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En Tucumán, Luciano Benjamín Menéndez fue nuevamente condenado por delitos cometidos durante la última dictadura. Esta vez a 12 años de cárcel en la causa en la que estuvo imputado por el secuestro de Jorge Ygel y su suegra Julia Rita Ariza de Toledo, en 1977, cuando los obligaron a “donar” al Estado provincial 25 hectáreas de una estancia en la localidad de Yacuchina. Por el despojo, el Estado nacional deberá indemnizar a la familia Toledo–Ygel con 18 millones de pesos.

“Destacó que el tribunal, en la mayoría de su integración, declarara a los hechos como de contexto de delitos de lesa humanidad y reconociera que la Zona III, estuvo a cargo de Luciano Benjamín Menéndez con jurisdicción también en la provincia de Tucumán”, dijo el abogado Lobo Bugeau al conocer la decisión de los jueces.

“Pasaron los años y mi mamá seguía llorando”, contó María Elena Toledo al recordar los días del despojo. Hija de Ariza y esposa de Ygel, Toledo es junto a sus tres hijos querellante en la causa, porque las víctimas directas ya fallecieron. A Infojus Noticias le contó que en noviembre de 1977, apenas estaba amaneciendo, cuando unos diez soldados del Tercer Cuerpo de Ejército que comandaba Menéndez, voltearon la puerta de calle en la casa que compartía con su esposo Jorge, sus tres hijos y su madre, en Tafí Viejo (a unos 15 minutos de San Miguel de Tucumán).

“Jorge era judío y pensamos que lo venían a buscar por eso”, dijo Toledo. Esa mañana, finalmente lo encañonaron y lo obligaron a subir a un auto en el que lo trasladaron hasta la avenida Sarmiento y 25 de Mayo. Lo golpearon y bajo amenazas, le pidieron a Ygel que entregara las tierras en las que el gobernador Antonio Domingo Bussi ordenó que se levantara la localidad de Capitán Cáceres (en septiembre de 1976).

Ygel les aclaró que pertenecían a su suegra, Rita Ariza. Dos días después fueron a buscar a la mujer. “Esta vez golpearon la puerta”, contó María Elena. También era temprano y apenas dejaron vestir a la mujer que estaba en camisón. El propio Ygel pidió acompañarla, pero no lo dejaron y los siguió desde lejos en el auto familiar. Los vio entrar a la Casa de Gobierno. “Ya habían construido el pueblo, necesitan un título habilitante”, explicó a Infojus Noticias el fiscal Leopoldo Oscar Peralta Palma.

Las tierras, en las que ahora se emplaza Capitán Cáceres, pertenecían a una finca donde la familia tenía plantaciones de caña de azúcar,  en la localidad de Yacuchina, en la región de Monteros. El de Capitán Cáceres no es el único caso de un pueblo construido en Tucumán bajo el amparo del llamado Plan de "Reubicación Rural", que bajo el ala de Bussi y Menéndez asoló a la población tucumana.

Con ese plan, entre agosto de 1976 y 1977, el gobierno provincial dio forma a una línea imaginaria de pueblos -paralela a la vieja traza de la ruta nacional 38-, de norte a sur. Los consideraron una zona de operaciones contra la guerrilla. Y los bautizaron con nombres de la oficialidad: Teniente Rodolfo Hernán Berdina, Soldado Ismael Maldonado, Capitán Héctor Cáceres y Sargento Miguel Arturo Moya.

En 1984, Rita Ariza declaró ante la comisión bicameral donde receptaron las denuncias de las víctimas de la represión estatal. Entonces, la mujer contó que cuando la secuestraron y llevaron hasta la Casa de gobierno, fue el propio Bussi, quien se acercó la instó a firmar la entrega de tierras. La operación quedó registrada como una donación, pero el instrumento público nunca se presentó formalmente.

El 6 de diciembre de 1977, Bussi, Marcelo Durán y Juan Moreno Campos completaron la transacción con su firma estampada en dos decretos en los que aceptan el supuesto traspaso. “Más allá de esos decretos, solo está la notación en el folio de registros catastrales de la provincia, pero la firma de Ariza no fue incorporada”, precisó el fiscal Peralta Palma.

Al sostener la acusación el abogado que asistió a la hija de Ariza, Bernardo Lobo Bugeau, precisó que "las conductas de despojo patrimonial fueron parte principal del terrorismo de estado que se desató en Tucumán desde 1975”.

En 2011, el fallecimiento del gobernador de facto Antonio Bussi dejó a Menéndez, en su carácter de Jefe del III Cuerpo, como el único imputado en la causa que llegó a juicio ante el Tribunal Oral Federal tucumano.

Esta mañana, con el voto en disidencia del juez Gabriel Casas, el tribunal quqe integra con los jueces Juan Carlos Reynaga y Carlos Jiménez Montilla, hizo lugar parcialmente a la acción civil de daños y perjuicios interpuesta por María Elena Toledo de Ygel. La viuda de Ygel que además reclamó al Estado provincial había solicitado una indemnización de más de 48 millones y medios de pesos, por el valor de la tierra y en concepto de “lucro cesante” (es decir: lo que dejó de ganar por la usurpación, estimado por los peritos de la causa en 15.380.061 pesos).

La codena también fue menor que la solicitada tanto por la querella representada por Lobo Bugeau, como por el fiscal Leopoldo Peralta Palma. Ambos habían solicitado para Menéndez 20 años de prisión y que cumpliera la pena en la cárcel de Bower, en la provincia de Córdoba, donde reside actualmente. “Están en sus domicilios, frescos, cómodos. Todo un país sabe que esa es su costumbre ahora”, dijo a Infojus Noticias María Elena.

Yo señor, no señor

Esta mañana, antes de darse a conocer el fallo, Menéndez hizo uso de la palabra y sostuvo que "jamás me metí con el gobierno y menos con la justicia que se aplicaba en cada provincia", delegando responsabilidades a Antonio Domingo Bussi, entonces gobernador de facto de Tucumán.

Dijo: "Me desenvolví cuatro años como comandante de Brigada y cinco como comandante de Cuerpo" y sostuvo que "me resulta extraño que se me se involucre en la compra de estos terrenos". "Eso se habrá hecho por el camino del canal del gobierno, sin ninguna intervención mía", afirmó.

El represor dijo que fue "muy respetuoso" con el canal militar por donde recibían las órdenes y recalcó que "nunca me metí ni por curiosidad a investigar el canal del Gobierno". "Siempre recibí órdenes del canal del militar que encabezaba el comandante (Jorge Rafael) Videla y era el Gobierno el que hacía las obras que se juzgaba pertinentes", expresó.

Menéndez indicó que "de ninguna manera yo interfería en las obras del Gobierno, por eso me sorprendo desagradablemente al verme  envuelto en un juicio en el que no tengo arte ni parte". Los hechos investigados sucedieron en el marco del denominado "Operativo Independencia" por el cual se fundó el pueblo de Capitán Cáceres.