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En menos de un año, seis chicos con antecedentes penales y en situación de pobreza, fueron ultimados en La Plata en circunstancias en las que aparecen involucrados policías bonaerenses. Cuatro de ellos habían denunciado hostigamiento policial. Hoy el defensor penal juvenil platense Julián Axat requirió información a la Suprema Corte bonaerense: espera que se determine si son casos aislados o se trata de una práctica sistemática. La presentación involucra principalmente a las comisarías 6ta. y 8va. de la capital bonaerense.

 

El de Maximiliano de León se vislumbra como un leading case. Tenía 14 años, cuando habría entrado a robar a la casa de un policía, en el barrio de Villa Elvira. El cabo policial se dio cuenta y sacó el arma. El círculo terminó de la peor manera: una bala alcanzó la espalda de Máximo y lo mató. La breve biografía del pibe incluye un fracasado tránsito entre la calle, la captura policial, las instituciones provinciales y municipales de asistencia a la niñez y a las adicciones. También 25 investigaciones penales que lo tenían del lado equivocado (en las que, según señala Axat, se vislumbra “hostigamiento policial”). 

 

En ese momento, la abuela del chico le contó a Axat que “a Maximiliano estaban por internarlo en una clínica de rehabilitación, pero no lo hacían porque no conseguían cama o cupo en ningún lugar”. El defensor entonces presentó una denuncia. Pretendía que se investigaran las responsabilidades de los funcionarios del sistema actual de protección a niños y adolescentes, que debe implementar el municipio platense y la provincia.

 

En el escrito que presentó hoy ante la Corte provincial, Axat advierte que, si bien las investigaciones son recientes y están en curso, se observan patrones comunes: la misma policía sospechada quedó a cargo de las investigaciones y desde el punto de vista procesal “el impulso judicial es escaso o nulo” o directamente da por “válida la hipótesis policial o los dichos de los implicados”. El de Franco Quintana es otro ejemplo. Tenía 16 años cuando lo balearon y lo mataron en un supuesto intento de asalto al comercio de un agente retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense. Al penitenciario sólo lo demoraron para identificarlo, pero apenas terminaron el trámite quedó en libertad.

 

Las que tampoco registran avances, según el defensor platense, son las investigaciones por torturas, apremios u hostigamiento policiales que los adolescentes habían hecho ante la justicia. Al menos en cuatro de los casos, presentados ante el máximo tribunal. No corren mejor suerte las que involucran a los responsables de las áreas de niñez en el municipio y la provincia.

 

El de Omar Cigarán es un caso emblemático. Desde que tenía poco menos de 12 años vivía en la calle. Conocía el hambre y el consumo de sustancias. A los 17 lo mató una bala policial. El parte oficial calificó el hecho como un “intento de asalto”, que le endilgaron al pibe. La vida de Omar tampoco era ajena a las instituciones de niñez y adolescencia del gobierno bonaerense y de la municipalidad platense. “El problema es que hubo un montón de omisiones y los programas de niñez, en lugar de actuar, venían culpabilizando a los padres de Omar y al niño”, explicó a Infojus Noticias Carola Bianco, directora del programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho platense.

 

Consultado sobre antecedentes de violencia policial en las comisarías, el defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, adelantó a Infojus Noticias que trabaja en el estudio de otros casos que involucran a comisarías de La Plata. Durante el segundo trimestre del año pasado, en el registro de casos de torturas y otros tratos o penas crueles a su cargo se consignaron 322 denuncias (radicadas o no en sede judicial) que involucran a comisarías platenses. 

 

Para la presentación, Axat tomó como antecedente el caso de los chicos de la calle ejecutados por la policía guatemalteca. Esos hechos le valieron a ese país la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese tribunal internacional señaló que los poderes públicos deben cumplir con ciertos estándares investigativos en casos de “ejecuciones extrajudiciales”. En los casos de “homicidios de niños-adolescentes con frondosos prontuarios, y pertenecientes a los estratos más marginales, su impunidad posterior se convierte en un mensaje social que no evita su repetición”, explicó el defensor.