El dueño de un ingenio está acusado de arrojar 86 millones de litros de residuos industriales a un cauce de agua que desembocaba en un pueblo de Santiago del Estero. Ayer el juez Guillermo Daniel Molinari elevó la causa a juicio. También está acusado uno de los gerentes de la empresa. Ambos sufrieron un embargo por 200 mil pesos.
En el paraje El Palomar, al oeste de Santiago del Estero, sus pobladores todavía recuerdan las lluvias caídas en diciembre del 2012. Fueron varias tormentas que provocaron el desborde del Canal de Este, un curso de agua abandonado que baja desde Tucumán y, que por esos días, volvió a llenarse hasta rebalsar. El agua llegó al poblado, inundó calles y hasta el patio de la escuela. Los vecinos vieron que no era simple agua de lluvia: tenía color rojizo, era ácida y se escurría rápido en la tierra esponjosa y reseca del oeste santiagueño.
Las crecidas ácidas llegaban desde Tucumán, más precisamente del dique de 6 kilómetros construido ilegalmente por el ingenio La Florida para almacenar vinaza, un desecho industrial peligroso para la salud. Más de 86 millones de ese líquido fueron a parar al poblado cuando los empresarios decidieron abrir el dique para nivelarlo, en temporada de lluvias.
Esta semana el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Daniel Molinari, cerró la instrucción y envió a juicio a Jorge Alberto Rocchia Ferro, titular del grupo Los Balcanes, dueño del ingenio y destilería La Florida. Lo acusa de contaminar el agua, el suelo y el aire en El Palomar, departamento Jiménez. También deberá enfrentar este proceso el gerente de la firma, José Ramón Coronel. Ambos sufrieron un embargo por 200 mil pesos
La instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Pedro Simón, para quién quedó comprobado que a fines de 2012 y principios de 2013, el ingenio tucumano arrojó vinaza pura a un canal de riego interprovincial. “La planta industrial, que también elabora bioetanol, construyó un talud en un campo para depositar la vinaza, cerca del pueblo El Arenal, en la frontera. Cuando se llenó, no tuvieron mejor idea que vaciarlo en un canal pluvial. Pero además el ingenio tenía prohibición judicial en Tucumán para usar estos canales”, contó a Infojus Noticias el fiscal Simón. Rocchia Ferro y Coronel también están acusados de desobediencia judicial porque utilizaron un canal de riego cuando había una orden de la Justicia Federal de Tucumán que impedía esta práctica.
Este juicio comenzó con una denuncia del fiscal de Estado, Raúl Abate; y el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával. “Por suerte sucedió cuando no había clases, no había chicos en la escuela. Nosotros intervenimos de inmediato, pero nos llevó un mes rastrear de dónde venía la vinaza, hasta que llegamos a La Florida”, dijo a Infojus Noticias el defensor Díaz Achával.
El caso generó preocupación por la crisis ambiental y por los posibles riesgos sanitarios en la población de El Palomar. De ambos lados de la frontera provincial, hubo movilizaciones sociales y gestiones políticas para frenar la contaminación de la cuenca de Salí-Dulce. Los pobladores de Río Hondo, la ciudad turística cercana al lugar, amenazaron con cortar rutas y se reavivaron los reclamos ocurridos décadas atrás, cuando otros ingenios contaminaban el Dique Frontal.
En febrero de 2013 el gobierno de Tucumán a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sema), aplicó dos sanciones económicas por 700 mil pesos en contra del ingenio La Florida, y abrió cuatro sumarios administrativos, uno por cada derrame. Además prohibió a los ingenios tucumanos almacenar vinaza en los canales públicos.
“Este no es un caso aislado. Hay una megacausa por la contaminación del Dique Frontal en Termas de Rio Hondo, que involucra a una veintena de empresas tucumanas”, recordó el fiscal. Se refiere al expediente 4006/09, que ahora se instruye en el Juzgado Federal 2 de Tucumán contra 23 industriales tucumanos, por arrojar desechos contaminantes al cauce del Salí-Dulce. La causa tuvo su inició en los tribunales federales de Santiago del Estero, pero una disputa de competencia la envió a la provincia vecina.
Están implicados 14 ingenios, dos empresas concesionarias de servicios públicos, tres frigoríficos, dos citrícolas, una fábrica de papel y una minera. En todos los casos, el Poder Judicial investiga si el vertido de los efluentes que provienen de esas industrias es susceptible de envenenar, adulterar o contaminar el tramo tucumano de un río que nace en Catamarca y Salta, atraviesa Santiago y termina en la provincia de Córdoba.
WC/RA