Infojus Noticias

Eduardo Romero Lascano, el único juez que sigue en funciones de los tres absolvieron a todos los acusados por secuestrar y explotar sexualmente a Marita Verón, tuvo un revés en la estrategia con la que intenta eludir el juicio político por su desempeño en ese juicio. La Procuración General ante la Corte nacional confirmó la constitucionalidad del sistema de enjuiciamiento político provincial que el magistrado pretendía eludir. La resolución queda ahora en manos del máximo tribunal nacional

Después del polémico y repudiado fallo, Susana Trimarco denunció a Romero Lascano y a los otros dos jueces, Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina, que en diciembre de 2012 dictaron la escandalosa resolución, después revisada por otro tribunal que fijó penas para diez de los trece acusados por secuestrar a su hija y obligarla a prostituirse. Los cuestionó por el trato que les dieron a las mujeres testigos que fueron “amenazadas, burladas, ironizadas, a la vista del tribunal que permitió encarnizados interrogatorios hostiles”.

En abril de 2013, la Comisión de Juicio político de la Legislatura tucumana habilitó el jury. Piedrabuena y Herrera Molina, rápidos de reflejos, iniciaron los trámites jubilatorios. Romero Lascano, como aún no tenía edad para retirarse, fue por un camino más intrincado en su intento de evitar el juicio político: planteó la inconstitucionalidad del sistema de juicio político tucumano. Piedrabuena no había completado aún su trámite jubilatorio y ante un posible revés lo acompañó.

Ese mismo año, en noviembre, la Corte tucumana rechazó la presentación. Los jueces entonces decidieron llevar su reclamo a la Corte nacional. Cuestionaban tanto la integración del jurado de enjuiciamiento como el procedimiento, de vieja data y vigencia para los juicios políticos en la provincia.

Ahora, la procuradora fiscal ante la Corte Suprema Laura Monti confirmó la sentencia de la Corte tucumana. Señaló que la presentación de Romero Lascano y Piedrabuena carece de fundamentos. “No hacen más que reiterar lo ya expresado en la demanda, sin aportar nuevos argumentos capaces de afectar el razonamiento seguido en el pronunciamiento apelado”, enfatizó Monti.

La representante de la Procuración explicó además que cuestiones “vinculadas con el principio republicano de separación de poderes” y “los límites derivados del respeto por las autonomías provinciales” en el enjuiciamiento funcionarios de la justicia ordinaria, obligan a rechazar el reclamo.

El pedido de juicio político

En febrero de 2012, después de más de 10 años de ausencia de María de los Ángeles Verón, los jueces de la Sala II en lo penal tucumana, Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano, conmocionaron al país con la noticia: absolvieron a los trece acusados de secuestrarla y esclavizarla en prostíbulos de La Rioja. En esa misma sentencia, consideraron que los acusados integraban una red de trata con ramificaciones “internacionales” que debía ser investigada.

Entre los acusados Daniela Milhein era fuerte en la ruta de explotación que desde Tucumán terminaba en Río Gallegos. Ella y su esposo, Alejandro González, que en el juicio por Marita estuvieron acusados de retener a Marita en su casa de Yerba Buena, en la capital tucumana, eran al terminar el debate los únicos dos imputados que quedaban en condiciones de enfrentar otro juicio por estos hechos.

Los restantes quedaron libres de cargo, hasta mayo del año pasado cuando otro tribunal, integrado por los jueces Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez, fijaron las penas para cada uno de los diez condenados por la desaparición la joven desaparecida desde el 3 de abril de 2002.