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La posibilidad de avanzar en el juicio oral sobre la “Masacre de Wilde”, el caso de gatillo fácil que involucró a ocho policías acusados de matar a cuatro jóvenes en 1994, volvió a empantanarse. La rendija que se había abierto por la decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en noviembre de 2013, que ordenó continuar la investigación centrándola en los acusados, fue obturada por la recusación al fiscal de la causa que planteó el defensor de los ex policías. Si bien el juez de Garantías de Lomas de Zamora la rechazó durante la audiencia de esta mañana, el abogado Luis Galtieri logró que la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Lomas acepte el recurso. Ahora el cuerpo deberá habilitar una sala especialmente para analizar la cuestión.

“La historia oficial dice que un grupo de tareas de la Brigada de Lanús salió en prevención del delito vio a gente en actitud sospechosa en un Peugeot 504 y un Dodge 1500. Los persiguieron y mataron a todos los que estaban en el Peugeot y después siguieron persiguiendo a otro auto, que es donde viajaba Edgardo y Claudio Díaz. A Edgardo lo matan. Acá también hay una historia oficial que dice que lo mataron adentro del auto pero historia la real es que lo fusilaron abajo del auto, boca abajo y en el piso. Habían salido a vender libros a Burzaco”, contó esta mañana Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, en declaraciones al programa radial Aire Nativo.

Ella no lo sabía aún pero poco después la posibilidad de tomarle declaración a los ocho imputados bajo el nuevo Código Procesal Penal fue postergada porque recusaron al fiscal Sebastián Scalera. La estrategia de la defensa de los ex integrantes de la ex Brigada de Investigaciones de Lanús -Norberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto, y Hugo Reyes- fue dilatar los plazos. El abogado Galtieri, que ya defendió a los acusados por la Masacre de Budge, presentó una “apelación en subsidio”, que es un recurso que permite suspender el proceso hasta tanto se expida la Cámara. Eso genera, en principio, una dilación de al menos un mes. Según precisó Scalera, en ese plazo se deberá, además, conformar una sala especial porque la Sala Primera, que es la original, ya tomó intervención en la causa que se inició hace veinte años.

El 10 de enero de 1994, unos quince policías de la Brigada de Lanús salieron a hacer tareas de vigilancia sobre salideras bancarias, según declararon. Empezaron a seguir a Peugeot que les pareció sospechoso. Ese auto lo conducía el remisero Norberto Corbo y llevaba a Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza, ambos con algunas entradas por narcotráfico de baja escala. “Los dos eran conocidos de la Brigada de Lanús. De pronto, desde los cuatro autos policiales comenzaron a tirar contra el remis, que a las pocas cuadras chocó contra un árbol. Los policías siguieron tirando y mataron a los tres hombres”, reconstruyó Alejandro Córdoba, en su libro La Patota.

Mientras terminaban de balear ese auto, les avisaron que había un Dodge 1500 en “actitud sospechosa” y los fueron a perseguir. “Cuando parecía que todo iba a terminar como la persecución anterior, se les cruza un camión. El auto dobla, los policías también, y se encuentran con un auto amarillo, muy similar al otro auto pero en este iban dos vendedores de libros. Los persiguen tres cuadras a los tiros y uno de ellos muere y el otro se salvó por milagro. A las pocas cuadras de allí, finalmente detienen al auto que perseguían originalmente, donde iban otros delincuentes y donde encuentran armas”, resumió Córdoba ante Infojus Noticias y aclaró: “Fue una cacería, los estaban esperando. La hipótesis del CELS y de Human Rights Watch es que la virulencia con la que hicieron todo es por una posible ‘mejicaneada’ de plata de drogas”.

Los acusados por los cuatro crímenes, que también podrían ser acusados por el delito de “homicidio en grado de tentativa” por el caso del librero que sobrevivió, fueron detenidos con prisión preventiva en 1994. Luego fueron sobreseídos pero antes de que la causa se cerrara definitivamente, la Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió pedirle al tribunal de Garantías que encabeza Gabriel Vitale que “lleve a cabo las comprobaciones necesarias para procurar la identificación y sanción de los responsables del hecho”. Fue una respuesta a un planteo de Gazzanego, viuda de Cicutín.

“Esto hay que ponerlo en contexto. Lo que ocurrió está en el marco de la ‘Maldita policía’ de Eduardo Duhalde, que tenía Pedro Klodczyk como jefe. Es la ‘Maldita policía’ que tenía a Juan José Ribelli en la Brigada de Lanús, que también estuvo en la masacre dela Amia. Era un accionar bastante común en ese momento que lamentablemente eso no se pudo desterrar del todo. Es un accionar que les queda desde la dictadura”, completó Gazzanego.