Marita Verón: indagaron a Rubén la Chancha Ale por lavado de dinero
El fiscal general Carlos Gonella, titular de Procelac, pidió la detención de Alé, Rivero y otros 10 integrantes del clan señalado por Susana Trimarco como responsable por el secuestro de su hija María de los Ángeles “Marita” Verón.
Fotos: Agencia Infoto.
En Tucumán, el juez federal Fernando Luis Poviña tomó declaración indagatoria a Rubén “La Chancha” Alé en la causa en la que se lo investiga por haber comandado una “asociación ilícita” que se dedicó al “lavado de activos” generados a través de una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Por el mismo cargo, mañana está previsto que declare su ex esposa María Jesús Rivero.
Esta mañana el fiscal general Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), pidió la detención de Alé, Rivero y otros 10 integrantes del clan señalado por Susana Trimarco como responsable por el secuestro de su hija María de los Ángeles “Marita” Verón, desaparecida desde abril de 2002. Ahora, el juez cuenta con un plazo de 10 días para resolver.
Las pistas sobre lavado de activos llevan a las pruebas que el 11 de diciembre de 2012 fueron desestimadas por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascan, de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán cuando absolvieron a los 13 acusados de secuestrar a Marita y obligarla a prostituirse en los locales regenteados por Lidia Irma “Mamá Lily” Medina (fallecida en febrero de este año) y sus hijos José “Chenga” y Gonzalo Gómez, en La Rioja.
En el pedido de indagatoria Gonella advirtió que hay indicios suficientes para investigar a los integrantes de esta compleja red interprovincial que “centraban su intervención en la elección de las mujeres a captar –en su mayoría de muy corta edad y en situación de vulnerabilidad-, instrumentar su privación de libertad por medios engañosos –como ofrecimientos laborales- y violentos; y el traslado a su destino final de explotación, presumiblemente llevado a cabo con los recursos de la empresa de remises Cinco Estrellas SRL (propiedad de Rivero y Alé)”.
Los otros imputados
Hoy también estaba previsto que declaré Alejandro González. Este hombre, y su pareja Daniela Milhein, fueron señalados por la fiscalía como parte de los reclutadores que operaban, desde Tucumán, para la red de trata de personas. Milhein está citada a prestar indagatoria el día 7 de noviembre. La mujer que en el juicio por el secuestro de Marita Verón fue acusada por ocultar a la joven en su casa de Yerba Buena, en la capital tucumana, en el debate oral negó haber sido pareja de “La Chanca” Alé y denunció que "la obligó a ejercer la prostitución".
Luego, le tocó el turno a Víctor Suárez. Identificado en un primer momento como “socio” de Alé, tras investigar sus bienes las autoridades concluyeron que podrían estar frente a uno de los testaferros del empresario. En el pedido de indagatoria los fiscales José Díaz Vélez, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, y Gonella, consignaron que durante el allanamiento en el domicilio que Rubén Alé comparte con Florencia Cuño (declarará en esta causa el 8 de noviembre) encontraron resúmenes bancarios, trámites comerciales, órdenes de pago de impuestos municipales y licencias de automotor a nombre de Suárez. Además, especificaron que la relación entre ellos es de vieja data y público conocimiento: durante el mandato de Rubén Alé como Presidente del Club Atlético San Martín, Suárez y Fabián González, ocuparon los cargos de vocal titular y Vicepresidente 2º, respectivamente.
Fabián González también figura entre los llamados a prestar declaración indagatoria. Lo hará el mismo día que la primera esposa de Alé, María Jesús Rivero. En uno de los domicilios allanados para esta investigación, los fiscales encontraron una “carpeta celeste de color con la leyenda “El Cadillal Ale Rubén E.” con datos de terrenos colindantes a uno propiedad de Alé, que en la localidad tucumana El Cadillal “figuran a nombre de Fabián A. González y Víctor A. Suárez”. González y su esposa Julia Picone, que también fue señalada en la pesquisa, “detentarían la titularidad formal de bienes que bajo su dominio real” pertenecerían a Alé.
