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El séptimo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Salta, conocido como causa Ragone II, entró en etapa de alegatos. En este proceso, que empezó a fines del año pasado, se acumularon diez expedientes sobre delitos contra 18 personas. Entre ellas, se investiga el secuestro, la desaparición y el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone. El lapso temporal abarcó hechos entre abril de 1975 y septiembre de 1976, donde cinco personas fueron asesinadas y otras cuatro continúan desaparecidas. Los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila probarán que el plan sistemático de eliminación de personas comenzó a ejecutarse en noviembre de 1974, tras la caída del gobierno justicialista de Ragone. Poco tiempo después, tras ser secuestrado por los militares, se convertiría en el único ex gobernador desaparecido de la República Argentina.

Por su caso, los imputados son los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro, a quienes se los acusa de haber cooperado para liberar la zona en la que el ex gobernador salteño fue secuestrado, y de evitar las acciones investigativas correspondientes. Los ex comisarios habrían garantizado la impunidad y el ocultamiento de los autores del secuestro, desaparición y homicidio de Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento al general Martín Miguel de Güemes, cerca del domicilio del ex mandatario, en la ciudad de Salta. Pero no es el único hecho de relevancia en el juicio.

Según adelantó el fiscal Sivila a Infojus Noticias, hay otros dos casos emblemáticos. “Uno, es el grupo de sindicalistas de la UOM y del gremio vitivinícola de Cafayate, que fueron detenidos el 24 de marzo de 1976. En un operativo especial, los llevaron a una sede del Ejército y luego a una cárcel. Lo novedoso es que muchos de ellos pasaron por un Consejo de Guerra, el único de la región. Se los acusó de tenencia de armas. Algunos fueron absueltos y otros, condenados. Pero a ninguno de ese grupo lo desaparecieron o lo mataron. De un grupo de diez, llegaron vivos al juicio cinco víctimas”, explicó. La fiscalía expondrá los alegatos esta semana mientras que la próxima estará a cargo de las querellas.

El otro caso, dijo, se relaciona con otro operativo donde actuaron distintas fuerzas represivas. René Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, militantes montoneros, fueron asesinados el 20 de abril de 1975, en la ciudad de San Lorenzo. Fue un procedimiento similar al de la matanza, esa misma noche, en Rosario de Lerma, de los militantes Alfredo Mattioli, Ricardo Tapia, Marcos Estopiñán y Liendro Estopiñán. La versión oficial de la Policía fue que se trató de enfrentamientos. “Durante el juicio se probó que fueron ejecuciones sumarias y esos enfrentamientos fueron fraguados. Otra cuestión importante es que a Terán y Díaz Romero los empiezan a perseguir en Jujuy con intervención de la policía jujeña pero los siguen hasta Salta. Allí participan la policía federal y la salteña en un operativo conjunto para eliminarlos”, dijo Sivila.

Tras los alegatos, los jueces Federico Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y María Alejandra Cataldi escucharán las últimas palabras de los seis represores imputados. Además de Saravia, Guaymás y Liendro, aparece Joaquín Guil, ex hombre fuerte de la Policía de Salta. Guil ya fue condenado por Ragone, y carga otras condenas por delitos de lesa humanidad, pero está en prisión domiciliaria, por decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Los otros dos acusados son los ex militares Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, que fueron jefes de la Policía de Salta. Entre otros delitos, a Gentil se le imputan cuatro homicidios agravados, y a Mendíaz, tres. Ambos siguieron la audiencia por videoconferencia, el primero desde Buenos Aires y el segundo desde Rosario. Ninguno accedió a hablar hasta el momento.

Antes, durante y después del golpe

En este proceso se acumularon diez expedientes sobre delitos en perjuicio de 18 personas. Entre los delitos anteriores al golpe se cuenta el caso del sindicalista y militante del peronismo revolucionario Rubén Yáñez Velarde, secuestrado el 8 de noviembre de 1975, y cuyos restos fueron identificados en el cementerio de Yala, Jujuy, en 2012, poco después de que sus compañeros en el Sindicato de Luz y Fuerza comenzaran a recuperar su memoria y a impulsar la investigación de este hecho.

Yáñez fue secuestrado cuando iba a comprar un boleto de tómbola, estuvo desaparecido hasta que su cuerpo apareció en el camino de cornisa que une a Salta con Jujuy, y luego fue enterrado como anónimo en el cementerio de Yala.

Otro caso importante es el de Carlos César “Topo Gigio” Martínez, secuestrado el 18 de marzo del 76 y cuyos restos, sometidos a una explosión, fueron encontrados en El Gallinato, paraje que fue usado por la represión como campo de exterminio. Este hecho, por el que están imputados Gentil y Guil, fue el primero que se tratará en este proceso.

También se juzgaron las detenciones ilegales y tormentos sufridos por Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Hugo Maza, Alfinio Elido Oroño, Lucrecia Barquet y Ricardo Falú. Y tratarán las desapariciones de tres miembros de la familia Gómez - Colqui: Rolando Gómez, su sobrino Alfredo Colqui y la madre de éste y hermana de Rolando, Lidia Telésfora Gómez.

Los ausentes

Quedaron pendientes los casos de Graciela Beatriz Juárez y Gerardo David Giménez Bravo, desaparecidos desde 1976. Pero no fue posible debido a la muerte del único acusado por estos hechos, Carlos Alberto Mulhall, quien fue jefe del Ejército en Salta y falleció el 21 de noviembre.

Graciela cursaba 3° año en el Colegio Comercial N° 2 y alfabetizaba adultos; fue secuestrada al salir de clases, en agosto de 1976. Al día siguiente su casa fue allanada por el Ejército y su madre fue detenida. En el expediente consta que, señalando una fotografía de Graciela, el oficial a cargo les dijo a los soldados que lo acompañaban: “Ven, ésta es una montonera enemiga de la patria”. Gerardo fue secuestrado por un grupo de cinco o seis hombres, algunos de civil, otros uniformados, el 9 de octubre, a la madrugada, desde su casa.

Militantes de organismos también lamentaron que en otras causas se esté llegando a los juicios tras el fallecimiento de sus denunciantes. Es el caso de la histórica dirigente de derechos humanos Lucrecia Barquet, del ex juez de Corte Ricardo Munir Falú y del sindicalista del vino Pedro Salomón.

JMM/RA