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La Cámara del Crimen Nº 10 condenó a cinco años y medio de prisión efectiva a Jorge Petrone, uno de los empresarios más poderosos e influyentes de Córdoba, como instigador y partícipe de los delitos de usurpación de títulos y falsedad ideológica. Fue en el trigésimo juicio de la megacausa por las irregularidades en el Registro de la Propiedad de la provincia que gobierna José Manuel de la Sota. Petrone se suma a los más de cien condenados por el escándalo de los títulos de propiedad falsos con los que se realizaron cientos de estafas y usurpaciones de tierras, entre los que hay funcionarios, escribanos, abogados y empresarios.

El dueño de Gama S.A., una compañía constructora e inmobiliaria responsable de más de quince emprendimientos fastuosos –torres y departamentos-, tuvo la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal durante la mañana. Después de insistir en su inocencia, denunció que el ex fiscal general –y abogado suyo durante 2005- Darío Vezzaro le pidió una coima de un millón de dólares para terminar con la causa. El abogado actual de Petrone también fue fiscal general de Córdoba, y es Marcelo Brito.

La coima debía pagarse a José Buteler, representante de la dueña original del terreno en litigio, Susana Munist. Petrone sostuvo que nunca los pagó porque es inocente. Irá preso junto a Oscar García, el tesorero de la firma inmobiliaria, condenado a tres años y medio de cárcel. Además, Petrone deberá indemnizar a la querella por 197 mil pesos. También fue condenado Diego Oxandaburo, participante de la triangulación por medio de la cual Petrone obtuvo el terreno, y otros tres implicados. Durante toda la jornada, el empresario fue apoyado por una multitud de obreros y empleados de Gama que reivindicaban su inocencia.

El cordobés fue detenido ayer por la madrugada, al cierre de la audiencia de 22 horas en la que la querella, la fiscalía y la defensa expusieron interminables alegatos ante la clausura del proceso. El tribunal le dictó la prisión preventiva hasta que leyera la sentencia, para evitar una eventual fuga que tornase inaplicable la condena, algo que ya sucedió en esta megacausa –que ya lleva ocho años de investigaciones y juicios-.

Cuando Petrone llegó al edificio de Tribunales II esta mañana para pronunciar sus últimas palabras, vestía una remera deportiva y jeans, luciendo un sorpresivo cambio de apariencia después de su primera noche en la prisión de Bouwer. Allí compartió el pabellón con los condenados por delitos de lesa humanidad y por narcotráfico, pero eso no pareció intimidarlo: esta mañana aseguró que los funcionarios del Servicio Penitenciario provincial lo trataron “mejor que en su casa”.

El juicio

La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal de instrucción Enrique Gavier, y la acusación en el juicio a cargo del fiscal Pablo Sironi. El caso de Petrone es tan sólo uno entre los cientos de operaciones que fueron realizadas entre 2003 y 2006. El fraude consistía en reemplazar folios de los registros por páginas falsas y así sustituir la titularidad del dominio de una propiedad, pasando de figurar a nombre de una persona –su verdadero propietario- para estar en cabeza de otra –titular ilegítima en complicidad con los funcionarios del Registro-.

Petrone se hizo de 63 hectáreas en forma ilegal, a través de ese modus operandi. Las tierras en litigio están ubicadas en la ruta 20, entre la capital provincial y Carlos Paz, y fueron arrebatadas a su verdadera dueña en una maniobra en la que se fraguaron escrituras y folios registrales. Susana Munist perdió su propiedad cuando un funcionario del Registro arrancó la página en la que constaba su título y la reemplazó por otra falsa a nombre de Agustín Lapacó. Luego la compró Diego Oxandaburo a precio vil –noventa mil dólares-, y se la transfirió a Petrone por una suma exorbitante –casi un millón de dólares-.

Petrone se escudó en ese pago para sostener que fue un comprador de buena fe, ajeno a la maniobra fraudulenta, pero no pudo convencer al tribunal. Títulos fraguados, inversiones inmobiliarias y curiosas transferencias de dinero circulando entre los imputados, llevaron a que el fiscal lo acusara de instigador y partícipe necesario del delito de falsedad ideológica continuada y reiterada por usurpación. El magnate también estuvo vinculado al concurso preventivo del club Talleres, al que tuvo que devolverle dinero obligado por la justicia.

La megacausa

Cientos de denuncias, centenares de testigos, 33 juicios orales, más de sesenta expedientes distintos, y audiencias eternas. Funcionarios, abogados, escribanos, magnates, corredores inmobiliarios y hasta un ex intendente involucrados. El primero de esos años, el titular del Registro era Jorge Belmaña Juárez, detenido con prisión preventiva y protagonista de un nuevo juicio que comenzó hace tres semanas.

Ricardo Scoles, ex intendente de Villa del Dique y ex legislador provincial, fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión efectiva en el juicio que repartió condenas para otros dieciséis acusados, entre los que había varios funcionarios del Registro. Ya son más de cien los condenados en total. El multimillonario José Rodolfo Sabagh, otro de los empresarios inmobiliarios más importantes de la provincia, fue condenado a cinco años de prisión, que purga en su domicilio dada su avanzada edad.

Es un condenado más entre los tantos que se hicieron de campos y terrenos valuados en varios millones de dólares. En varios casos, la operación terminaba con una compra millonaria de las tierras por parte del Ejecutivo provincial, aunque de esa rama de la megacausa aún no se conocen muchos detalles.