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A Vicente Massot, empresario multimediático dueño del diario La Nueva Provincia y acusado por delitos de lesa humanidad, la corporación judicial volvió a protegerlo y las organizaciones de derechos humanos de Bahía  Blanca no piensan permanecer quietos. Anoche se movilizaron a la Cámara Federal para repudiar el freno al avance de la causa. “Estamos contentos porque vino mucha gente resistiendo una vez más la impunidad judicial. En esta ciudad conservadora la única forma es hacer ruido en la calle y en los tribunales y a los sectores reaccionarios les preocupa porque el tema se visibiliza. El apartamiento del juez Coleffi es una clara muestra del poder corporativo porque avanzó contra Massot y las responsabilidades civiles”, dijo Alejandra Santucho, de HIJOS Bahía Blanca a Infojus Noticias.

En la manifestación, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas leyeron documentos en repudio de la decisión de la Cámara Federal. Además, una coordinadora de estudiantes universitarios compartió una adhesión a favor del juicio académico a Néstor Montezanti, uno de los jueces de la Cámara acusado de ser cómplice de los hechos represivos.

Hace unos días, la Cámara decidió cesantear al juez Álvaro Coleffi en el expediente que investiga al presunto narcotraficante –y ex pareja de Mónica Farro- Juan Suris, y fundamentó la decisión en la “pérdida de confianza” sobre el juez, pero los fiscales de la Unidad de Lesa Humanidad creen que, en realidad, el telón de fondo no es nuevo. “Es un claro mensaje de disciplinamiento brutal de la Justicia bahiense”, dijo el fiscal José Nebbia y relacionó la decisión con la tarea de Coleffi en la investigación de los responsables civiles de la última dictadura.

“No sólo hay una represalia interna a un juez que se atrevió a dar curso de las pruebas presentadas por fiscalía sobre la responsabilidad civil. La Cámara fue más allá y lo dejó cesante, es decir, interrumpió la investigación y castigó a un magistrado cortándole su trabajo”, agregó el fiscal Nebbia.

La movilización fue organizada por la agrupación HIJOS, que concentró frente a la Cámara Federal  para repudiar “su decisión de dejar cesante a Alvaro Coleffi, único juez que avanzó en las causas contra los civiles partícipes de la dictadura genocida en Bahía Blanca". La resolución fue firmada por los camaristas Pablo Candisano Mera y Néstor Montezanti, “éste último Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la dictadura genocida", precisó HIJOS en la lectura del documento. Para Alejandra Santucho, la decisión de la  Cámara Federal “es un ejemplo de lo que le podría pasar a cualquier juez si se mete con la complicidad civil. A Coleffi ya lo habían apartado, y encima ahora lo echan. Queremos que intervenga la justicia en Bahía Blanca porque esta situación es insostenible. La única manera de cortar con la impunidad es que intervenga el Consejo de la Magistratura, Casación, la Corte Interamericana o la Corte Suprema para que Bahía Blanca frene la violencia judicial  cuando se habla de dictadura”.

Según confirmaron fuentes judiciales a esta agencia, Coleffi recurrirá esa resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, eventualmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como juez federal ad hoc, Coleffi impulsó causas de lesa humanidad como la que investigó a Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, y también pidió la extradición del prófugo Aldo Vara, ex capellán del V Cuerpo de Ejército, quien murió el año pasado en Paraguay.

En 2014, el juez se había apartado de la causa contra Massot luego de una recusación presentada por la defensa del director de La Nueva Provincia. “Lo fusilaron y lo patearon en el piso”, había graficado Miguel Palazzani, compañero de Nebbia en la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de Bahía Blanca. Cuando el juez Coleffi avanzaba, la familia judicial reaccionó rápido: el juez Ulpiano Martínez, que había antecedido a Coleffi,  lo denunció por filtrar a la prensa local las escuchas telefónicas de la causa contra Juan Suris, el supuesto narco.

Después lo embistieron en el expediente que investiga a Massot: el secretario de derechos humanos del Juzgado Federal 1, Mario Fernández Moreno, lo acusó de supuesta “violencia moral” y el argumento fue recogido por la defensa del empresario, que está imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.

Para Eduardo Hidalgo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca,  la decisión judicial de apartar a Coleffi de la investigación “no es un hecho nuevo,  porque hace treinta años que la Justicia frena la pesquisa sobre la complicidad civil. Pero hoy es más virulento y despojado del disimulo. Es un acto desvergonzado  y una prueba de cómo se violenta la ley”.

Hidalgo especificó que el juez Néstor Montezanti, que es profesor de Derecho en la Universidad del Sur, “opera en la Cámara a favor de Massot” con otros actores como Ulpiano Martínez y Fernández Moreno. “Montezanti tiene un juicio académico en contra que está pendiente. Pronto será desplazado de la Universidad y eso afectará la injerencia de sus resoluciones, pero hasta ahora sigue siendo el ejecutor fundamental de obstaculizar los avances en los delitos de lesa humanidad con artilugios menores como acusar a Coleffi de haber charlado con los fiscales, cuando eso es algo normal en Tribunales“, dijo.

JMM/RA