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Al regresar de su licencia, el juez de Garantías Nº2 de Pergamino, Julio Caturla, encontrará en su escritorio un expediente con cuatro imputados: dos menores y dos mayores de edad que fueron detenidos con casi dos kilos de marihuana. Entre ellos se encuentra Manuel Gutiérrez, de 18 años, hijo de dos ilustres ciudadanos de esa próspera localidad de la pampa húmeda. Su padre, Héctor “Cachi” Gutiérrez es el intendente. Su madre, Mónica Flora Guridi, es la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. La jueza y el intendente de la UCR aún no tuvieron contacto con su hijo, que permanece alojado en la comisaría 1ª de la ciudad. En los próximos días el fiscal Horacio Oldani debe decidir si solicita prisión preventiva o si hace lugar al pedido de la defensa y lo deja en libertad.

En los bares y comercios de la ciudad casi no se habla de otra cosa. “Se corría el rumor de que el chico andaba en algo raro”, cuenta un diariero mientras entrega un ejemplar de La Opinión. El triunfo del equipo de la ciudad, Douglas Haig -que llevaba nueve fechas sin ganar-, comparte tapa con las declaraciones del “Cachi” Gutiérrez. “El procedimiento fue igual que con cualquier hijo de vecino”, dijo el jefe comunal en conferencia de prensa, después de aclarar que tanto él como la madre del joven están “sumamente doloridos”.

Durante los años que convivieron en el chalet de dos pisos sobre la Ruta 8, Gutiérrez y Guridi fueron un matrimonio exitoso. Ella, después de ser secretaria en un juzgado y defensora oficial llegó a ocupar el cargo más importante del fuero penal de los tribunales de Pergamino: el de presidenta de la Cámara de Apelaciones. En algún momento de su vida, él también compartió la pasión por el Derecho. Abandonó su trabajo como abogado penalista para dedicarse a la política. En 1999 triunfó en las elecciones municipales acompañando en la boleta al candidato a presidente de la Alianza, Fernando de la Rúa, y ya nunca abandonó el cargo. El próximo 10 de diciembre asumirá como diputado nacional.

La pareja tuvo tres hijos: dos mujeres que ahora viven en Buenos Aires, donde estudian en la universidad, y Manuel,  que cursa el último año del secundario en el Instituto Comercial Rancagua.

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Como la mayoría de los adolescentes de Pergamino, Manuel suele pasar horas junto a sus amigos en la plaza Merced, frente a la iglesia, o en la plaza 9 de Julio. Cada vez que Douglas Haig jugaba de local, el joven se paraba detrás del alambrado, cerca de donde se ubica la barra.

A pesar de pertenecer a una familia de clase media-alta Manuel se hizo muy amigo de M.G, un adolescente de 16 años hijo de una familia obrera del barrio ferroviario. El adolescente abandonó el colegio hace algún tiempo y sueña con ser DJ de música electrónica. Sus amigos solían ir a verlo cada vez que pasaba música en la localidad de Rojas o en Rosario.

En Pergamino el grupo de amigos frecuentaba el bar Merlín. En muchas de esas salidas, Manuel se quedaba a dormir en casa de su amigo. “Son pibes tranquilos. A veces se fuman un porro, como cualquier joven”, contó un hombre que los conoce de cerca y que prefiere mantenerse en el anonimato”. “Manuel iba a la casa de M.G porque tenía muchos problemas con los padres”, agregó.

Los padres de Manuel se enteraron de la existencia de M.G después de la detención de su hijo. El sábado a la madrugada, el “Cachi” Gutiérrez recibió un llamado. “Proceda como corresponde”, le contestó al agente de la guardia urbana municipal que le anunciaba que su hijo había sido detenido, junto a otros tres jóvenes, con dos ladrillos y medio de marihuana.

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En su despacho del cuarto piso de un viejo edificio ubicado sobre calle Dorrego, a la vuelta de la plaza Merced, el fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Horacio Oldani, intenta reconstruir los hechos. A sus espaldas, una decena de diplomas cubre la pared de lado a lado.

