Infojus Noticias

Los dieciséis policías de Córdoba detenidos el jueves pasado –y la ex empleada del servicio penitenciario provincial- comenzarán a prestar declaración indagatoria desde mañana. Es en el marco de la causa que investiga los acuartelamientos y saqueos del 3 y 4 de diciembre en la provincia que gobierna José Manuel De la Sota. Los efectivos están imputados por “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delito”. La ex penitenciaria, esposa de un policía retirado, enfrenta el cargo de “entorpecimiento de funciones”.

“La situación procesal de los detenidos se resolverá oportunamente”, aclaró el Raúl Garzón, en diálogo con Infojus Noticias. El fiscal del tercer distrito de la ciudad de Córdoba quedó a cargo en enero de la investigación de los hechos sucedidos durante los acuartelamientos policiales en los cuatro distritos. Su labor en la feria iba a ser sólo para la primera quincena, pero la investigación siguió tomando cuerpo y el fiscal afirmó que “la necesidad del servicio hizo necesario que se extendiera hasta fin de mes”.

Está previsto que declaren cuatro personas por día, y que al fin de la semana hayan desfilado todos los detenidos por el despacho del fiscal Garzón. “No va a haber horarios para esto, los detenidos van a declarar todo el tiempo que sea necesario”, anunció. Aunque no habría nuevos procedimientos previstos para lo inmediato, no descarta que puedan haber nuevos allanamientos o detenciones: “se hará lo que sea necesario según el devenir de la causa”.

La única mujer detenida es Adriana Rearte, esposa de un policía retirado y titular del Sindicato de Policías y Penitenciarios y Afines (SEPPA), gremio que reclama su personería ante la Corte Suprema. A ella se le imputa “entorpecimiento de funciones”, por obstruir la circulación de móviles de la Guardia de Infantería el lunes 2 de diciembre.

Pocas horas antes de ser detenida, Rearte protestaba frente el edificio de la Jefatura Provincial contra la “suspensión preventiva” de cuatro oficiales. Los efectivos estaban promoviendo un nuevo acuartelamiento policial. Rearte y las esposas de los suspendidos iba a realizar un “abrazo solidario” al edificio, pero lo terminaron suspendiendo. Las mujeres, agrupadas bajo el nombre de “Las rosas azules”, canalizan las demandas de sus maridos a través de reclamos de índole sindical.

Garzón tomó la determinación de detener a los efectivos después de cruzar filmaciones, fotos, testimonios e información recolectada de las redes sociales. Antes de avanzar sobre los uniformados, el fiscal había resuelto la prisión preventiva de otros casi cincuenta detenidos, civiles imputados mayoritariamente por robo agravado y encubrimiento.

En el fuero federal también tramita una causa por sedición policial, que prevé penas de hasta seis años de prisión. A pedido del gobernador De la Sota, el Gobierno nacional envió mil gendarmes a Córdoba el viernes para garantizar la seguridad de la provincia, dado el clima de malestar entre los efectivos de la policía local.