Hoy, finalmente también hará su paso por tribunales Andrea Acosta, esposa de Adolfo Ángel “Mono" Alé, hermano de “La Chancha”. La situación patrimonial del “Mono” Alé ha sido calificada por los investigadores como una de las que “mayores particularidades presenta”. Ante la AFIP, Adolfo declaró que se dedica al asesoramiento de empresas y el cultivo de caña de azúcar pero del análisis surge que “las ventas no llegan a cubrir los costos más importantes de la firma” pero las deudas disminuyeron, pese a que el “contribuyente” no justificó el origen del dinero con el que las afrontó.
Adolfo integra junto a Acosta una sociedad comercial denominada “Points Limits S.R.L.”, cuyo objeto social se centra en “servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar y apuestas” y posee cinco locales habilitados en la provincia de Tucumán, pero “no registra la titularidad de ninguna cuenta bancaria, ni posee personal suficiente para desarrollar la actividad declarada”, apuntaron los fiscales.
“Ante un fenómeno criminal de tipo mafioso es importante desenmarañan el grupo familiar o las relaciones comerciales que han tenido”, dijo Gonella. A las indagatorias que continuarán los días 1°, 7 y 8 de noviembre, también está convocado el hijo de Alé y Rivero, Ángel Adolfo Alé. Citado para la última jornada, Ángel figura como uno de los dueños de la flota de remises “Cinco Estrellas SRL”, cuyos móviles se sospecha fueron usados para el secuestro y traslado de Marita Verón a los prostíbulos de La Rioja.
Gonella informó a Infojus Noticias que además de los pedidos de indagatoria en el expediente se han dispuesto una serie de medidas cautelares que le impiden a los acusados salir del país. En esta investigación que se inició por una denuncia de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) se dictaron embargos y se congelaron cuentas bancarias. “Por ahora, el juez confirmó la imputación de 12 personas a las que se les atribuyó asociación ilícita para cometer estos delitos desde 2002 en adelante”, dijo Gonella.
En esta causa “sospechamos que la explotación sexual de mujeres víctimas de trata” habría sido la actividad que dio origen al “capital ilegal inicial, posteriormente diversificado por el grupo al alcanzar visibilidad pública el caso Marita Verón”, argumentaron los fiscales en su presentación ante el juez federal. Para esto el clan de Alé y Rivero se habría valido además de la remisería Cinco Estrellas, de las sociedades “Points Limits SRL”, “Transportadora Leonel SRL” y “Gerenciadora Deportiva del NOA”, para el “lavado de activos de origen ilícito”. “La sospecha nuestra es que eso se compró todo con plata proveniente del delito. Estamos hablando, hasta ahora, de unos seis millones y medio de pesos”, precisó Gonella.
En este expediente, producto de 15 allanamientos que se hicieron en el mes de marzo, se secuestraron y embargaron con fines de decomiso, 60 armas de distinto calibre, 200.000 euros, más de 150 automóviles, 12 cuentas bancarias, más de 30 inmuebles, camiones y acoplados, y se clausuraron cajas de seguridad en bancos.
En una segunda etapa, en esta causa o en otra por narcotráfico que está abierta en La Rioja, está previsto que Gonella insista con las indagatorias a “la banda de los riojanos”, entre los que figuran los hermanos Gómez, hijos de Liliana Medina. Aunque Medina falleció en febrero, los fiscales presentaron el requerimiento para que declare en la causa porque –si bien tomaron conocimiento público de su deceso- el acta de defunción no fue incorporada al expediente.
La red familiar que está siendo investigada se amplía con la imputación de la esposa de “Chenga” Gómez, Mariana Natalia Bustos; el policía riojano Pascual Andrada, acusado en el juicio de distribuir a las víctimas de trata en diferentes prostíbulos de la provincia; Cinthia Gaitán y su esposo Carlos Luna; María Azucena Márquez y Humberto Derobertis, encargado del prostíbulo El Desafío, donde Marita Verón habría sido obligada a prostituirse.
Salvo los Alé, y Alejandro Gónzalez todos los nombrados figuraban entre los acusados que en diciembre pasado consiguieron el favor de los jueces tucumanos que absolvieron a todos los imputados por la desaparición de Marita Verón, pero que los consideraron parte de una “red de trata internacional” que debía ser investigada. Esta línea de indagación, fue retomada en esta causa que impulsada por Trimarco ante la Unidad de Información Financiera (UIF) apuntó al llamativo y abultado incremento de bienes del clan Alé, y habilitó esta nueva pesquisa penal por lavado de activos.
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