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El fiscal de instrucción Andrés Madrea pidió la elevación a juicio para tres policías federales acusados del crimen de Marcelo Javier Montenegro, muerto de un balazo en el tórax cuando iba junto a un amigo a bordo de un auto por la villa porteña de Ciudad Oculta, el 7 de julio de 2012. La víctima tenía 21 años y había eludido un control policial. Según la acusación, los efectivos de la Comisaría N°48 Emmanuel Alejandro Díaz, Mario Nicolás Medina y Diego Marcelo Calderón comenzaron a seguir el Renault Twingo en el que viajaban, hasta que abrieron fuego, supuestamente para repeler una agresión, que no se comprobó.

Los uniformados están procesados, sin prisión preventiva, por el delito de “homicidio agravado por resultar miembros activos de una fuerza policial y por haber abusado de sus funciones”. El requerimiento fue acompañado por la familia de Montenegro, constituida como querellante con la representación del abogado Nahuel Berguier, de la Asociación Miguel Bru.

Según el Ministerio Público Fiscal, luego de eludir en control ubicado en las calles Zuviría y Pasaje Herrera –dónde recibieron orden de detenerse– los chicos evadieron otro puesto, un tercer puesto. Los policías imputados escucharon el alerta y vieron pasar el vehículo, por lo que iniciaron la persecución por la calle Lisandro de la Torre.

Según la versión de los uniformado, en la calle Zuviría, Montenegro extrajo un arma y efectuó dos disparos hacia el patrullero (que luego se comprobó que no presentaba impactos) en virtud de lo cual los oficiales Díaz y Calderón extrajeron sus armas reglamentarias y dispararon cinco veces para repeler la agresión. El Renault Twingo continuó su marcha mientras era perseguido, hasta que perdió el control e impactó contra un paredón, en la intersección de las calles Piedrabuena y Saraza.

Uno de los proyectiles ingresó por el lado izquierdo del baúl del Renault Twingo, atravesó el asiento trasero y el del acompañante, en el que viajaba Montenegro, quien recibió un impacto en el tórax que le provocó la muerte minutos después por hemorragias internas. Posteriormente, la Policía encontró en la intersección de las calles Piedrabuena y Zuviría, un revolver calibre .22, con dos vainas servidas y un proyectil atorado en el cañón.

Sin embargo, se descubrió que no hubo ningún tiroteo, tal como sostuvieron los efectivos, pues el arma encontrada presentaba un proyectil atascado en el cañón, lo que imposibilitaba que de allí hubiera salido alguna bala. Además, la otra vaina servida hallada en el tambor del revólver no había sido impactada por el percutor por lo que el fiscal concluyó que durante el trayecto de la persecución ese arma no fue disparada y por lo tanto no existió enfrentamiento.

“Se utilizó la figura del enfrentamiento para tapar un asesinato”, dijo Nahuel Berguier, abogado de la familia cuando, en julio, la sala V de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital Federal confirmó el procesamiento de los tres policías.

De acuerdo con el Ministerio Público, los registros del sistema de radio truncking y advirtió que el tiroteo fue alertado por los policías recién después de las comunicaciones relativas a la persecución y el choque del vehículo, por lo que su atemporalidad con los sucesos y las conclusiones de los peritajes efectuados permitieron determinar que si bien existió resistencia por parte de Maturano y Montenegro a detenerse en los controles policiales, no hubo agresión armada que justificara los disparos policiales del modo en que lo hicieron contra el vehículo.

FISCALES/WC/JC