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La División Trata de la Policía de Salta junto con profesionales de la secretaría de Derechos Humanos de esa provincia rescataron ayer a 5 mujeres-todas mayores de edad-que eran víctimas de explotación sexual. En otro allanamiento detuvieron a la pareja que estaba a cargo del lugar. La pena para los imputados está prevista entre los 5 y 10 años de prisión.

Las mujeres habían llegado a la casa de Moldes 232, en el centro de Salta, para trabajar de masajistas. Las habían convocado a través de avisos en diarios e internet. Cuando llegaban, la propuesta no era lo que pensaban: eran prostituidas por un matrimonio que regenteaba un prostíbulo privado en una casa residencial.

“El delito de trata va mutando todo el tiempo. En este caso era una casa de familia con tres piezas acondicionadas para el ejercicio de la prostitución. Funcionaba de 10 de la mañana a 10 de la noche en horarios camuflados para ocultar el delito”, explicó a Infojus Noticias el Subcomisario Diego Bustos de la División Trata de personas local.

Las víctimas rescatadas tenían entre 18 y 21 años. Cuatro de las mujeres eran de Salta capital mientras que solo una vivía en una zona más alejada, en la localidad de La Merced. A las 22 hs. todas volvían a sus hogares pero, como medió el engaño en la forma de captación, se abordó como un caso de trata.

El rescate se desprende de una investigación de agentes de la Comisaría 5ta de Salta que advirtieron un fuerte movimiento en la vivienda de Moldes 232 por las tardes. “Llegaban autos y se iban a las dos horas todo el tiempo”, dijo Bustos.  A partir de ahí iniciaron una investigación y pudieron dar con la página de internet donde aparecía la dirección del lugar  vinculada a la oferta sexual. En la web también figuraba un teléfono de contacto. Así pudieron individualizar a la propietaria y avanzar en el operativo que se realizó ayer.

María Lamas y su pareja fueron detenidos en la casa donde residían y procesados por el delito de trata de personas que se enmarca en la ley 26.842. El matrimonio vivía en otra casa en Juramento al 2300. Allí, la policía salteña secuestró computadoras y otros soportes tecnológicos con información acerca de los clientes que tenían en carpetas. La causa tramita en el Juzgado Federal 1 de Salta.  La pena para los imputados está prevista entre los 5 y 10 años de prisión.