Mientras revisa unos papeles sobre su escritorio, el fiscal explica: el sábado a la madrugada Manuel y M.G estaban con dos amigos de 17 y 22 años en un Peugeot 206 negro estacionado en calle Colombia al 200, frente a la casa de los padres de M.G. Según declaró en la causa, el policía Pablo Ciro pasó manejando el patrullero y notó algo raro: pensó que M.G les estaba robando a los del auto. Dio la vuelta a la manzana y frenó detrás de ellos.

El menor de los jóvenes arrojó una mochila sobre el asiento de atrás y se quedó parado en la vereda. El auto aceleró a toda velocidad y dobló por calle San Luis. Avanzaron una cuadra y volvieron a girar en Bolivia. En esa esquina el policía vio que una mochila volaba por la ventanilla. Unos metros antes de llegar a Ugarte los chicos quedaron atrapados en el operativo cerrojo.

Tres jóvenes que regresaban de una iglesia evangélica vieron la persecución y entregaron a la policía la mochila que los jóvenes habían arrojado en la huida. Adentro había dos ladrillos y medio de marihuana, una balanza de precisión y el DNI de M.G. El pesaje de la droga arrojó 1,875 kilos. En el auto también había dos mochilas con picadores de cannabis, tubos con restos de cocaína y un envoltorio con 4,3 gramos de marihuana picada. La policía secuestró dos celulares sin chip, posiblemente descartados.

M.G, que había quedado parado en la vereda cuando empezó la persecución, había cruzado la calle y se había metido en su casa. Al rato llegó la policía. El padre del adolescente les abrió la puerta. En el lugar encontraron seis envoltorios con cocaína.

Los dos mayores quedaron detenidos en la comisaría 1ª. Los menores fueron trasladados a la Alcaidía de La Plata.

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Mañana está previsto que se realice la audiencia para resolver la situación de los adolescentes de 16 y 17 años. Después, el fiscal deberá decidir si solicita al juez de Garantías la prisión preventiva de los dos mayores de edad. Tiene 15 días hábiles para hacerlo. Vencido ese plazo puede pedir una prórroga de 15 días más.

Los abogados defensores de Manuel y Federico –el  joven de 22 años-, presentaron un pedido de excarcelación ordinaria: sostienen que la droga pertenecía a M.G, dueño de la mochila, y que ellos solo podrían ser acusados de encubrimiento.

Por otra parte, el expediente podría pasar a la Justicia Federal. El fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello le anticipó a Oldani que pedirá la inhibitoria de la justicia provincial. Entiende que podría tratarse de un caso con características de “tráfico interprovincial”.

Una prueba clave en la investigación es el peritaje de los dos teléfonos secuestrados. A partir de allí se podrá conocer las llamadas y los mensajes entrantes y salientes de los celulares de Manuel y Federico y se puede hacer un seguimiento de sus movimientos. “Casi como un GPS”, indicaron fuentes de la investigación. A partir de estos informes se podrá determinar el rol de cada uno de los jóvenes.

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Antes de quedar a cargo la fiscalía del fuero en lo penal juvenil, Oldani estuvo al frente de la UFI de Estupefacientes. Según explicó, en la ciudad hay muchísimas causas por tráfico de drogas con las mismas características: personas que compran un kilo o dos en Rosario, lo fraccionan y lo venden en Pergamino.

En su repisa, entre libros de derecho, hay varios portarretratos. En uno de ellos hay una foto de Oldani con la remera de Boca. “Antes que nada soy de Douglas”, advierte. El fiscal alterna su trabajo en el fuero penal juvenil con el de vocal de la comisión directiva del club.

Unas horas más tarde, Oldani volverá con su ayudante, Pablo Ferreira, al lugar donde el Peugeot 206 fue detenido a buscar más testigos. Sabe que el caso que tiene en sus manos despierta el interés de la opinión pública y de la corporación judicial. Eso no lo intimida. “No recibí ningún llamado de nadie”, aclara. “Si lo presionan no les da pelota”, cuenta un periodista local que lo conoce hace años.