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Comenzó en Posadas el debate sobre la reforma judicial, en el marco del encuentro “La sociedad le habla a la Justicia”. En la primera de las mesas hablaron el ex preso político Hugo Gómez,  el abogado Hugo Baldoneyro, el delegado sindical  Roque Pereyra y Zaida Gatti, del Ministerio de Justicia. En la segunda participaron el defensor oficial Manuel Bouchoux, el abogado Alejandro Armoa y Ramón Enríquez, del RENATEA. En la tercera hablaron Olga Sosa, del ministerio de Derechos Humanos de Misiones, Diego Segovia de RENATEA, Amelia Rosa Báez subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Misiones y Ricardo Dios, del Ministerio de Seguridad de La Nación.

Antes de que empezar con las exposiciones, en el Centro de Convenciones de Posadas se vio un fragmento del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad de La Matanza, en el primer encuentro “La sociedad le habla a la Justicia”. En su discurso dijo que “La sociedad siempre interpela a los poderes del Estado” Y con Susana Trimarco, Estela de Carlotto y Pablo Ferreyra sentados a su lado, dijo que en esa mesa estaban representados los “los problemas, dramas y tragedias” de la Justicia en el país y que era notorio que “hay entramados que tenemos que derribar”.

En la apertura de la mesa tomó la palabra el ex preso político Hugo Gómez. Afirmó que “siempre es un misterio la justicia para los trabajadores” y propuso “adueñarse de este debate porque cualquier autoridad es autoridad por la legitimidad que le da el pueblo”.

Otro ex preso político y abogado, Hugo Baldoneyro, fue el segundo en hablar. “Nosotros decimos que no estamos vencidos -empezó- este audífono es porque casi no oigo, porque las torturas dejan secuelas, pero a mí en la facultad me enseñaron que la justicia se construye de abajo hacía arriba, que las leyes son producto de la participación popular”.

El delegado de Sindicato de Tareferos de Jardín América, Roque Pereyra, contó que “apenas llegué, con mucho esfuerzo, a hacer séptimo grado. Pero en la escuela me enseñaron que el país está regido por tres poderes. Yo me pregunto cuántos abogados, cuántos jueces, surgieron de la clase obrera, de los que producen la riqueza. Hace 160 años que el sector que represento viene siendo castigado. Los Mensú, los que cosechan el oro verde, seguimos siendo avasallados. Trabamos en forma precaria, casi esclava. Y las leyes están escritas pero no se cumplen. A mi me gustaría ver, algún día, un patrón escrupuloso, un negrero, un contratista preso por no cumplir con las leyes”.

Cerró la mesa Zaida Gatti, titular de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas damnificadas por el delito de Trata de Personas. “Desde el inicio de nuestro trabajo tuvimos problemas con el Poder Judicial. Esta provincia, lamentablemente, conoce muy bien este problema, porque Misiones es una de las principales provincias de captación. Y las víctimas son, casi siempre, captadas a través de la promesa de un trabajo y terminan siendo explotadas es permitida por la desigualdad social. Y en los juzgados, cuando las víctimas son rescatadas, hay que explicarle a los jueces qué es una víctima de trata.

Gatti contó que durante el juicio por el caso Marita Verón, “en el fallo más vergonzoso que tuvimos” la Oficina de Rescate acompañó durante 9 meses a todas las víctimas que fueron a declarar. “Y todas las mujeres que declararon eran víctimas de trata. Dieron testimonio frente a los proxenetas, que las habían violado o vendido, y pudieron contar lo que les había pasado. Pero todos los imputados fueron absueltos”. Finalizó diciendo que “no queremos una Justicia que le de la espalda a la sociedad y a las víctimas”.

-La familia judicial

La segunda mesa de debate empezó a las 15:10 con la palabra de Manuel Bouchoux, Defensor Oficial en la ciudad de La Plata. En el auditorio del Salón Eva Perón Bouchoux expresó que “es importante continuar con los debates sobre la democratización de la Justicia y sobre todo sostenerlo porque desde algunos sectores conservadores se pretende que, después del fallo de la Corte Suprema, está clausurado el debate”.

El defensor afirmó que a partir del envío de los proyectos de ley desde el ejecutivo hacia el Congreso “se abrió un camino que será largo” pero “la Justicia es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos únicamente de los abogados” expresó. “Por eso hay que hacerlo de cara a la sociedad y federalmente. Desde la Capital Federal, a veces, parece que los únicos problemas son los que atañen a los porteños. Hay, por ejemplo, 5 proyectos de ley de democratización de la Justicia en la provincia de Buenos Aires que ya están a consideración del Poder Legislativo”.

Bouchoux afirmó que “hace 10 años venimos viviendo una serie de ampliación de Derechos que algunos sectores sienten que los perjudica porque toca sus intereses. La concepción del poder judicial sobre la Justicia ha sido, históricamente, anti-política. Entonces se reemplaza la voluntad popular representada en los legisladores por el criterio de un señor, que sentado en su despacho, que con una cautelar logra restringir Derechos. Vale el ejemplo de la ley de Servicios Audiovisuales que hace 4 años fue sancionada y todavía no pudo ser aplicada por los recursos que se han interpuesto”. Y para finalizar dijo “hay que seguir trabajando porque la luz va a llegar”.

