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz,y el Fiscal de Cámara Marcelo Altamirano.

AS/LC