Hay seis personas acusadas, entre productores agropecuarios, agroaplicadores e ingenieros agrónomos. La causa es por "contaminación ambiental dolosa” y la querella está encabezada por la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y 70 vecinos del barrio Ituzaingó Anexo.
La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) destacó que por primera vez en Argentina se eleva a juicio una causa en la cual seis personas son acusadas de "haber dañado la salud de vecinos con pulverizaciones aéreas de plaguicidas", al referirse al caso del barrio Ituzaingó Anexo, en el sudeste de la ciudad de Córdoba, que será juzgado, sin fecha determinada aún.
El presidente de FUNAM, Raúl Montenegro, calificó hoy de "histórico" este juicio porque "por primera vez en Argentina se busca relacionar los daños a la salud sufridos por vecinos, tras quedar expuestos a los plaguicidas que habían sido pulverizados en un campo colindante al barrio".
A través de un comunicado la entidad ambientalista recordó que así llega a juicio la causa madre iniciada en 2003-2004, en la que FUNAM y 70 vecinos son querellantes con el patrocinio del abogado penalista Carlos Nayi.
Montenegro remarcó que este juicio "es trascendente y ejemplificador" porque en Argentina "los productores y empresas aplicadoras de plaguicidas tienen piedra libre para dispersar sustancias químicas tóxicas que inexorablemente llegan a personas inocentes".
Agregó que "también es innovador porque por primera vez se enjuicia también a una ingeniera agrónoma", ya que "son los profesionales encargados de hacer recetas fitosanitarias y vigilar las aplicaciones y vienen mostrando tanta irresponsabilidad como los productores y empresas aplicadoras".
Nayi por su parte explicó que la acusación es por "contaminación ambiental dolosa según el Artículo 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051" y que los acusados "deberán afrontar la responsabilidad en caso de ser condenados, con penas que pueden oscilar entre los 10 y 25 años de reclusión o prisión".
Los acusados, precisó FUNAM, son el productor agropecuario, Francisco Parra; dos aeroaplicadores, Edgardo Jorge Pancello y Gustavo Alejandro Peralta Amaya; dos propietarios de la empresa Tecnocampo que aplicó los plaguicidas, Javier Eduardo Amuchastegui y Fernando Ramón, y una ingeniera agrónoma, Alejandra del Carmen Mendizabal Pizarro.
El juicio, sin fecha determinada aún, se llevará a cabo en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba integrada por los vocales Víctor María Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz,y el Fiscal de Cámara Marcelo Altamirano.