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La Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó parcialmente la sentencia y condenó a  los secuestradores de Marita Verón. A un año de la sentencia que absolviera a todos los imputados el máximo tribunal también dispuso que la graduación de la pena las decidirá el tribunal de origen con otra integración.

A un año de la sentencia que el 11 de diciembre de 2012 absolvió a todos los imputados por el secuestro de María de los Ángeles Verón, la Corte de Justicia de Tucumán, con las firmas de Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y Claudia Sbdar hizo lugar parcialmente a los recursos presentados contra la sentencia dictada el año pasado y revocó las absoluciones de varios de los imputados.

El máximo tribunal provincial consideró penalmente responsables a Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González, José Fernando Gómez y Gonzalo José Gómez fueron considerados coautores de la “retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución” de María de los Ángeles Verón.

También Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán, María Azucena Márquez, Juan Humberto Derobertis y Mariana Natalia Bustos fueron considerados “participes necesarios” en la “retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución” de Marita.  María Jesús Rivero y Víctor Ángel Rivero fueron absueltos.

La Corte dispuso que la “graduación” de las penas, “la modalidad de ejecución y la existencia, o no, de responsabilidad civil, teniendo en cuenta para ello los lineamientos aquí establecidos” sea el Tribunal de origen “con otra integración” el que “arbitre el procedimiento adecuado que posibilite emitir un pronunciamiento integratorio”.  

La querella presentó el recurso de casación en diciembre del año pasado, luego de la sentencia a la que consideraban “arbitraria” ya que era “omisiva, contradictoria e ilógica, en virtud de haberse vulnerado las reglas de la sana crítica racional” y no valoraba las pruebas que hubo en la causa.

En la sentencia los jueces sostuvieron que “no se pueden ponderar las pruebas del presente caso sin una perspectiva de género en el análisis y abordaje de los hechos que involucran el fenómeno de trata de personas con fines de explotación sexual”. La “íntima vinculación entre el fenómeno de la trata de personas y la violencia de género", explicaron, "obedece a la base común que encuentran dichos fenómenos, consistente en históricos patrones socioculturales que determinan una asignación estereotipada y dicotómica de roles para hombres y mujeres”.

También criticaron la actuación del juez Daniel Enrique Moreno del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de la provincia de La Rioja, a la que consideraron “desde todo punto de vista reprochable por cuanto rechazó arbitrariamente el allanamiento en las whiskerías” solicitado por el Juez Manuel Pérez de la provincia de Tucumán. Eso, dijeron, “revela una total desaprensión y una desnaturalización de sus funciones -digno de un severo reproche moral-“ ya que “impidió una actuar eficaz de la justicia y, tal vez, encontrar y rescatar a María de los Ángeles Verón”.

Los jueces explican que las declaraciones testimoniales “exhiben con mucha claridad la intervención de los imputados con el funcionamiento de los locales “Candy”, “El Desafío” y “Candilejas”, lugares que “formaban el ámbito físico de la fase de explotación en la red de trata de personas”. Con prácticas propias de esta actividad como ser “modificar la identidad de las mujeres sometidas, mediante la sustracción de su documento nacional de identidad y la asignación de un “nombre artístico””.

“Ahí nadie tenía nombre y apellido, todas usábamos un nombre que no era nuestro”, dijo una testigo durante el juicio.
“En un castigo me pararon en un banco en el fondo y me pusieron una soga en el cuello y me amenazaban con tirar la silla para ahorcarme. Que me iban a desaparecer. Hay un cuarto en el fondo, me volvieron a atar las manos y me dejaron ahí con una chica que estaba aparentemente fallecida”, dice el testimonio de otra mujer.