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Sentado en el banquillo de acusados, solo y con el habitual gesto de las manos entrelazadas, Luciano Benjamín Menéndez volvió a reflejarse en la cara siniestra que nunca abandonó: la de líder ideológico de la dictadura, esa que lo convirtió en uno de los artífices del horror. En el veredicto, mostró una actidud distinta a la débil que había exhibido en los alegatos. Aquella vez, había pedido retirarse de la sala por motivos médicos. Ahora, sin embargo, pidió la palabra y no titubeó en negar los hechos. Y, al mismo tiempo, justificó el accionar de lo que consideró "una misión patriótica". El ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército fue sentenciado a prisión perpetua por el secuestro y el homicidio de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) ocurrido en junio de 1976. De ese modo, recibió la cuarta condena en Córdoba y la duodécima en el país. El veredicto condenatorio, emitido por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, fue por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado”. La condena se dictó en el marco de la causa de la causa ‘Roselli’ y se relaciona con el fusilamiento de Ana María Villanueva, Carlos Delfín Oliva y Jorge Manuel Diez.

En sus últimas palabras, el multicondenado represor sorprendió al declarar que la última dictadura cívico y militar “jamás persiguió a nadie por sus ideas políticas nacionales”. Con la misma línea que predica en cada juicio, Menéndez dijo que lo que ocurrió en el país fue una “guerra revolucionaria” que tuvo origen en la “revolución marxista” que “se proponía someter a la Argentina y a los países de Sudamérica en satélites de Rusia”.

“Enfrentábamos una guerra contra los terroristas marxistas que amenazaban la paz nacional con la creación de ejércitos clandestinos”, agregó Menéndez y justificó los resultados al sostener que “eran combatientes y sabían que asumían riesgos”.

Sobre las expresiones de Menéndez, el abogado querellante Claudio Orosz dijo que el discurso del represor no lo sorprendió "porque viene de una familia de militares del ejército creado por los Roca y por los Mitre de claro origen oligárquico y antipopular que se vanaglorian de sus abuelos que andaban exterminando indios y chilenos en el sur”. Y enfatizó:  “En esa concepción oligárquica y antipopular, Menéndez sostiene que el accionar militar se había dado en el marco de una tercera guerra mundial y que él es un general vencedor. Incluso, está convencido que va a tener monumentos en las plazas por todo lo que hizo. Es un megalómano, un asesino y un genocida”.

Tanto la parte querellante como el fiscal Facundo Trotta habían solicitado prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado. Por estos hechos, en marzo de 2012, ya habían sido condenados a prisión perpetua tres ex agentes del Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia de Córdoba.

El represor más condenado

Con esta nueva sentencia en su contra, Menéndez sumó su 12ª condena. El ex jefe del III Cuerpo del Ejército cuenta siete condenas a reclusión perpetua, dos de prisión perpetua, una de 20 años de prisión y otra de 12 años. De todas ellas, tres condenas a reclusión perpetua ya se encuentran firmes.

En su alegato,  el fiscal Facundo Trotta lo consideró autor mediato en el secuestro y homicidio de los militantes de la Juventud Universitaria Peronista Jorge Manuel Diez, Ana María Villanueva y Carlos Delfín Oliva, ocurridos el 2 de junio de 1976. “Una vez más se demostró que fue Menéndez el que dio las órdenes para los asesinatos de los militantes. Este juicio no descubrió nada nuevo sino que confirmó que Menéndez era la máxima autoridad en la represión cordobesa”, explicó Trotta a Infojus Noticias.

Para el fiscal, hubo varios puntos a destacar en este juicio abreviado, que transcurre en paralelo al Megajuicio de La Perla. “En primer lugar, que Menéndez presidía reuniones con los jefes de la represión en policía y ejército, en una mesa chica donde bajaba línea sobre la fijación de blancos y de enemigos entre los que se destacaban estudiantes, sindicalistas, y militantes políticos del PRT-ERT y el peronismo, entre otros”, dijo y contó que, a diferencia de otras ciudades, en Córdoba no se quemaron los archivos que permitieron identificar los memorándums.

Por otro, Menéndez aseguró una continuidad en la lucha “antisubversiva” que, años antes, había iniciado la policía provincial. “Como máximo jefe destaca la labor represiva y los alienta a que sigan haciendo lo que venían haciendo, aunque ahora bajo su mando. Queda claro, entonces, cómo dieron apariencia de legalidad a la ilegalidad en la justificación de la muerte poniendo a los delincuentes terroristas como enemigos de la patria y a las fuerzas de seguridad como solución final”, destacó y luego precisó que, en el contexto de las muertes de Diez, Villanueva y Delfín Oliva, también existieron otros enfrentamientos fraguados.

"Estamos juzgando al ideólogo de ese hecho, al que lo planificó, tomó la decisión, dio la orden y proporcionó las herramientas necesarias, no sólo para llevarlo a cabo sino además para lograr la impunidad de sus ejecutores", concluyó Trotta en su alegato ante los jueces José Vicente Muscará, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón. Trotta hizo hincapié en "la extensión del daño" provocado por el imputado, que surgía de los testimonios de los familiares de las víctimas, a quienes los hechos "les cambió la vida", "y la función reparadora que estos juicios cumplen para ellos".

Tres condenados en 2012 por estos hechos

En el juicio quedó demostrado que los tres militantes de la JUP se encontraban en la intersección de Caraffa y Octavio Pinto, en la ciudad de Córdoba, en la mañana del 2 de junio de 1976. Que, al descubrir que estaban siendo vigilados, escaparon en un auto pero a pocas cuadras fueron interceptados y trasladados a una zona descampada, donde fueron fusilados.

Como era habitual en las comunicaciones oficiales del régimen dictatorial, el hecho fue informado como un "enfrentamiento" contra un grupo de subversivos. El 26 de marzo de 2012, el Tribunal condenó a prisión perpetua a los autores materiales, los ex integrantes del Comando Radioeléctrico, Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri, en tanto Menéndez fue separado del juicio debido a que las pericias médicas oficiales habían considerado que el represor no contaba con las condiciones adecuadas de salud para afrontar el proceso de enjuiciamiento.

Este es el quinto juicio por delitos de Lesa Humanidad en contra de Menéndez en Córdoba, en tres de ellos fue condenado a prisión perpetua y los dos restantes se encuentran en curso de debate, en esta causa denominada 'Roselli' y 'La Perla'.
El 26 de mayo, en Mendoza, Menéndez volverá a sentarse en el banquillo de los acusados junto a otros diez imputados. El tribunal mendocino tratará varias causas que abarcan los casos de doce víctimas, entre ellas Luis María Vázquez Ahualli, Mauricio López, Emilio Luque Bracchi, Juan Ramón Fernández, Carlos Armando Marín, María del Carmen Marín, Osvaldo Zuin, Horacio Ferraris, Olga Inés Roncelli, Víctor Rafael Romano Rivamar, Amadeo Zenón Sánchez Andía y Oscar Miguel Pérez Fernández.

Finalmente, el 6 de agosto, en La Rioja, volverá a ser junto a otros 17 imputados, acusado por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y torturas, entre otros. Entre los procesados figuran integrantes del Batallón 141, de la delegación La Rioja de la Policía Federal, de la policía provincial y de la Gendarmería.