El abogado querellante en causas por delitos de Lesa Humanidad en Chaco, Alejandro Armoa, dijo que el suyo es “un aporte desde la práctica y desde la militancia”. El abogado afirmo que “hablar en difícil es romper la lógica de la comunicabilidad y la gente quiere saber de qué se trata la democratización de la Justicia”.  Armoa recordó que “el poder judicial no tiene una reforma hace 200 años” y que en su provincia “hay familias que tienen hasta 11 miembros en el Poder Judicial”.

Aseguró que “todos los perpetradores de crímenes de primera mano están acusados. Pero los garantes tienen todos los beneficios todavía y los jueces fueron los garantes durante la dictadura. Mantienen sus privilegios en este poder judicial que queremos transformar”.

Ramón Enríquez delegado del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios en Misiones empezó reflexionando sobre un concepto nacido en los años del neoliberalismo. "Se generó un falso concepto cuando  se habló de la neutralidad e independencia del Poder Judicial", dijo. "Es una falsedad pensar que viven en una esfera impenetrable, de cristal y donde son inmunes a todo. Son permeables a presiones políticas, ideológicas, de su origen de clase o del poder económico. Este poder judicial nunca defraudó al poder económico”. Y afirmó que “los empresarios que mandaban a secuestrar a los delegados y a los trabajadores en Misiones y ninguno de esos actores directos del Terrorismo de Estado aparecen, si quiera, como imputados”.

Para terminar,  Enríquez puntualizó que “el poder judicial es el último bastión de las ideologías más conservadoras de nuestra sociedad. Resguardando del poder económico que se ve afectado por el crecimiento de una sociedad que intenta ser cada día mejor”.

-La última mesa

La Directora de Participación y Liderazgo del ministerio de Derechos Humanos de Misiones, Olga Sosa, fue la primera exponente de la tercera mesa de debate. “Hace cuatro años y medio que contamos con una tipificación del Delito de Trata de Personas -contó Sosa- antes no teníamos una herramienta para juzgar a quienes lucran con este negocio donde se explota a las personas”. En su intervención expuso el trabajo que se hace a nivel provincial para prevenir y abordar el delito de Trata de Personas. El trabajo realizado permitió que se llegara a los 11 juicios en la Justicia Federal, con condenas que van de los 5 a los 14 años de prisión.

“Habría que preguntarse por qué, si estamos en democracia desde 1983, estamos hablando de democratizar la Justicia como si ese fuera un poder que no estuviera en democracia”, así empezó su intervención Diego Segovia, subgerente de Fiscalización de Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Y afirmo que “Néstor Kirchner dijo a 10 días de asumía que tomó la decisión política de ir sobre la Corte Suprema adicta y darle un marco de institucionalidad. Desde Mitre hasta la llegada de Néstor todos los jueces habían sido elegidos a dedo. Néstor creó las audiencias públicas donde la sociedad pueden debatir los ministros de la Corte. Ahí empezó la democratización de la Justicia”.

Segovia subrayó que “estos tipos de la Corte, a excepción de Eugenio Zaffaroni, hicieron un fallo a espaldas del pueblo y no tienen ninguna sanción, ni siquiera social. Este gobierno puso las discusiones sobre la mesa. Estos foros son una política de Estado. Hay que salir a dar la discusión en todos lados. No solo en esas cajas de cristal que son los colegios de abogados, sino en cada barrio. Queremos jueces que vengan de sectores populares para que entiendan la realidad que estamos atravesando”.

Amelia Rosa Báez subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Misiones empezó afirmando que “la política es la mejor herramienta de transformación social, y esto lo aprendí militando en la Unión de Estudiantes Secundarios en los años '70. Desde ahí me paro y explico mi postura. Tenía 15 años y venía de una familia peronista cuando empecé a militar. Mi compañero fue secuestrado en octubre de 1976, como muchos otros. La patria era el otro, como dice la compañera presidenta. Tenía 19 años cuando me eligieron presidenta de la asociación de Familiares de desaparecidos y ex presos políticos por razones políticas durante la dictadura”.

Entonces, explicó Rosa Báez, “cuando escucho a las víctimas de la trata, escucho las mismas figuras delictivas que conocimos durante la dictadura militar: secuestro, detención ilegal, falsear la identidad, violaciones sistemáticas. Si hace 37 años que venimos luchando por los Derechos Humanos cómo no seguir trabajando con las víctimas del Delito de Trata de Personas. Y cuando vemos que los jueces le dan penas leves a los acusados en causas de Trata comprendemos que hay que democratizar la Justicia”.

El cierre de la mesa etsuvo a cargo de Ricardo Dios, Director Nacional de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad. Dios dijo que “el corazón de este proyecto es la democratización de los medios de comunicación, de la Justicia y de la Seguridad”. Apuntó que “la otra batalla es la cultural, que también hay que dar, porque nos hacen creer que están en peligro las instituciones. Los medios de comunicación imponen una agenda, incluso a los jueces, y por eso la presidenta dijo que la agenda judicial la tiene que marcar las necesidades del pueblo”. En esta misma línea, al final de su intervención aseguró “la generación de miedo también es una estrategia conservadora para evitar los cambios y las transformaciones”.