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Los fiscales federales Eduardo Villalba –a cargo de la Fiscalía N° 2 y coordinador del Distrito Salta– y Diego Iglesias –titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)– solicitaron el procesamiento con prisión preventiva del juez federal de Orán, Raúl Reynoso, en la causa en la que se lo investiga por proteger a narcos a cambio de dinero. Además, extendieron el requerimiento a los abogados y empleados judiciales acusados de participar de las maniobras, por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales y prevaricato, según informó el sitio Fiscales.gob.ar.

Hace una semana, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura había convocado a una sesión extraordinaria para tratar el expediente del magistrado, en el que se acumulan seis denuncias en su contra. Por unanimidad, los miembros de la comisión habían decidido citar a declarar a Reynoso el próximo 4 de diciembre –hasta entonces, el juez seguirá en su cargo– y ordenar una auditoría en su Juzgado.

El magistrado, en tanto, ya prestó declaración indagatoria ante su par, el juez federal de Salta Julio Bavio, en una jornada que se extendió cinco horas. “Imputamos a Reynoso (el delito) de liderar una organización criminal que recibía dinero a cambio de resoluciones judiciales favorables a personas vinculadas a causas de narcocriminalidad”, expresó entonces Diego Iglesias, titular de la Procunar.

El pedido de prisión preventiva por parte de los fiscales no se hará efectivo hasta tanto Reynoso no sea separado de su cargo, conforme lo establece la Ley N° 25.320. El resto de los acusados seguirá detenido, debido a la gravedad de los hechos imputados y el hecho de que el magistrado permanece en funciones. En ese marco, Villalba e Iglesias recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para argumentar respecto al riesgo de presión sobre los testigos.

Según informó Fiscales.gob.ar, la confrontación de los descargos efectuados por el magistrado, como por el resto de los imputados durante la indagatoria, con las pruebas reunidas en el expediente, evidencia “severas contradicciones” que otorgan certeza a las acusaciones. Entre las pruebas se menciona la cantidad de llamados telefónicos entre Reynoso y quienes oficiaban de intermediarios.

Los fiscales Villalba e Iglesias sostienen que Reynoso era el “jefe” de una asociación “de carácter estable, con soporte estructural, división de roles” que se dedicaba a “la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, favorables a los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculados a conductas de narcocriminalidad”. Los beneficios eran “excarcelaciones, prisiones domiciliarias, entregas de bienes y sumas dinerarias secuestradas”. A cambio, recibían “dádivas y/o dinero”.

La organización se completaba –según la acusación– con los abogados María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Eladio Gaona, René Alberto Gómez y Lucinda María Segovia y el Jefe de Despacho del Juzgado de Orán, Miguel Ángel Saavedra. En esa “estructura criminal” también se agregaría César Aparicio, ordenanza, y su hermana Rosalía Candelaria, acusados de formar parte de una operatoria a través de la cual el juez Reynoso habría recibido un campo de 700 hectáreas para sobreseer a un acusado de traficar 900 kilos de cocaína.

Ahora, Villalba e Iglesias –que trabaron un embargo con fines de decomiso de bienes por 30 millones de pesos– delinearon el esquema de funcionamiento de la asociación ilícita: “Ha quedado cabalmente demostrado que el juez federal de Orán, abusando de su cargo y valiéndose del carácter intimidatorio de su figura de único magistrado actuante en materia de narcotráfico con competencia a lo largo de 700 kilómetros de frontera con la República de Bolivia, construyó una figura con amplio poder intimidatorio sobre las personas por él detenidas o privadas de su libertad en causas en infracción a la ley 23.737, exigiendo a éstos y/o terceros la entrega de contribuciones dinerarias para mejorar su situación procesal”, determinaron los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), quienes además rechazaron las presentaciones de las defensas de dos imputados (A.E.G y M.E.A.), que habían solicitado que se les dicte la falta de mérito.

Fiscales.gob.ar/LL