Pablo Plaul se electrocutó por la negligencia de un hotel de Puerto Iguazú. Primero se culpó al empresario del complejo hotelero y luego el mismo fiscal revocó la medida. La familia Plaul reclama que se reabra la causa.
Hace seis años que Héctor Plaul repasa un expediente de cinco cuerpos. En esas fojas empezó a entender de leyes y “chicanas judiciales”. Su hijo Pablo tenía 17 años en 2006 cuando corrió tras una pelota en el predio del Hotel Raíces, en Puerto Iguazú Misiones, y al resbalarse se aferró a una farola. Una descarga eléctrica lo mató. El chico estaba de viaje de estudio con sus compañeros del segundo año del Colegio Parroquial San Justo, de Buenos Aires.
En la causa, el fiscal Alejandro Néstor Monzón procesó a Ricardo Omar Ayala, empresario del complejo hotelero, por “homicidio culposo”. Luego, con la misma prueba, revirtió la medida. “Al quedar la investigación a la buena de un fiscal corrupto, la causa de mi hijo se convirtió en testimonio de la impunidad. En tribunales todos comentan que Monzón recibió 100.000 pesos y cambió el dictamen”, dijo Plaul a Infojus Noticias. En el expediente, aún están procesados los empleados municipales que dieron “el visto bueno a la obra”, explicó Plaul y agregó: “La muerte de mi hijo se podría haber evitado si ponían un disyuntor que hoy sale entre 500 y 700 pesos”.
Tras haber intervenido en este juicio el fiscal renunció a su cargo. Pero por hechos asociados a otra causa: “falsificó la firma de un juez para sacar unos autos que estaban decomisados. Primero lo suspendieron durante un mes, y para evitar el juicio político terminó renunciando”, dijo el padre de Pablo.
La familia del joven lamenta no haber podido actuar como querellante en la causa porque la legislación provincial se lo impedía. Pero en las próximas elecciones provinciales del 30 de junio se incluirá un referéndum para para incorporar o no la esta figura en el Código Procesal Penal de Misiones, modificando la Constitución provincial. La medida modificaría sustancialmente el acceso a la Justicia y la dinámica de los procesos judiciales, al permitir a los afectados, convertirse en impulsores de los procesos. “Obviamente, apoyamos la reforma”, dijo a Infojus Noticias Pablo Pimentel, el abogado de APDH La Matanza que acompaña a la familia.
Es por este motivo que piden la nulidad del fallo, tanto ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como el mismo Juzgado Nº 3 de Puerto Iguazú, que en la actualidad está cargo del juez Pablo Fernández Rissi. “Si la respuesta es positiva el proceso se realizaría nuevamente, desde cero. Hace una año y medio que esperamos esta resolución”, dijo Plaul.