En líneas generales, la ley 7775, sigue los lineamientos del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos sexuales aprobado el 3 de julio y que fue promulgado hoy.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta convirtieron en ley el Registro Provincial de Condenados vinculados a delitos contra las personas y contra la integridad sexual el último 25 de junio. Ayer la norma salió publicada en el Boletín Oficial.
El Registro de Salta, que se crea en el marco del Ministerio de Justicia local, busca facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación en materia penal vinculada a delitos contra las personas, y contra la integridad sexual cometidos en la provincia del norte. La información que contiene el Registro es confidencial y sólo podrá ser requerida y enviada por los jueces, tribunales o fiscales, según corresponda, que estén interviniendo en causas penales.
La información que obrará en el Registro estará constituida por el Dato Único de Identificación Genética (DUIG) y los demás datos identificatorios e información establecida por la Autoridad de Aplicación al momento de la reglamentación. El DUIG es el código de registro alfanumérico que permite identificar la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica, recolectada en el marco de un proceso penal.
La ley también crea el Banco de Datos Genéticos, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que realizará los estudios necesarios para la obtención de la identificación genética del análisis del ADN, a excepción de aquellas evidencias que no se encontraren asociadas a personas determinadas. El Banco de Datos Genéticos incluirá ADN no codificante realizado en todo proceso penal vinculado a delitos contra las personas y contra la integridad sexual, en los términos y con las garantías previstas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Salta.
El Banco de Datos preservará información genética de condenados, pero también de víctimas y evidencia que se encuentre en el marco de procesos penales.
A partir de los datos que se registren el Ministerio de Justicia deberá realizar una estadística de los Delitos contra las Personas y contra la Integridad Sexual ocurridos en la provincia de Salta.
Según se desprende del dictamen, la información contenida en el Registro caducará a todos sus efectos después de transcurridos diez años.
El Poder Ejecutivo de Salta deberá reglamentar el Registro dentro de un plazo de 120 días.