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El juez correccional de Rosario, Juan Curto, admitió a los diputados provinciales del Movimiento Evita de Santa Fe Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli como querellantes en la causa por la intromisión de funcionarios políticos del gobierno provincial en la investigación del crimen del empresario sospechado de narco Luis Medina, de 43 años.

Los legisladores habían presentado una denuncia penal para que, entre otros aspectos, se investigara el acceso sin orden judicial de dos funcionarios políticos del Ministerio de Gobierno de la provincia a la información de la computadora de Medina. También habían reclamado que se dirimiera la responsabilidad del titular de esa cartera, Rubén Galassi

Al salir de la audiencia, los abogados patrocinantes de los legisladores celebraron la decisión del juez Curto y dijeron que "los diputados decidieron presentarse como querellantes luego de que el fiscal anterior, el doctor (Carlos) Covani, comportándose como defensor en lugar de fiscal, rechazó la investigación de esta causa, sin proponer medida alguna".

"La gravedad del hecho y las circunstancias que lo rodean, sumado a que los delitos que se deben investigar son principalmente contra la administración pública y de justicia, son motivos suficientes para aceptar a los diputados como querellantes", agregó.

El 29 de diciembre de 2013, los policías que llegaron a la escena del crimen encontraron el cuerpo de Luis Medina sentado frente al volante del Citröen DS3. Tenía 20 orificios de bala calibre 9mm. En uno de sus bolsillos tenía dos llaves magnéticas de la habitación 241 del hotel Pullman, del Casino City Center. A unos metros del auto estaba su novia, Justina María Castelli Pérez, de 23 años. La joven, que había recibido tres disparos, murió unos minutos más tarde.

Una brigada de Homicidios se quedó trabajando en la escena y otra partió hacia el hotel. En la habitación, dentro de una caja fuerte había un bolso negro que contenía una computadora portátil Mac Ultrabook y un celular. Los empleados de la sección Pericias Informáticas no consiguieron desbloquearlos y ordenaron trasladarlos a la Dirección de Tecnología Científica de la provincia sin orden judicial. La computadora cayó en manos del secretario de Tecnología de la provincia, Javier Echaniz.

Para los diputados del Movimiento Evita "la intromisión irregular de funcionarios políticos en una investigación tan delicada, y en elementos de prueba que podrían aportar información precisa sobre el narcotráfico, hace que los tres poderes tengan que hacer todo el esfuerzo posible para esclarecer la situación".

"La Cámara de Diputados ya aprobó una comisión investigadora sobre el mismo tema, y hoy el juez nos reconoce la posibilidad de aportar pruebas y solicitar medidas en la causa", dijeron.